Durante años el dinero que los lasartearras enviaban a través del Ayuntamiento dirigido por la omnipresente Ana Urchueguía al municipio nicaragüense de Somoto no tuvo ningún control. Bajo el epígrafe de Ayudas a cooperación, se enviaron miles de euros -en torno a dos millones entre 2000 y 2010- para realizar proyectos que luego no se justificaban o que eran gestionados por entidades opacas como la Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria (Ohlos), que durante once años estuvo recibiendo ese dinero sin tener ni siquiera entidad jurídica.
Todo empezó en 1997, con el hermanamiento entre Lasarte-Oria y Somoto, ciudad nicaragüense de menos de 40.000 habitantes y cabecera del Departamento de Madriz. Tres años después, y ante ya una advertencia inicial del interventor municipal sobre la situación irregular de la oficina que había comenzado a recibir dinero de cooperación, Urchueguía decidió, vía decreto, controlar la gestión de las subvenciones. De ese modo, se aseguró que las contrapartes en Nicaragua solo respondieran ante ella hasta que en 2011 se aprobó una ordenanza para regular esas subvenciones. Durante ese periodo, Urchueguía decidió sobre el destino de las ayudas sin responder ante nadie, lo que hacía que ese dinero se concediera de “manera directa”, como constató una de las dos auditorias que en los últimos años pusieron de relieve las irregularidades manifiestas cometidas por el Consistorio lasartearra y que ahora se confirma con el acuerdo.
Urchueguía pasó a ser en Somoto una especie de heroína, bautizada como doña Ana, con contacto entre las autoridades municipales, capacidad para la gestión directa de los fondos que llegaban desde el País Vasco y una atracción por la tierra que le hizo adquirir durante esa década varias propiedades en la zona.
Han pasado catorce años desde que el interventor municipal emitiera un informe, fechado el 11 de noviembre de 2009, en el que destacaba la mala praxis en la gestión de los fondos, algo que ya los partidos de la oposición también habían puesto de relieve varias veces sin que esto hubiera tenido consecuencias en el Gobierno municipal que ostentaba Urchueguía desde la fundación del municipio en 1986.
Pero en 2007, con la publicación de unos polémicos reportajes en varios medios y, sobre todo, la publicación en Youtube (no existía Whatsapp) de varios vídeos virales en los que doña Ana aleccionaba a los campesinos nicaragüenses, la imagen de la alcaldesa que lo había dado todo por su municipio comenzó a venirse abajo.
La oposición, harta del ninguneo y el personalismo de Urchueguía con este tema, propició la creación de una comisión de investigación en el municipio que fue el detonante para que en 2010, el entonces lehendakari Patxi López optara por apartarla de los focos nombrándola delegada de Euskadi en Chile y Perú.
Urchueguía se resistió y se dejaba ver en los Plenos como concejal hasta que a principios de 2011 NOTICIAS DE GIPUZKOA publicó una larga investigación en la que se recogía, con documentos oficiales que fueron puestos luego a disposición judicial, numerosos ejemplos de regularidades en la gestión de las ayudas, mientras salía a la luz una actuación cuando menos poco ética de la propia Urchueguía: la compra en 2007 de una finca de un millón de metros cuadrados a otra de las entidades que estaban en el punto de mira por la gestión de las ayudas, la Asociación de Desarrollo Comunitario (Asodecom), una ONG nicaragüense cuya creación había sido impulsada por la propia alcaldesa socialista para que, junto a OHLOS, se encargaran de la gestión de las ayudas directas que recibían desde Lasarte-Oria.
A esta noticia Urchueguía reaccionó primero negándolo todo y amenazando con denunciar para, posteriormente en sede parlamentaria, admitir su compra y definirlo como “un error”. Lo que no admitió fue las irregularidades en la gestión de las ayudas.
Pero el caso Somoto y su repercusión pública tuvo efecto en las urnas y en las elecciones de 2011 la Alcaldía de Lasarte-Oria pasó a manos de Bildu, rompiendo el monopolio socialista y permitiendo que el Ayuntamiento presentara una querella contra la persona que durante tantos años había sido su cabeza visible.
Sin embargo, el proceso judicial se dilató. La instrucción tuvo como punto álgido la declaración de Ana Urchueguía el 29 de mayo de 2015 en la que negó rotundamente la prevaricación y malversación de los fondos de cooperación que ahora, ocho años después de esa afirmación, acaba de admitir para llegar a un acuerdo que le evita, de nuevo, la exposición social por un caso que acabó con su carrera política.
