La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró ayer que su objetivo es que en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 se duplique la actual partida de 140 millones de euros destinada a financiar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En una rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con la Mesa y los portavoces de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del citado pacto, Montero recordó que se ha ampliado mucho el mapa de las víctimas de la violencia machista, al incluirse, junto a las mujeres maltratadas por su pareja o expareja, a las víctimas de la violencia sexual, la digital o la vicaria. “Si queremos doblar el número de víctimas a las que atiende el Estado, tenemos que ser capaces de doblar el compromiso presupuestario que queremos para poner en marcha todos estos servicios”, manifestó. Y se mostró confiada en lograrlo gracias al “compromiso feminista” del Gobierno y también de la mayoría del Parlamento.

A los portavoces de la Comisión con los que se reunió ayer en el Congreso les urgió también a actualizar el Pacto de Estado. Tras largas negociaciones, en septiembre de 2017 se aprobaron sendos dictámenes en el Congreso y en el Senado que conformaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un compendio de cerca de 300 medidas en todos los ámbitos, desde la justicia a los servicios sociales, acompañado del compromiso de destinar 1.000 millones de euros en cinco años.