Euskadi ha diseñado su primera ley para regular la Salud Pública y hacer frente a los retos sanitarios. Una clara vocación de futuro guiará la nueva norma que, además, va encaminada a paliar el vacío legal que propició que los tribunales tumbaran algunas de las decisiones adoptadas durante la pandemia de coronavirus como las limitaciones a la movilidad.
Así, la consejera Gotzone Sagardui ha presentado este miércoles por la mañana en la Cámara vasca el proyecto de Ley de Salud Pública, una hoja de ruta que garantiza los derechos de todos los ciudadanos vascos en materia de salud, y que incorpora las aportaciones jurídicas para ajustar y ponderar los diferentes derechos que pudieran estar en juego.
Por ejemplo regula la vacunación selectiva de determinados grupos de población o de profesionales, a través de decretos, y también incluye el establecimiento de restricciones en la libertad de movilidad, y en el ejercicio profesional, en el caso de producirse una nueva crisis sanitaria.
Gracias a una norma estructurada en 96 artículos distribuidos en siete capítulos, además de tres disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y tres finales, se “amplía el marco legal necesario para dar respuesta de forma eficaz e integral a las nuevas necesidades y demandas sanitarias de la sociedad vasca”.
MÁS ALLÁ DE UNA PANDEMIA
En cualquier caso, la ley va mucho allá de la respuesta a una posible pandemia. Sagardui asegura que tiene como objetivo “salvaguardar y potenciar la salud de la población como bien público de máximo interés, garantizando los derechos de las personas en materia de salud, la igualdad de oportunidades y la equidad”.
Además, establece competencias e identifica funciones de cada administración en materia de salud pública. Salud ya viene realizando la gran mayoría de las acciones recogidas. Pero ahora lo reconoce explícitamente, dotando de un nuevo marco legal y ordenando funciones y competencias.
Porque la nueva norma que guiará el devenir de la salud pública vasca fijará actuaciones, no solo ante emergencias sanitarias, sino también en materia de salud escolar y laboral, el laboratorio de salud pública de Euskadi o la formación, investigación e innovación, además de ejercer la autoridad sanitaria, incluyendo control y sanciones.
Aspira, asimismo, a dar cabida a los retos de los próximos años como la resistencia antibiótica; las enfermedades emergentes relacionadas con el cambio climático y globalización; la obesidad, sedentarismo y cambios de patrón alimenticio, especialmente en la gente joven; o el cambio del patrón climático que tiene que ver con sequías, o potabilidad del agua, entre otras cuestiones.
EN TODAS LAS POLÍTICAS
“Esto subraya la idea de seguir trabajando en el concepto de salud en todas las políticas ya que, haciendo referencia a la Organización Mundial de la Salud, el sistema asistencial de un país aporta un 20% al capital de la salud; un 30% corresponde a hábitos saludables; un 40% a otro tipo de políticas públicas; y el restante 10% corresponde a aspectos como la carga genética”, ha indicado Sagardui en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco..
Esta comisión acogió la comparecencia de la consejera y del viceconsejero, José Luis Quintas y la directora de Salud Pública y Adicciones, Itziar Larizgoitia, para presentar el proyecto aprobado en el Consejo de Gobierno el 26 de julio.
La consejera asegura que a lo largo de los últimos 25 años, el concepto de salud pública ha evolucionado “extendiéndose desde el sistema sanitario al resto de ámbitos que inciden en los determinantes de salud, una nueva dimensión que la pandemia de la covid-19 ha evidenciado”.
La ley entra ahora en proceso de tramitación parlamentaria, por lo que Sagardui ha agradecido la disposición de los grupos parlamentarios a presentar sus propuestas y espera poder mantener un “diálogo abierto para abordar la mejor ley posible”.
RESPUESTA DE LOS GRUPOS
En esta línea, los grupos de oposición han resaltado la necesidad de una norma de este tipo pero reprochan la falta de concreción, al considerarla “generalista y confusa” en parte de su articulado.
Rebeka Ubera (EH Bildu) reclama al Departamento de Sagardui que aclare cuáles son los objetivos de la ley que, en su opinión, se limita a “reordenar prestaciones y servicios”. El proyecto “es confuso y le falta coherencia”, lamenta.
Desde Elkarrekin Podemos-IU, Iñigo Martínez, advierte de que en muchos de sus apartados es “excesivamente generalista, y abierta”. Agrega que para superar las desigualdades en el ámbito de la salud las prestaciones de Osakidetza deberían ampliarse y ha dicho que por ejemplo “en Euskadi no todos pueden pagarse un psicólogo o una ortodoncia”.
