Mikel Zabalza y Mikel Arregi, reconocimiento sin verdad ni justicia

Extrema derecha

Por primera vez Navarra reconoce, con nombres y apellidos, que el Estado, las fuerzas policiales y los grupos de extrema derecha cometieron actos violentos ilegítimos. Lo ha hecho en una nota fría y anónima, justificada por la protección de datos pero impropia para un hecho tan relevante como este. Y que deberá completarse con un acto público e institucional que sirva para resarcir, en parte, la memoria de las víctimas.

De momento son 12 las personas a las que se otorga el reconocimiento. Entre ellas dos especialmente relevantes. Mikel Zabalza, asesinado por la Guardia Civil cuando lo torturaba en el Intxaurrondo en 1985. Y Mikel Arregi, acribillado a balazos también por la Guardia Civil cuando volvía a casa en coche con unos amigos en 1979. Sus familias han celebrado esta semana el reconocimiento, que no obstante consideran insuficiente. Cuatro décadas después ambas muertes siguen impunes.

Junto a ellos, esta primera lista de reconocimientos incluye a tres personas heridas de bala durante la carga policial en los San Fermín 1978. Otra que perdió un ojo de un pelotazo tras una manifestación; cuatro personas que han sufrido torturas durante su detención, y dos personas que resultaron heridas en atentados reivindicados por grupos de extrema derecha.

La Comisión de Reparación ha resuelto los primeros expedientes prácticamente un año después de que se presentaran y quedan todavía una veintena por resolver. Algunos son claros y es previsible que se resuelvan a favor, como Ángel Berrueta. Hay otros más conflictivos, como los de Naparra o Mikel Castillo. Será la Comisión quien decida si merecen o no la condición de víctimas de la violencia, como el resto de casos pendientes. Y lo hará desde un punto de vista técnico, profesional y en el marco de la legislación vigente.

Un largo camino

No ha sido fácil llegar hasta aquí. Durante años las instituciones ignoraron, cuando no directamente negaron, la realidad de una violencia de Estado. La ley de reconocimiento aprobada por el Parlamento de Navarra en 2015 acabó en el Constitucional. El PP presentó un recurso para evitar cualquier mínima reparación, y los jueces le acabaron dando la razón, generando un limbo jurídico en el que Navarra podía reconocer a las víctimas pero no de forma personalizada.

Corrección

La ley de 2019 vino a corregir los reparos que había puesto el Constitucional. La Comisión de Reparación podría verificar los casos, pero solo desde el punto de vista administrativo. Nada que pueda derivar en responsabilidades o en un proceso penal. 40 años después, esa puerta sigue cerrada.

Acto de homenaje a Mikel Zabalza. Unai Beroiz

Durante todos estos años la realidad de estas otras víctimas ha sido perversa. No hay una verdad judicial porque no se ha investigado. Los archivos oficiales siguen siendo secretos y los responsables han sido promocionados hasta lograr una jubilación dorada. Sin verdad no hay víctimas y sin justicia no hay victimarios.

Una realidad que sigue vigente a día de hoy, y que emplaza directamente al Gobierno de España. Si Zabalza, como Arregi, es una víctima oficial, nada debe impedir esclarecer todo lo que sea necesario para levantar el manto de impunidad que cubre todavía todos estos casos. No puede haber argumentos para seguir protegiendo a sus responsables.

Está bien exigir a EH Bildu que reconozca que ETA fue una organización terrorista. Que pida perdón y que asuma que la violencia de ETA no solo no se debió producir, sino que tampoco debió haber tenido respaldo político. Pero eso requiere también, por simple coherencia, dejar de negar sucesos tan evidentes como los de Zabalza y Arregi.

Ese también es un paso que sigue pendiente, y que compete a los partidos que hoy están al frente del Gobierno de España. Y que pasa por garantizar la verdad, la justicia, la memoria y la reparación para todas las víctimas. Sin equiparación ni justificaciones. Pero también sin distinciones. l