Irun: nueva prórroga para el octogenario amenazado de desahucio

Una concentración frente a la sede del Banco Sabadell en Donostia reclamaba hace dos meses evitar un desenlace que parece cada vez más inminente. Medrano, un hombre de 80 años con una modesta pensión, está en la diana de una operación especulativa tras la cual emerge el fondo de inversión Promontoria Coliseum Real Estate, filial del estadounidense Cerberus, el nuevo “casero” de muchas familias.

Ángel Miguel avaló con su vivienda el préstamo que el Banco Sabadell concedió a su hijo para un negocio que no pudo pagar debido a la crisis financiera. Dada su situación de “vulnerabilidad”, se obtuvo una dación en pago con un contrato de alquiler social de tres años, que se había conseguido prorrogar hasta ahora.

El vecino de Irun ha recibido estos días atrás un burofax del fondo buitre, propietario de la vivienda. En el escrito se le informa de que ha sido confirmado su derecho a la prórroga extraordinaria por seis meses reconocida por el decreto aprobado por el Consejo de Ministros respecto a los contratos que finalicen entre el 1 de enero y el 30 de junio. El suyo expiró el pasado 24 de enero.

Contratos de siete años de duración

El Banco Sabadell se quedó con el piso del vecino de Irun, pero permitió que la familia siguiera viviendo allí mediante un contrato de alquiler. Antes de la finalización, desde el ayuntamiento se presionó para que se prorrogara y se consiguió. No obstante, la entidad bancaria acabó vendiendo el inmueble a un fondo buitre que es quien, ahora, pretende subir el alquiler sin tener en cuenta la situación personal del irundarra.

Promontoria Coliseum Real Estate le ha señalado que deberá dejar la vivienda antes del 24 de julio. Según han comunicado las plataformas sociales, el fondo buitre ha optado por esta vía “para no firmar un contrato de siete años de duración cuya renta habíamos propuesto fijarla en 600 euros”, cuando la renta del contrato social finalizado es de 346 euros. Una propuesta que -según las mismas fuentes- supone un considerable esfuerzo económico sobre su modesta pensión de 1.205 euros.

En el mismo burofax remitido le indican que realice una oferta de compra de la vivienda a precio de mercado, algo que “no es factible” dado sus recursos y la edad de 80 años para obtener un préstamo bancario. “A todas luces indica cuál es el objetivo del fondo buitre: echarle de su vivienda”, han denunciado las plataformas, que han avisado de que, “como ya ocurrió en enero, no va a desalojarla voluntariamente”.

Desde el Ayuntamiento de Irun se está trabajando en diferentes medidas. En primer lugar, disponer de una alternativa habitacional, aunque no sea más que “un parche” ya que el objetivo es que este vecino se quede en su hogar. La Corporación trata a su vez de mediar con el fondo buitre para evitar la subida abusiva del alquiler, al tiempo que Bienestar Social le está ayudando en el alquiler con la cantidad mensual estipulada en estos casos.

Las plataformas Stop Desahucios de Gipuzkoa, Alokairu Benta Berri e Inquilinos de Azora exigen un contrato de alquiler de siete años, como recoge la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), una medida que hacen extensible al fondo buitre Azora en relación a los inquilinos de las tres fincas de barrio de Gros “que vienen recibiendo burofaxes con el mismo objetivo: desalojarles y vaciar los tres inmuebles”, según han denunciado.

Las plataformas se sienten respaldadas en su estrategia de presionar a las entidades financieras. Cuentan para ello con la movilización y la solidaridad de la ciudadanía, que ya “lo demostró en la concentración numerosa” del 24 de enero pasado ante el Banco Sabadell. El apoyo de las instituciones también es evidente, en este caso, con especial implicación del Ayuntamiento de Irun.