El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha comparecido este lunes ante las Juntas Generales de Gipuzkoa para dar a conocer la propuesta fiscal que busca paliar la actual problemática para hacerse con una vivienda en Euskadi. Según señalaron el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, y el director de Planificación y Procesos Operativos, Mario Yoldi, es necesario que en Gipuzkoa, al igual que en Bizkaia y Araba, se equipare la fiscalidad que favorece el alquiler con el de la compra.
En la actualidad, el sistema vasco premia la adquisición en propiedad frente al resto de modalidades. Como segunda idea de su intervención, los responsables del departamento señalaron que contener el precio del mercado inmobiliario no es posible sin una política fiscal en consonancia con ese objetivo.
Tanto Jáuregui como Yoldi, que participaron en la ponencia de la reforma fiscal de las Juntas Generales de Gipuzkoa, desgranaron las medidas de tipo fiscal de la propuesta elaborada por su Departamento, un documento que ha sido presentado en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). Ambos coincidieron en señalar que la fiscalidad es una herramienta fundamental para mantener la política de vivienda, aunque esta debe ir acompañada en todo momento con acciones concretas.
Asimismo, desde el Departamento del Gobierno Vasco dirigido por el grupo socialista señalaron la necesidad de equilibrar la fiscalidad de compra y de alquiler, ya que en la actualidad se beneficia mucho más la adquisición de viviendas en la CAV. Sobre este asunto, Jauregui y Yoldi recordaron que el alquiler supera, de media, el 30% de los ingresos económicos de las familias y que ocho de cada diez personas que se encuentran inscritas en Etxebide optan por el alquiler. “Se trata de la única vía posible para las personas con menos recursos y para que los jóvenes puedan emanciparse. La política fiscal debe tener eso en cuenta”, aseguró el viceconsejero.
Del mismo modo, Yoldi abogó por una colaboración institucional “reversible”, en la que el Gobierno Vasco y las Diputaciones compartan entre ellas la información con el objetivo de reducir el problema de la vivienda en todos los territorios. “Nos gustaría mucho acceder a la información fiscal, porque es clave para la gestión de las políticas de la administración”, señaló Yoldi, que reclamó “recibir el mismo cariño que damos”, en referencia a la “abundante” información sobre vivienda que su departamento pone a disposición del resto de administraciones.
“Necesitamos una fiscalidad coherente con las políticas públicas y que esté centrada principalmente en el mercado del alquiler, por lo que tenga una clara mirada social”, añadió Yoldi, antes de detallar las principales modificaciones que han sido recogidas en la reforma.
Varias propuestas
Entre las propuestas se encuentran varias que tienen puesto el foco en los arrendadores, a los que se les busca incentivar para que no eleven los precios de los alquileres. De este modo, por ejemplo, se contemplan bonificaciones para aquellas personas que reduzcan en un 5% el pago del alquiler en zonas tensionadas.
La nueva reforma también contempla que se recojan los ingresos de los arrendadores, lo que permitiría contemplar las rentas con el mismo tratamiento que los sueldos de cara a bonificaciones y ayudas.
En lo referentes a los arrendatarios, se incluye una deducción del pago de los alquileres en modo reembolsable y que iría dirigida a aquellas personas para las que el alquiler suponga un alto porcentaje de sus ingresos, pero que se encuentran fuera de las actuales ayudas.
Entre el resto de propuestas presentadas también se halla la creación de incentivos fiscales a las obras de rehabilitación e imitar la política del Gobierno italiano del superbono, un paquete de incentivos fiscales que busca mejorar el parque energético de las ciudades y crear viviendas más accesibles.
Preguntas de los grupos junteros
Durante el turno de preguntas, los junteros trasladaron sus principales cuestiones en torno a la reforma fiscal, al tiempo que solicitaron acceder al documento con todas las propuestas para hacer una valoración más exhaustiva de las mismas.
La portavoz del Grupo Juntero Elkarrekin Gipuzkoa, Miren Echeveste, puso el foco en las deducciones reembolsables y solicitó que estas fuesen compartidas por las tres Diputaciones de la CAV para que sean realmente efectivas; mientras que Mikel Lezama, del PP, se interesó por la posibilidad de incluir deducciones en caso de que una persona menor de 35 años herede una vivienda.
Desde el PSE se abogó porque los Ayuntamientos actúen con celeridad de cara a solicitar la declaración de zonas tensionadas; y desde EH Bildu se señaló la necesidad de actuar principalmente entre las rentas medias.
El PNV, por último, indicó que la reforma fiscal debería servir como guía para las políticas de vivienda de los próximos años, pero jamás debería ser la única herramienta a utilizar.
