Se trata de un informe pericial “vital” a efectos de prueba. Es la valoración que determina, por un lado, las características del presunto agresor. Es decir, si presenta comportamientos de control o de celos. En el caso de la denunciante, valora su afectación emocional y psicológica. Un informe determinante que en Gipuzkoa acumula un retraso de 18 meses, debido a la falta de personal en la Unidad de Valoración Forense Integral, dependiente del Instituto de Medicina Legal.
Este órgano de carácter pericial es el encargado de asesorar a las autoridades judiciales, que deben aguardar año y medio desde que solicitan el informe hasta que lo tienen en su despacho. “Ahora mismo no hay personal, y el retraso es excesivo”, reconoce Ane Fadrique Blanco, jueza del juzgado de instrucción número 4 de Irun.
La abogada Isabel Martín ha recibido esta misma semana un informe de la Unidad de Valoración solicitado en octubre de 2022. “Se trata de una agresión sexual, y durante este tiempo he tenido que enviar diferentes escritos reclamando el informe”, detalla la letrada. Ambas lamentan que esa falta de personal acaba retrasando toda la instrucción de la causa.
Tanto para víctimas como para victimarios ese largo compás de espera se convierte en un problema añadido. “Sobre todo para ellas, porque siempre piensan que se les está cuestionando”, señalan estas profesionales. Pese a los retrasos, resaltan que funciona la maquinaria judicial, un mensaje que quieren trasladar para evitar que ni una sola víctima piense que no merece la pena denunciar.
Profesionales "cada vez más formados"
“Se ha avanzado muchísimo. Hay un montón de medios. Los profesionales están cada vez más sensibilizados y formados para dar la mayor protección”, subrayan ambas. La jueza destaca la “buena coordinación” de todos los agentes que intervienen en un procedimiento judicial en materia de violencia sobre la mujer. La comisaría de la Ertzaintza, los servicios sociales, tanto del Ayuntamiento de Irun como de Hondarria, y el centro médico. “Hacemos reuniones periódicas”, explica la jueza.
A nivel territorial, la comisión de violencia de género se reúne todos los meses en la Audiencia Provincial, con la participación, entre otros, de los departamentos de Educación y Salud del Gobierno Vasco, el Colegio de abogados de Gipuzkoa y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sobre la mesa, suele estar presente la necesidad de contar con más recursos. “La ley es garantista con la víctima. Cada vez avanzamos más en materia de violencia sobre la mujer, pero eso tiene que venir acompañado de una dotación económica y presupuestaria”, defiende la magistrada.
