El Parlamento Vasco ha pedido al Gobierno vasco que, en colaboración con otras instituciones competentes, analice la posibilidad de establecer la adhesión al Código de Buenas Prácticas Empresariales del Sistema Alimentario como "requisito" para acceder a medidas y programas públicos de apoyo dirigidos a organizaciones, empresas o agentes de la cadena alimentaria, y para su participación en ferias y mercados.

Además, ha solicitado crear un logotipo que identifique a las instituciones, empresas o agentes adheridos a este Código de Buenas Prácticas.

EH Bildu ha llevado a la Cámara vasca una proposición no de ley sobre el "refuerzo" del Código de Buenas Prácticas Empresariales del Sistema Alimentario y ha acordado con los grupos en el Gobierno -PNV y PSE- un texto que ha sido aprobado con la abstención de Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs, y el voto en contra de Vox.

En el texto, el Parlamento Vasco insta a Lakua, en colaboración con otras instituciones competentes, a analizar la posibilidad de establecer la adhesión al Código de Buenas Prácticas Empresariales del Sistema Alimentario como "requisito" para el acceso a medidas y programas públicos de apoyo dirigidos a las organizaciones, empresas o agentes de la cadena alimentaria, y para su participación en ferias y mercados "y, en su caso, a aplicar este instrumento en sus convocatorias".

Además, pide al Ejecutivo la creación de un logotipo a disposición de las instituciones, empresas o agentes inscritos en el registro autonómico adheridos al Código de Buenas Prácticas Empresariales del Sistema Alimentario, "con el fin de que el resto de agentes que interactúan en la cadena alimentaria y las personas consumidoras y usuarias conozcan dicha adhesión y la tengan en cuenta en sus decisiones empresariales y de consumo".

Por último, se solicita al Ejecutivo vasco que siga realizando el control del cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, a través del cuerpo de inspección de la cadena y en colaboración con otras instituciones competentes, con el fin de "detectar los incumplimientos en los compromisos regulados por la ley expresados en la adhesión al Código de Buenas Prácticas Empresariales del Sistema Alimentario y, en su caso, adoptar las medidas correspondientes".

En el debate, la parlamentaria de EH Bildu Itxaso Etxebarria ha destacado que "la desconfianza respecto al sistema alimentario se ha incrementado en la misma proporción que los precios" y por ello, considera "imprescindible profundizar en medidas que contribuyan a la transparencia de la cadena alimentaria".

"Las personas consumidoras y los propios eslabones del sector deben tener información clara de los costes de producción, márgenes, prácticas de contratación, pero además debe ponerse en valor la lealtad, la responsabilidad, la colaboración y la transparencia frente a comportamientos de abuso, especulación, competencia desleal, ocultación de información o incluso fraude", ha defendido.   "CADENA ALIMENTARIA".

También ha señalado que es necesario "controlar que nadie que esté adherido al Código de Buenas Prácticas esté usando este distintivo, incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria". "Creemos que con nuestro acuerdo de hoy incentivaremos que todo el sector alimentario adopte estas buenas prácticas, y que se comprometa de manera inequívoca con la transparencia y con el buen hacer", ha insistido.

La parlamentaria del PNV Rakel Molina, por su parte, ha subrayado que el Gobierno vasco está "comprometido" con todos los operadores que intervienen en el sector de la cadena alimentaria y "por ello, ha desplegado diferentes herramientas para proteger a quienes forman parte" del sector.

En este sentido, ha recordado que dispone del Código de Buenas Prácticas Empresariales del Sistema Alimentario que "establece las bases y principios sobre los que deben fundamentarse las relaciones comerciales entre los operadores que intervienen en la cadena de valor de la alimentación".

Según ha informado, en la actualidad son más de 25 las entidades y organizaciones que se han adherido de forma voluntaria a este compromiso para "garantizar la sostenibilidad social, económica y medioambiental de la cadena alimentaria, poniendo en valor al Sector Primario y mostrando una mayor transparencia en las relaciones mercantiles para mejorar todo el proceso desde la producción a la comercialización de los productos".

El parlamentario del PSE Txarli Prieto ha afirmado que la ley de la cadena alimentaria ha "impulsado la transparencia sobre las relaciones comerciales", ya que "se avanza en unas relaciones comerciales más justas, equilibradas y transparentes", y ha señalado que el Gobierno de España, junto con las comunidades autónomas, están "comprometidos con su cumplimiento".

Prieto también ha puesto en valor el Código de Buenas Prácticas Empresariales del Sistema Alimentario de Euskadi que ha puesto en marcha herramientas para que "la transparencia y la confianza en la cadena de valor genere un equilibrio entre el productor, los intermediarios que gestionan el producto y el consumidor", pero considera necesario que los productores "también colaboren" con estas herramientas.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto ha lamentado que tras diez años de su aprobación, los objetivos de la Ley de la Cadena Alimentaria "hoy no se están cumpliendo" y cree que el problema está en la "falta de dotación" en cuanto a inspectores en Euskadi.

Según ha explicado, se debe "poner el acento" en las distribuidoras "que son quienes incumplen día sí y día también los objetivos de la ley de cadena alimentaria".

"Es importante dotar de mayores medios para que haya mayor control y mayor intervención", ha reiterado antes de anunciar su abstención porque aunque considera el texto "positivo", cree que "le faltan elementos para que realmente pueda desarrollar los objetivos de la Ley de la Cadena Alimentaria".

Por último, la parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea ha anunciado su abstención al texto porque rechaza que en el primer punto se promueva que quienes no estén adheridos a ese código de buenas prácticas no puedan acceder a ferias y mercados. "En el fondo, quizás en lugar de ser una adhesión voluntaria, estamos convirtiéndola en una adhesión obligatoria", ha criticado.  La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, no ha participado en el debate.