La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, se ha mostrado convencida de que solo se conoce "la punta del iceberg" de la violencia contra menores en Euskadi, que ha registrado en los últimos cinco años un incremento del 32,4% en el número de víctimas, al tiempo que ha abogado por la preconstitución del testimonio de niños y adolescentes víctimas de violencia en los procedimientos judiciales, para evitar su "revictimización".

Artolazabal ha inaugurado este miércoles en el Palacio Miramar de Donostia el Curso de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 'La entrevista forense para la prueba preconstituida de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia'. En la apertura también han participado el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana; y la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán.

Aumentan los casos de violencia contra menores en Euskadi

Artolazabal ha destacado que "cada vez son más los casos de violencia atendidos en el servicio de atención a la infancia y la adolescencia, Zeuk Esan" y "cada vez hay más denuncias" de violencia contra menores. En este sentido, ha destacado que "en Euskadi, en los últimos cinco años, ha crecido en un 32,4% el número de menores víctimas de violencia".

"En 2020 1.459 personas menores fueron víctimas de un delito" y "el 45,5% de los casos son víctimas de violencia intrafamiliar (el tipo que más ha crecido), pero también se han incrementado los casos de violencia sexual (24,2%)", ha indicado.

Artolazabal se ha mostrado "convencida" de que todavía no se conoce más que "la punta del iceberg" y para "erradicar esta violencia es imprescindible la prevención y detección precoz mediante la cooperación entre agentes y sistemas". "Resulta necesario ofrecer una atención y protección más integral", ha defendido.

En este contexto, se ha referido a la aprobación de la Estrategia Vasca contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia 2022-2025 y ha reclamado "instalaciones adecuadas o de formación especializada para adaptar la intervención a las necesidades específicas" de lo menores y evitar así "una victimización secundaria" que puede llegar a "frustrar" el proceso judicial.

"Hay estudios que indican que el 70% de los abusos a menores son sobreseídos por contaminación del testimonio del menor a lo largo del proceso", ha explicado.

Para evitarlo ha reclamado "una justicia amigable para los niños, que sus necesidades y derechos en el centro del proceso". A su juicio, "es vital que los niños que entran en contacto con la justicia puedan comprender y confiar en el sistema, y sentir seguridad al utilizarlo", así como que "los procedimientos se adapten a sus necesidades para evitar que vuelvan a traumatizarse".

Artolazabal ha opinado que "uno de los modos de acomodar el procedimiento judicial a las necesidades de los menores víctimas de violencia es "contemplar la preconstitución de la prueba de su testimonio para evitar que deba revivir los hechos varias veces en las distintas fases procesales".

Para la consejera, la citada preconstitución de la prueba "evita que el lapso temporal entre la primera declaración y la fecha de juicio oral afecten a la calidad del relato". 

La primera Casa Barnahus de Euskadi echará a andar a principios de 2023

Artolazabal ha señalado que "en las 'casas Barnahus' (un recurso importado de Dinamarca que permite que todos los especialistas en violencia infantil trabajen bajo un mismo techo) pueden concentrarse de forma integral la asistencia al menor" y realizar "su evaluación, minimizando los efectos traumáticos y maximizando la posibilidad de obtener evidencias físicas y psicológicas".

Por ello, ha anunciado que "para finales de este año o principios del 2023 Euskadi tendrá su primera Casa Barnahus, en marcha en Araba". "Este pilotaje durará dos años y luego se hará extensivo a Bizkaia y Gipuzkoa", ha avanzado.

"Nos adelantamos a las previsiones de la futura ley de garantía de la integridad de la libertad sexual, que contempla servicios de atención especializada a niños víctimas de violencias sexuales", ha destacado. A ello ha añadido que la Ley vasca de protección de la infancia contemplará también la regulación de las Barnahus vascas.

Por su parte, Subijana ha abogado por crear espacios de "encuentro" que "atiendan a las necesidades específicas de los niños víctimas de violencia", que no permitan la "victimización secundaria provocada por el sistema que está creado para protegerlos".

Finalmente, Adán ha incidido en la "necesidad" de la prueba preconstituida para los procedimientos judiciales con menores o personas con deficit intelectual víctimas de violencia y como "un proyecto de futuro" para otro tipo de víctimas, porque "aunque la Ley lo permite no está aún suficientemente asentado aún".