Los expedientes de quejas tramitados por el Ararteko en 2022 bajaron ligeramente respecto a 2021 y se situaron en 2.328. La mayoría de los casos en los últimos tres años se refieren a la gestión de las ayudas de inserción social: más del 18% del total, frente a un 12% de las relacionadas con sanidad, que eran las más numerosas antes de la pandemia.
La primera conclusión que se desprende del informe anual del Ararteko entregado hoy a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, es que normalmente tenemos razón la mitad de las veces que realizamos formalmente una denuncia ante este organismo. Casi en el 48% de los casos, concretamente; y eso, haciendo una interpretación favorable al ciudadano, según admite el Ararteko.
La segunda gran conclusión es que en nueve de cada diez casos (88,5%) en los que nos han hecho una jugarreta, la Administración interpelada rectifica o modifica su actuación. En la mayoría de las ocasiones lo hace además sin la necesidad de iniciar una recomendación formal parte del Ararteko, con su simple mediación. La duración media de los procedimientos de queja es de 66 días.
"Tensión" en la sanidad
El Ararteko ha hecho balance de 2022 hoy. Y ha querido poner el foco en las quejas sanitarias, que son reflejo, en su opinión, de la “tensión a la que está sometido el sistema vasco de salud. Ha comparado los 307 expedientes de queja de 2022 con los 141 de 2020, en plena pandemia; la subida en ese periodo es cercana al 120%, no al 220%, como se ha difundido. Una cosa es que 307 represente el 220% de 141. Y otra que los 166 casos de incremento, representen tamaña subida. El aumento es del 118% exactamente. Lezertua ha dicho que esa subida absorbe muchos de sus recursos.
Sin embargo, no ha hecho referencia a que antes de la pandemia, la sanidad era, con 660 quejas, el ámbito que más reclamaciones motivaba. Eso sí, la inmensa mayoría de quejas sanitarias entonces se referían a cuestiones administrativas, no tanto de atención sanitaria propiamente dicha. Tampoco se ha referido a las 348 registradas en 2021. Más que este año.
Esas 307 quejas de 2022 en sanidad dieron pie a 194 expedientes contra la Administración: 51 tienen que ver directamente con la asistencia sanitaria, 26 con las listas de espera y en al menos 39 expedientes ya concluidos, se detectó una actuación incorrecta de la Administración.
Lezertua ha explicado que el equipo de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Euskadi ha mantenido recientemente una reunión con la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, para analizar la situación. Y ha apuntado la posibilidad de emitir próximamente una “recomendación general” sobre el funcionamiento de Osakidetza.
El Ararteko ha pedido que se recupere la atención presencial en Primaria y ha citado también problemas relacionados con patologías duales y en salud mental de jóvenes, y un "problema subyacente" como es la escasez de profesionales sanitarios.
Cuando Lanbide dice "no"
Durante el año 2022, el Ararteko ha resuelto en total 2.328 expedientes de queja y se han dictado 1.355 resoluciones. En el resto de los casos, se trata de inadmisiones sobrevenidas (duplicidad con otros defensores o cuestiones judicializadas).
Cerca del 46% de los expedientes de queja tramitados tienen relación con derechos sociales --salud, inclusión social, vivienda, educación- y la mayoría (54%) afectan al Gobierno Vasco. Sin embargo, hay un número muy elevado de quejas contra las administraciones locales (34%). Y son menos del 10% las que van contra las diputaciones.
En 2022 se tramitaron 218 expedientes contra ayuntamientos de Gipuzkoa y 63 contra la Diputación
También se tramitaron 21 expedientes de oficio y seguimiento. Destacan, por áreas, los correspondientes a la Oficina de la Infancia y la Adolescencia y seguridad: 17 de los 21. Por otra parte, el número de expedientes que implican expresamente a niños, niñas y adolescentes ha ascendido a 560, uno de cada cinco).
Las quejas relativas a la inclusión social, como ha venido siendo habitual en los últimos tres años, son las más numerosas. 458 (frente a las 508 de 2021). De estos expedientes de queja, 421 (más del 90%) se refieren a problemas diversos relacionados con el funcionamiento de Lanbide y a sus actuaciones en materia de gestión de la renta de garantía de ingresos (RGI) y de la prestación complementaria de vivienda (PCV). Aunque este año el Ararteko también ha detectado muchas quejas por retrasos en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En cuanto a la Diputación de Gipuzkoa, el Ararteko realizó 63 expedientes en contra de la institución foral: 16 relacionadas con obras públicas, transportes e infraestructuras; 10 con Hacienda y 8 sobre infancia y adolescencia. Los ayuntamientos del territorio fueron objeto de muchos más expedientes: 218.
El recargo del IBI
El tema estrella en las quejas de Hacienda afecta a los impuestos municipales, en concreto al IBI. Quejas relativas a la aplicación de un recargo en viviendas abandonadas. El recargo puede alcanzar hasta el 150% de la cuota líquida del impuesto, en el caso de los municipios guipuzcoanos, y de un 50% en el caso de los municipios alaveses y vizcaínos.
El Ararteko también ha recibido 154 quejas en el área de personal al servicio de las administraciones públicas (6,07% del total), en el que se detallan cinco casos de acoso laboral. Sin embargo, la mayoría son quejas que afectan a procedimientos de selección de personal.
El silencio administrativo es otro problema grave para el Ararteko. Una figura a la que “siguen recurriendo las administraciones públicas con demasiada frecuencia para eludir dar una respuesta expresa a las solicitudes”. Y que no se corresponde con ninguno de los modos legales de finalizar un procedimiento.
En cuanto a seguridad, que representa el 4,3% de las quejas (109 expedientes), el Ararteko destaca que las administraciones que más quejas han recibido en 2022 han sido el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco (Ertzaintza) y el Ayuntamiento de Bilbao (Guardia Municipal) en relación al uso excesivo de la fuerza.
También en vivienda se han gestionado 190 expedientes (7,5%). El Ararteko insiste un año más en solicitar a las administraciones públicas vascas que amplíen el parque público de viviendas en régimen de arrendamiento, para responder adecuadamente a los retos establecidos en la Ley de Vivienda.
