Huelga decir que las cifras de este año se han reducido de forma notable en los tres territorios de la CAV, pero el porcentaje de vertidos anómalos o no autorizados detectados en los hábitats fluviales o ríos de Gipuzkoa siguen suponiendo bastantes más de la mitad de todos los detectados en Euskadi, aunque curiosamente no son sus ríos y regatas los que peor estado de conservación presentan en líneas generales. De los 881 vertidos no autorizados y considerados anómalos que se han detectado desde enero de 2018 hasta octubre de 2023, más del 56% se han originado en Gipuzkoa. 

Los datos los acaba de dar a conocer la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en una respuesta a la pregunta realizada en la cámara vasca por la parlamentaria del PP Muriel Larrea, quien también solicitó a la responsable del Gobierno Vasco que explique las funciones que cumple la Agencia Vasca del Agua, URA, en el control de estos vertidos y qué medidas correctoras y sanciones se han puesto en este periodo. 

Según explica la consejera, la mayoría de los vertidos que se producen dentro de los hábitats fluviales de Euskadi son vertidos controlados y autorizados por la Administración y han de cumplir una serie de requisitos exigentes para garantizar la “consecución de los objetivos medioambientales establecidos”, pero no todos, por desgracia. 

Tres de las 36 masas de agua subterránea de la CAV no ofrecen un buen estado: ninguna está en Gipuzkoa

De acuerdo con el último censo de fecha 31 de diciembre de 2022, hay en la CAV un total de 1.691 vertidos autorizados, los cuales tienen unos planes de control y seguimiento para garantizar que los mismos son compatibles con el buen estado de las masas de agua receptoras: hay que determinar muy bien qué se va a verter, exactamente dónde o si existen instalaciones de depuración y evacuación suficientes para cumplir la normativa sobre la calidad del medio receptor, es decir, si el río o regata puede digerir ese vertido sin que afecte de forma notable a su fauna, flora y valor ecológico. 

Pero lo malo es que además de esos vertidos autorizados y controlados, en estos casi seis años, se han detectado otros 881 vertidos anómalos o no autorizados. Algunos son totalmente fortuitos, consecuencia de accidentes de tráfico o ferroviarios incluso. Su casuística es variada y no todos acarrean sanción económica.

Según explica Arantxa Tapia, en el caso de vertidos anómalos, URA dispone de un servicio de inspección, coordinado con SOS DEIAK, 365 días al año, 24 horas al día. En el momento en que se identifica algún vertido (a menudo por denuncias de terceros) que pueda afectar anómalo que pueda tener un impacto en la calidad del medio receptor, “se actúa en primer lugar para minimizar el efecto de dicho vertido y la limpieza de la zona, y se inicia la investigación de las causas que han provocado el vertido, pudiendo acarrear, “cuando procede, apertura del correspondiente expediente sancionador”.

El peor de todos estos años fue 2022, cuando se detectaron 182 casos no autorizados en Euskadi y 110 de ellos en Gipuzkoa. Según añade la consejera, “en un 70% de los vertidos investigados en los que se ha detectado algún impacto derivado, se determina el causante del mismo”.

Como nota positiva, cabe destacar también que en los 10 primeros meses de 2023, el número de vertidos anómalos se ha reducido a 67 en todo Euskadi y 41 en Gipuzkoa. Son muchos menos que los registrados en los años previos, pero la desproporción de los casos sigue siendo notable y arroja un balance inquietante que señala a Gipuzkoa. 

En el 32% de los casos se trata de un vertido industrial y en otro 20,6% el origen es desconocido

De esos 494 vertidos detectados e investigados por URA en nuestro territorio, el 32% son vertidos industriales, un total de 158; y otro 20,6% (102) simplemente se detectaron en nuestros ríos o regatas, pero fue imposible determinar su origen, que se considera desconocido; 66 fueron vertidos provenientes de la propia red de saneamiento, 59 de obras, 41 de vertidos provenientes de la red de pluviales, 29 de carácter agropecuario, 23 de accidentes de coche y ferroviarios, 9 de lixiviados, y 7 de residuos de la extinción de incendios.

Como media, en un 70% de los vertidos investigados en los que se ha detectado algún impacto derivado, se identifica el causante del mismo y, con toda la información recopilada se procede, en su caso, a la apertura del correspondiente expediente sancionador. 

289 expedientes sancionadores

El número de expedientes sancionadores tramitados en todo este tiempo, según URA, ha sido de 289 en todo Euskadi y 112 en Gipuzkoa. 

Tapia también ha explicado que URA realiza el seguimiento y control de las aguas subterráneas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que tres de las 36 masas de agua subterránea de la CAV no alcanzan el buen estado químico (‘Aluvial de Vitoria’ y ‘Aluvial de Miranda de Ebro’ por nitratos de origen agrario; y ‘Gernika’ por compuestos orgánicos volátiles de origen industrial). 

Por otra parte, Tapia remite al informe realizado por URA sobre la situación de los ríos y regatas de Gipuzkoa. Este documento recoge en sus conclusiones a nivel global, en el período 2018-2022, el 56% de los ríos de Euskadi alcanzan un estado/potencial ecológico bueno o mejor con cierta estabilidad temporal (entre 44% en 2020 y 55% en 2018) y sin que los resultados entre ámbitos difieran claramente. 

Entre las masas mejor valoradas figuran algunos puntos de los ríos Urola (A), Urumea (II), Leizaran (2) y Landarbaso.

Por otra parte, un 7% de las masas presentan un estado ecológico deficiente o malo y están lejos de alcanzar su objetivo ambiental. Entre ellas, se hallan en nuestro territorio la regata de Jaizubia (A), sendos tramos del Urumea (III) y del Oria (III) y especialmente la cuenca de Saturraran, en Mutriku. 

En el caso de la cuenca de Saturraran, así como en la vizcaina del Nervión, la “contaminación originada por las aguas residuales urbanas sigue siendo un problema relevante”, por lo que se considera que es “necesario seguir trabajando en la renovación y mejora de sistemas de depuración existentes, reducir el número de vertidos no conectados a las redes de saneamiento y reducir el efecto de los desbordamientos de los sistemas de saneamiento”. l