Las aguas bajan doblemente revueltas esta semana en la OSI Donostialdea. Este pasado lunes, NOTICIAS DE GIPUZKOA, ya adelantaba la sorpresa que había producido en determinados ámbitos médicos el hecho de que un grupo tan nutrido de jefes de servicio de la OSI Donostialdea se hubieran alineado con la exgerente Itziar Pérez y la directora médica Idoia Gurrutxaga, con las que buena parte de los profesionales médicos habían tenido “importantes diferencias” en los últimos tres años. En concreto, a raíz del cese y salidas forzadas de media docena de jefes de servicio hace tres años y su sustitución por otros.
En concreto, este periódico ha podido saber que esta misma semana, concretamente el lunes, un juzgado de lo Penal de Donostia ha archivado un procedimiento penal precisamente contra Itziar Pérez e Idoia Gurrutxaga por delitos de amenazas, coacciones, falsedad documental y prevaricación, después del cese y destitución del anterior jefe de Urología hasta 2019.
Una decisión que, sin embargo, la parte denunciante, el exjefe de servicio cesado por Pérez y Gurrutxaga antes de la pandemia, tendría pensado recurrir ante la Audiencia de Gipuzkoa.
Según ha podido saber este periódico, Pérez y Gurrutxaga, cesadas el pasado viernes por Osakidetza al frente de la OSI Donostialdea, abrieron un expediente disciplinario por discriminación religiosa y abandono de funciones al exjefe del servicio de Urología, por negarse, acogiéndose a la objeción de ciencia, que está regulada, a intervenir quirúrgicamente a personas que, en intervenciones de alto riesgo en las que con frecuencia se producen importantes hemorragias, rechazan expresamente que les sean realizadas transfusiones de sangre. Casos contados, con una casuística de uno al año.
Según ha podido saber este periódico de fuentes legales próximas al denunciante, “a pesar de no haber ninguna denuncia de pacientes al respecto y habiendo incluso agradecimientos personales a la labor del doctor, tanto Idoia Gurrutxaga, entonces directora médica; como Itziar Pérez, gerente, decidieron obligar a los integrantes del Servicio de Urología a operar a todo paciente, por encima de su criterio profesional y derecho individual”.
A raíz de lo cual denuncian que se habrían producido “amenazas a los profesionales de dicho servicio, primero en reuniones “en las que directamente se alardeaba de que se tomarían represalias contra aquellos que no operasen a estos pacientes”, y después “amparándose en un llamado informe jurídico dedicado que de nuevo amenazaba con repercusiones laborales y judiciales si no se operaban a estos pacientes con riesgo de alto de sangrado y sin transfusión”.
"Conflictividad interna"
Este expediente abierto al exjefe de Urología "implicó su cese inmediato no solo como jefe de servicio, sino como médico", algo que catalogan de "inaudito". "Todo ello, en un contexto de gran conflictividad interna, con ceses y dimisiones forzadas de varios jefes de servicios" a los que este profesional "manifestó su apoyo públicamente en varias ocasiones".
