El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha afirmado este jueves respecto a las huelgas convocadas por ELA, LAB y Steilas en la enseñanza pública no universitaria contra el borrador de la ley Educación que "la política educativa corresponde al ámbito del Parlamento y los partidos".
"A los sindicatos les corresponde el ámbito laboral y el departamento debe trabajar con ambos ámbitos, y también con todos los agentes y comunidades educativas", ha dicho en una entrevista en Radio Euskadi.
Ha asegurado que la consejería "ha escuchado y seguirá escuchando" a todas las partes, pero "se debe" al acuerdo educativo firmado el pasado 7 de abril por PNV, PSE/EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos.
"Las formaciones que votaron a favor del acuerdo también deberán votar la ley. A ese acuerdo me debo y ese acuerdo voy a desarrollar", ha mantenido.
Sobre algunas "tensiones" vividas con EH Bildu y Elkarrekin Podemos tras la firma de dicho pacto educativo, Bildarratz ha destacado que el acuerdo "está firmado y no se puede romper; lo que hay que hacer es cumplirlo y, por nuestra parte, redoblar el esfuerzo de diálogo".
Ha afirmado que la comisión de seguimiento del pacto ya tiene establecido un calendario de trabajo y ha precisado que "no es público".
Respecto al retraso en la fecha de aprobación de la ley por parte del Consejo de Gobierno -prevista en principios para este otoño, pero atrasada hasta principios de 2023- ha explicado que se trata de un texto "complejo" y que hay que "ser garantistas" e "introducir todas las sensibilidades diferentes".
En relación al cobro de cuotas ilegales a las familias por parte de centros concertados, el consejero ha dicho que el departamento recibe asiduamente denuncias "sobre diversas cuestiones" y se gestionan a través de los procedimientos habituales "sin salir a la luz pública".
Ha remarcado, sin embargo, que en la futura ley se establece el objetivo de gratuidad y que "nunca se podrá cobrar nada que ya esté pagado por la Administración" para que el alumnado pueda inscribirse en el centro que desee la familia "sin que la cuota lo distinga".
Llegar a esa situación es un proceso "con un marco temporal", ha matizado, y que dependerá "de cómo estén las arcas públicas", a la vez que ha resaltado que "para que las condiciones de los centros concertados sean las mismas que los públicos, la financiación tendrá que tener criterios análogos".
