El sindicato CC.OO. Euskadi ha asegurado que el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso debe servir para garantizar la atención en euskera en la Administración General de Estado en Euskadi, en la que sigue percibiendo un "serio déficit", y ha traslado a la Delegación del Gobierno en Euskadi la necesidad de que en la mesa sectorial estatal se aborde la existencia de un sistema permanente de liberaciones remuneradas para el aprendizaje y perfeccionamiento del euskera.
Según ha informado en un comunicado, la central sindical considera que la posibilidad de uso de las lenguas cooficiales como son el euskera, el gallego y el catalán en las intervenciones que se lleven a cabo en el Congreso de los Diputados es una medida de "gran importancia" que contribuye a poner en valor la pluralidad lingüística y la plurinacionalidad del Estado.
No obstante, ha alertado de que en el ámbito de la atención a la ciudadanía en los órganos e instituciones dependientes de la Administración General del Estado en Euskadi, CCOO sigue percibiendo un "serio déficit", puesto que esa atención no está garantizada en euskera para la ciudadanía que así lo solicita.
Según ha indicado se trata de algo que ha quedado constatado en reiterados informes del Consejo de Europa sobre el cumplimiento de la Carta europea de las lenguas minoritarias y hasta en informes del Consejo de las Lenguas cooficiales en la Administración General del Estado.
CCOO entiende que es momento también de dar pasos para revertir esta situación y dar una solución acorde con la pluralidad lingüística existente en Euskadi, tal y como el sindicato ha defendido también a través de las aportes de la central a la política lingüística del Gobierno vasco.
En ese sentido, ha traslado a la Delegación del Gobierno en Euskadi la necesidad de que en la mesa sectorial estatal se aborde la existencia de un sistema permanente de liberaciones remuneradas para el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua vasca.
Respetar los derechos lingüísticos
A juicio del sindicato, también la Administración General del Estado tiene que plantearse "respetar por fin los derechos lingüísticos de la ciudadanía", conforme a lo mandatado desde hace 40 años en la incumplida Disposición adicional Tercera de la Ley 10/1982 del Euskera.
Tanto en la Administración General del Estado (AGE) como en el resto de administraciones vascas e incluso en las subcontratas que trabajan para ellas, es necesario abordar planes de aprendizaje del euskera, dedicando "recursos suficientes" para que no recaigan sobre los trabajadores los costes.
En esa medida, han defendido la necesidad de "apostar por una política lingüística inclusiva en la que nadie se quede atrás en el proceso, tal y como lamentablemente está pasando en otras administraciones".
