La delincuencia vial se saldó el año pasado en Gipuzkoa con un total de 82 solicitudes de penas de prisión por otras tantas infracciones. Se trata de los casos más graves, bien por homicidio imprudente, imprudencia temeraria o negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia. Este tipo de delitos suponen el segundo motivo de ingreso en la cárcel de Martutene, en torno al 12% de los reclusos, porcentaje solo superado por los casos de violencia de género, que se elevan al 35%.
Una vez recuperada la movilidad en el territorio tras la crisis sanitaria, se constata una escalada de conductas sobre el asfalto al margen de la ley. Así lo corroboran las causas abiertas en los tribunales. En concreto, 1.118 diligencias urgentes fueron incoadas por la Fiscalía durante el último año, muy por encima de las 833 computadas en 2020.
En directa correlación, las sentencias condenatorias dictadas con conformidad también han aumentado: de 607 a 814 durante el mismo periodo de tiempo. Se registra un significativo aumento de procedimientos incoados en casi todos los tipos delictivos contra la seguridad vial: la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas -798 procedimientos, frente a los 629 del año anterior-, negativa a someterse a pruebas de alcoholemia (de 16 a 48 casos) y conducción temeraria, con 17 procedimientos, por encima de los doce del año 2020.
Todo ello redunda en un aumento de los siniestros de tráfico -15,5%-, y con ellos también el número de fallecimientos: un 30,3% más, elevándose ese porcentaje hasta el 40% en los casos de heridos de gravedad, según datos recabados por la Fiscalía de Gipuzkoa. En concreto, el año pasado se incoaron 18 procedimientos con fallecidos, y se realizaron dos escritos de acusación por delitos de homicidio por imprudencia grave.
La seguridad vial en la era post-pandemia
El verano que acaba de despedirse deja constancia de ese incremento de la delincuencia vial, y también de sus trágicas consecuencias. Solo entre julio y agosto fallecieron once personas en las carreteras vascas, cinco más que el año pasado: cuatro motoristas, tres viandantes atropellados, y otros cuatro conductores de turismos o vehículos largos.
La seguridad vial en esta nueva era post-pandemia parece conducir en el territorio a un nuevo escenario, con un incremento del 50% de los accidentes causados por velocidad inadecuada, según recoge la memoria de la Fiscalía. En la prisión de Martutene había, cuando se redactó el informe, 16 internos que tenían vigentes penas por delitos contra la seguridad.
Uno de los casos que más repercusión mediática ha tenido a este respecto en las últimas semanas es el de Ana, una enfermera de 28 años que cruzaba un paso de peatones en Miramon en dirección al trabajo, en Policlínica, cuando fue arrollada por un conductor que se dio a la fuga.
La víctima salió despedida diez metros tras al brutal impacto. Han transcurrido dos semanas desde entonces. La joven, que tuvo que ser ingresada en la UCI, ya ha sido dada de alta y estos días se recupera en su domicilio. Por el momento, según ha informado a este periódico este viernes su familia, debe guardar reposo. Su recuperación va “poco a poco”, y todavía hay tareas que no puede realizar, como conducir o coger pesos.
Cuatro días después del atropello, la Guardia Municipal de Donostia detuvo al conductor, un varón de entre 25 y 30 años. La aportación de diversos testimonios por parte de algunos testigos, así como el visionado de las grabaciones aportadas por las cámaras de seguridad de diferentes empresas situadas en las inmediaciones, permitieron identificar tanto al vehículo como al conductor, que fue arrestado en Donostia cuando se dirigía a su puesto de trabajo.
Según informan fuentes del caso, se está realizando un atestado policial con el mayor número de detalles sobre el siniestro con el fin de depurar posibles responsabilidades penales en un hecho delictivo de esta naturaleza.
La calidad de los informes que realizan los agentes especializados en estos delitos es determinante para que se pueda realizar una adecuada tramitación de los procesos: una investigación lo más exhaustiva posible con las circunstancias concurrentes del accidente, su evolución, o las pruebas periciales sobre la velocidad a la que iba el vehículo. Cuestiones que “facilitan en gran medida la instrucción posterior y la valoración de la imprudencia en la conducción, y el grado de la misma”, señala el ministerio fiscal.
Cuando este tipo de casos llega a los tribunales, la duración del procedimiento varía en función de la complejidad. La tramitación suele ser más prolongada cuando se hace necesario, por ejemplo, aguardar la evolución sanitaria de la víctima.
En juicios rápidos con acusados residentes en el extranjero -fundamentalmente procedentes de Francia- se impone pena de prisión “con suspensión de la ejecución, ante las dificultades que sigue planteando la ejecución de las penas alternativas”, como multas y trabajos en beneficio de la comunidad, señala la Fiscalía.
El documento señala, en todo caso, que el Servicio Vasco de Gestión de Penas y Medidas alternativas “funciona de una forma muy eficaz”. Los trabajos en beneficio de la comunidad son de frecuente aplicación en este tipo de delitos “y su ejecución no entraña dificultades salvo casos puntuales”.
