Piden 8 años para una acusada de estafar a una pareja que quedó al borde del desahucio

Estaba previsto que el juicio por estos hechos comenzara este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, si bien la cita ha tenido que ser suspendida por la incomparecencia de la inculpada, quien ha alegado motivos de salud para no presentarse.

No obstante, según han informado a EFE fuentes del caso, el tribunal ha convocado mañana una nueva sesión para que la procesada acredite debidamente sus problemas médicos, ya que de lo contrario podría llegar incluso a ser ingresada en prisión provisional a la espera de juicio.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la acusada se habría aprovechado de que las víctimas "carecen de las aptitudes necesarias para una adecuada comprensión de actos administrativos y jurídicos" de una "mínima complejidad" con el fin de que hipotecaran sus bienes y quedarse el dinero de los préstamos, así como con el caserío familiar de Altzo, en una estafa que alcanzaría una suma total superior a los 730.000 euros.

De esta manera, la inculpada supuestamente les "embaucó" para que, en tan sólo seis meses, entre abril y octubre de 2007, solicitaran hasta seis préstamos hipotecarios a diferentes prestamistas tanto sobre este inmueble, propiedad del marido, como sobre un segundo caserío, heredado por la mujer en Astigarraga, y del que la familia estuvo a punto de ser desahuciada.

Nunca devolvió nada

El Ministerio Público aclara que la procesada habría actuado con la intención de "quedarse para sí el dinero recibido" por los préstamos y diciendo a sus víctimas que se lo devolvería "con ganancias", mientras ella se enriquecía "ilícitamente" ya que nunca les devolvió "nada".

"Las diversas operaciones de crédito -aclara el documento- se realizaron en condiciones muy perjudiciales en cuanto a los plazos de devolución y por importes muy superiores a su disposición de liquidez", con el fin de situarlos en "una situación de fragilidad tal que determinase quedar a merced de los acreedores y, en última instancia, de lo que la acusada les indicase".

La Fiscalía explica que la mujer llevó a sus víctimas "a un nivel de endeudamiento" al "límite de la insolvencia", mientras "en paralelo" se reducía el valor de sus bienes, gravados por las hipotecas.

Después, "valiéndose de la situación de debilidad económica en la que los había situado", presuntamente les "exigió la entrega" de los ingresos que percibían por su trabajo, así como "la transmisión de los inmuebles que no habían sido gravados".

En una de las operaciones, el 31 de octubre de 2007, los damnificados vendieron a la inculpada una parte del caserío de Altzo por un importe de 190.000 euros -a pesar de que la finca estaba tasada en 321.052 euros-, en la creencia de que "finalmente" el inmueble iba a ser inscrito "en favor de sus hijos" pequeños y que la cantidad entregada sería invertida "para obtener ganancias" para el matrimonio.

Se ordenó su desahucio

Tres años más tarde, el 18 de noviembre de 2010, se ordenó el desahucio de la familia, incluidos los dos niños de 9 y 8 años, del caserío de Astigarraga en el que estaban residiendo, "debido a la ejecución judicial de las deudas" contraídas y que "determinaron la insolvencia final" de las víctimas, si bien finalmente el lanzamiento no pudo "llevarse a efecto" porque en la vivienda también residían otros dos familiares con derecho a habitación en el domicilio.

El escrito de la Fiscalía concreta que, desde entonces, los perjudicados "subsisten gracias a las prestaciones públicas y ayudas sociales", dado que no han recuperado "nada del patrimonio enajenado a consecuencia de la acción de la acusada".

En este mismo procedimiento, la presunta estafadora está acusada de engañar a otra mujer a la que supuestamente hizo creer que era "detective de investigación en inversiones" para ayudarla a recuperar un dinero que la víctima había invertido en un fondo de inversión de una agencia financiera con la que tenía un "problema".

Operaciones secretas

Para ello, entre 2010 y 2012, presuntamente pidió a la damnificada un total de 291.720 euros que ésta le fue entregando "bien en mano o bien en transferencias" a cuentas de la hermana y de la hija de la acusada, quien la convencía de que "eran operaciones secretas" con la que pretendía "solucionar el problema".

Sin embargo, según la Fiscalía, la procesada "no realizó ninguna gestión sobre el fondo de inversión" y supuestamente "se quedó para sí" todo el dinero "enriqueciéndose ilícitamente".

El documento precisa además que, de forma paralela, la supuesta estafadora le pidió a la perjudicada su tarjeta de crédito y la clave, "reiterándole que todo era secreto" por lo que "no podía decir nada", para luego presuntamente sacar de la cuenta bancaria de la mujer un total de 7.500 euros.

El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa agravada por el que reclama ocho años de cárcel para la acusada y distintas compensaciones económicas para las víctimas, entre otras penas accesorias, mientras que la acusación particular eleva su petición de condena hasta los catorce años de reclusión.