El alcalde de Donostia, Eneko Goia, afirmó ayer que los casos de explotación laboral en la hostelería precisan “una respuesta firme”. Goia calificó de “grave” y “preocupante” el caso de explotación laboral en dos conocidos establecimientos hosteleros de la ciudad, por el que han sido detenidas tres personas acusadas de defraudar 80.000 euros a la Seguridad Social y de haber explotado laboralmente a 21 trabajadores. “Es grave y creemos que tiene que haber una respuesta contundente ante este tipo de comportamientos, que están de sobra en nuestra ciudad”, afirmó el primer edil. Además, recordó que la Asociación Hostelería Gipuzkoa ha reaccionado con contundencia ante estos hechos e insistió en que “hay que reivindicar el cumplimiento de los derechos laborales de cualquier persona trabajadora”, tanto en el sector de la hostelería como en cualquier otro.

Precisamente, la asociación de Hostelería de Gipuzkoa reclamó que, si se confirman los hechos, caiga “todo el peso de la ley” sobre las tres personas detenidas en Donostia por explotar a 21 trabajadores en dos restaurantes de la capital guipuzcoana y defraudar más de 80.000 euros a la Seguridad Social. Además de criticar que se denomine “empresarios” a los arrestados, lamentó que su actuación, de confirmarse, “daña la imagen del sector”, que en Gipuzkoa forman 4.000 pequeños empresarios y autónomos que “cumplen la legislación vigente”.

Por su parte, el sindicato LAB exigió que se garanticen los derechos laborales de todas las personas que trabajan en la hostelería. Un sector que consideró “uno de los más precarizados, con altas proporciones de economía sumergida y empleo temporal”. Así, considera que “detrás de esa Donostia de postal reconocida por su gastronomía y hostelería subyacen unas condiciones laborales sangrantes para las trabajadoras que sostienen con sus cuerpos ese modelo de explotación. Racismo, clasismo, explotación y abusos son la otra cara de una moneda cada vez más violenta y excluyente. Ya está bien de una patronal especuladora que se lucra abusando y realizando todo tipo de chantajes y falsas promesas”, denunció en alusión a que la veintena de personas explotadas lo era además bajo la promesa de regularizar su situación.

En opinión de este sindicato, “la Ley de Extranjería del Estado español es racista” y “las administraciones de Hego e Ipar Euskal Herria, a pesar de contar con mecanismos y competencias para controlar, sancionar y poner freno a estas mafias, miran para otro lado, exponiendo a las trabajadoras migradas y racializadas a circuitos de abandono y especial desprotección frente a todo tipo de vulneraciones”. Por ello, el sindicato “condenó” estos hechos y exigió que “las administraciones y gobiernos de turno regularicen la situación de estas trabajadoras y las protejan, garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales en este territorio.