No hay como vivir en primera persona una experiencia penitenciaria para ponerse en la piel de la población reclusa. Es, quizá, el mejor modo de adentrarse en su intrincado mundo interior. “Cuando salí de Martu, lo hice con una mano delante y otra detrás. Pedí ayuda a la pastoral, a Salhaketa, solo sabía que no quería volver a entrar”. Jose Mari Larrañaga es de esas personas que conocen a la perfección el mundo de la prisión. Ha tenido ocasión de asomarse a ambos lados de las rejas. Fue un preso social en los 90, y preside actualmente la Asociación Arrats, entidad volcada en la atención a personas en riesgo de exclusión, cuya labor será reconocida el lunes en un acto organizado por el Gobierno Vasco.
“Amaia Lasheras entraba en la cárcel como asesora del comité Antisida. Yo, que cumplía condena, apoyaba a un interno africano que había enfermado. En aquel contexto, eran muchas las necesidades, yo mismo venía de ellas. A partir de ahí fue cómo poco a poco fuimos creando recursos que no existían: el asesoramiento jurídico a reclusos, o los programas de apoyo familiar”, enumera Larrañaga.
El galardón que esta entidad recibe el lunes fue instaurado por el Instituto Vasco de Criminología (IVAC) hace tres años en recuerdo de su compañero Francisco Javier Gómez Elósegui, profesor del Instituto y psicólogo en la cárcel de Martutene, asesinado por ETA el 11 de marzo de 1997. “Yo mismo le conocí cuando cumplía condena”, reconoce Larrañaga. Fue en las postrimerías de los 90 cuando se empezó a gestar la asociación cuya labor es ahora reconocida, con el premio Gómez Elósegui a las buenas prácticas penitenciarias. Tendrá lugar el lunes en Tabakalera, en el primer Mandela Eguna organizado por el Gobierno Vasco, y al que asistirá el lehendakari Iñigo Urkullu.
Larrañaga tenía 20 años cuando ingresó por primera vez en prisión. La segunda condena le llevó a la cárcel tres años después. “Tenía muchas causas pendientes. Vivía enganchado a la droga y mi vida consistía en robar”. Una suma de delitos de poca entidad que, como él dice, le habían llevado a mentalizarse de que iba a pasar un largo periodo en prisión. “Eran tiempos convulsos en los que internaron a los primeros insumisos. Había droga en la cárcel, y los presos sociales comenzamos a mantener reuniones para plantear nuestras demandas”, recuerda.
La salida de prisión
Hasta que un día, en medio de aquel agitado contexto social, se le acercó un funcionario: "Eres libre". Tras un año y medio de condena, salía por fin de la cárcel. A partir de ese momento trató de hacer todo lo posible para no volver. Una nueva vida que iniciaba "con una mano delante y otra detrás”, pero en la que se valió de sus conocimientos de albañilería para repartir currículums por buena parte de la geografía, hasta que encontró un empleo.
“Es lo mismo que ocurre ahora, la búsqueda de alternativas al ingreso en prisión a través de abogados y de trabajadores sociales. Es un proceso complicado porque hay que encontrar una vivienda y un trabajo, y en tu currículum hay un paréntesis que puede ser de varios años. La diferencia es que yo tuve que hacer todo por mi cuenta, y ahora existe un soporte”, narra Larrañaga.
Arrats es, quizá, el mejor exponente de ello. El jurado ha reconocido de la entidad el "empeño en la dignificación de las condiciones de vida de las personas presas". La asociación nació a finales de los 90, y desde aquellos primeros compases de la mano de Jose y Amaia, no ha dejado de crecer hasta convertirse 25 años después en una organización con 79 personas en plantilla. “Hay cada vez más trabajo, es lo que tiene atender a personas en exclusión”, dice Larrañaga en relación al amplio abanico de necesidades que es preciso cubrir -sanitarias, sociales, económicas o jurídicas-, lo que les ha llevado a asumir la gestión numerosos recursos, de la mano de instituciones como la Diputación y el Ayuntamiento de Donostia.
“Las necesidades actuales siguen siendo las mismas que las de mi época. Lo que ha cambiado es el perfil de los reclusos. Antes había heroinómanos y atracadores. Ahora hay muchos condenados por delitos de violencia de género e impago de multas”, detalla. También es significativa en prisión la presencia del colectivo magrebí. “A muchos de ellos les ocurre lo que de alguna manera me pasaba a mí. Cuando no hay expectativa de futuro -reflexiona- es como que te dices que al menos en la cárcel hay un techo y comida”.
El respaldo institucional a la asociación llega también en mitad de un compás de espera. Las previsiones que trasladan desde el Ministerio del Interior es que la obra de la cárcel de Zubieta esté finalizada para primavera de 2024, y que el traslado de presos se lleve a cabo antes de que finalice el año. Uno de los principales retos es mantener en el día a día el contacto cercano que existe actualmente en Martutene. "Estamos a la expectativa, a ver cómo se plantea".
Entretanto, no es casualidad que se haya abierto en Lasarte-Oria el primer centro de día para reclusos, un lugar próximo al emplazamiento de la futura cárcel de Zubieta, donde “puedan encauzar su futura libertad” a través de talleres de formación y asesoramiento con diferentes profesionales. “Gipuzkoa necesitaba un lugar de referencia para los presos que salen. Tratamos de hacerles la conexión entre la cárcel y la reintegración en la sociedad”, explican desde la asociación, encargada de la gestión del centro Irteerak.
Dos años de la competencia de Prisiones
Este recurso está financiado por el Gobierno Vasco. El lunes se cumplen precisamente dos años desde que comenzó a gestionar la competencia de Prisiones, un traspaso que cerraba décadas de tensiones y disputas. La transferencia ha supuesto un hito para el cumplimiento del Estatuto de Gernika, lo que va posibilitando el desarrollo de un nuevo modelo penitenciario vasco que día a día va tomando forma. “Falta recorrido, pero se están dando pasos. El Gobierno Vasco siempre nos ha tenido en cuenta a la hora de plantear los recursos necesarios. Ha habido mucha cercanía. Venimos de un trayectoria en la que siempre hemos defendido otro modelo penitenciario, y cuando se materializó la transferencia, de alguna manera, ya había un trabajo hecho”, explica Larrañaga. Siente el galardón como “un reconocimiento a esa otra manera de trabajar en el ambito penitenciario”.
La asociación defiende una vía que “no sea el castigo por el castigo. Cometer un delito tiene unas consecuencias, pero hay maneras de pagar por ello. Debe hacerse de manera que sea útil”, indica el presidente de Arrats. Su apuesta parece alinearse con el modelo de trabajo que defiende el Ejecutivo vasco.
El Servicio de Justicia Restaurativa del Gobierno Vasco recibe unos 1.400 casos al año, de los cuales la mitad termina con procesos restaurativos. "Todas las personas debemos de tener derecho a segundas oportunidades", defiende la consejería de Igualdad, Justicia y Política Sociales del Gobierno Vasco. Se está haciendo una apuesta por "procesos dirigidos a la reparación de las consecuencias del delito”, en los que se aborda el daño y su reparación con participación de todas las partes afectadas: víctima, victimario y comunidad.
La Estrategia de Justicia Restaurativa para los años 2022-2025 promueve que existan programas de justicia restaurativa para todas las personas víctimas y victimarias que quieran usarlos, con independencia del ilícito y de la situación procesal. E incluso, durante la ejecución de la pena.
