Un total de 3.108 familias han solicitado en Gipuzkoa el reconocimiento del derecho subjetivo a una vivienda, una medida que entró en vigor en Euskadi en 2015 con carácter pionero en el Estado y que constituye un hito importante en materia de derechos sociales. La ley, que nació para responder a la urgencia de quienes carecen de recursos económicos, se está encontrando sin embargo con el problema de un parque público que se revela "insuficiente" a la hora de responder adecuadamente a la demanda.
Así lo ha reconocido este jueves en Donostia el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi, quien ha intervenido en una mesa redonda organizada por el Ararteko en el marco de los Cursos de Verano de la UPV-EHU, un encuentro en el que se ha reflexionado sobre la intervención de los poderes públicos de Euskadi frente a situaciones de emergencia habitacional.
Euskadi es la única comunidad del Estado, junto a la posterior adhesión de Navarra, que reconoce el derecho subjetivo a una vivienda. “No se trata de ninguna broma, adjudicamos cada año más de 3.000 y actualmente son 8.200 hogares los que tienen reconocido ese derecho”, según ha expuesto el director de planificación. Hay más cifras que permiten conocer la verdadera trastienda del problema. Son un total de 2.500 familias las que han podido acceder a una vivienda del parque público mientras que el resto se ha tenido que conformar con recibir una prestación económica para tratar de acceder a un arrendamiento fuera del mercado protegido “porque no tenemos más”.
La política de alquiler no despegó en Euskadi hasta 2001, siguiendo la estela del modelo de Viena, capital austríaca que lleva más de un siglo trabajando en ese sentido. Un ejemplo que permite advertir la ventaja en esta materia de muchos países europeos. En la CAV actualmente todo el esfuerzo de la administración pública se concentra en promover el alquiler, a pesar que hay -según ha desvelado Yoldi- 18.000 unidades convivenciales que demandan la opción de compra de un piso de VPO.
26.000 viviendas de alquiler
Existe un parque público de alquiler de 26.000 viviendas, de las cuales 16.000 son propiedad del Gobierno Vasco a través de la gestión de Alokabide. “Son familias con unos ingresos por debajo de 13.000 euros, que pagan una renta que nunca supera el 30% de los ingresos. Es decir, entre nuestros clientes del parque público tenemos mucha gente en paro e inmigrantes”, detalla el director.
Euskadi cuenta actualmente con un total de 75.000 VPO que tienen la calificación de permanente desde el año 2003. Uno de los aspectos más relevantes a la hora de entender la actual situación marcada por la escasez del parque público son las “decenas de miles de viviendas de protección que se nos han ido”, tal y como reconoce el propio Gobierno Vasco, en relación a promociones que fueron promovidas por iniciativa privada. “Durante estos años hemos hablado largo y tendido sobre aquella decisión. La gente optaba por la compra y no por el alquiler. Yo he estado ahí, con diferentes partidos políticos, y los políticos siempre tienden a hacer lo que el pueblo y la gente quiere. En aquel momento, la gente nos demandaba compra”, reconoce Yoldi, en relación a lo ocurrido en Euskadi durante las últimas décadas.
El director de Vivienda ha intervenido junto a Rosa García, portavoz de Stop Desahucios Gipuzkoa; Mila Holgado, directora del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun, y Begoña Landaluce, directora del Servicio de Ejecución de Durango. “No solo tenemos el metro cuadrado más caro en Euskadi, sino que venimos de unos años en los que se han vendido préstamos como rosquillas”, denuncia García, al frente de una plataforma que nació precisamente a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, “cuando los bancos llegaban a financiar hasta el 120% del valor de tasación de los pisos”.
La activista resalta el trabajo realizado por los abogados José María Erauskin y Maite Ortiz, que colaboran con la plataforma y pusieron contra las cuerdas a toda la banca española al ser los primeros y más efectivos en denunciar el abuso que supuso para muchas familias el uso del Índice de Referencia del Mercado Hipotecario (IRPH) a la hora de contratar sus hipotecas. “Hemos luchado contra las claúsulas abusivas, y gracias a ello se pudo ampliar el plazo de impagos necesarios del deudor para que el banco pueda pedir la ejecución hipotecaria”, destaca García. La actual ley hipotecaria establece que tienen que haberse cumplido 12 meses de impagos, cuando antes eran tres.
A la espera de "la tormenta perfecta"
A este respecto, la portavoz de Stop Desahucios pone el foco en un futuro no demasiado halagüeño. “Espero equivocarme, pero creo que vamos a vivir la misma situación que se produjo durante la burbuja inmobiliaria. Hemos pasado de un euríbor del 0,8% al 4%, y de aquí a unos meses se va a producir la tormenta perfecta”, advierte.
Según los datos aportados por el Gobierno Vasco, en el Estado se han registrado durante la última década un total de 191.303 ejecuciones hipotecarias, frente a las 2.063 de Euskadi. “Aquí los bancos han tenido más guante blanco, pero ahora mismo el grave problema pasa por el alquiler, porque estamos hablando de casos en los que particulares especulan con su vivienda”, alerta la portavoz de Stop Desahucios. Una realidad ante la cual, según recalca, no puede hacer el Código de Buentas Prácticas Bancarias.
Entretanto, “el derecho subjetivo de la vivienda no se está cumpliendo en Euskadi porque no hay un parque suficiente. La Administración no lo está garantizando, y resulta determinante controlar el precio del alquiler”, remarca García. Ante la demanda creciente, son los ayuntamientos los que soportan la mayor presión, como ha reconocido Mila Holgado, directora del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun. “Estamos hablando de muchas situaciones de vulnerabilidad en cuya respuesta dedicamos muchos esfuerzos y energía”.
También desde el ámbito judicial. “De los barros de 2007, nos encontramos los lodos de 2011, cuando en los juzgados nos encontramos con una entrada tremenda de demandas de ejecuciones hipotecarias”, ha reconocido la directora del Servicio de Ejecución de Durango.
