La dirigente de ETA Anboto se enfrenta a 12 años por un atentado sin víctimas en Getxo
El Tribunal Supremo celebra una vista pública el martes para revisar el recurso de Anboto contra la primera sentencia que le ha sido impuesta en España y que le valió una pena de 122 años de prisión
La dirigente de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, se enfrenta el miércoles a una nueva pena de 12 años de cárcel por haber proporcionado los explosivos al comando que perpetró un atentado contra una sucursal bancaria en la localidad vizcaína de Getxo, en 1995, en el que se produjeron cuantiosos daños materiales.
Se trata del cuarto juicio al que se someterá la etarra desde que fuera entregada por Francia en septiembre de 2019 tras cumplir allí condena por su integración en la banda terrorista después de su detención en 2004.
Esta misma semana, el martes, el Tribunal Supremo celebra una vista pública para revisar el recurso de la etarra contra la primera sentencia que le ha sido impuesta en España y que le valió una pena de 122 años de prisión por ordenar el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, en 1995 en León, mediante la colocación de una bomba lapa en su coche y que estalló cuando conducía junto a su hija, que resultó herida grave.
En este próximo juicio, el fiscal pide para ella 12 años de cárcel por un delito de estragos terroristas por haber proporcionado a los integrantes del comando Itsasadar de ETA explosivos, un manual sobre su manejo, pistolas, fusiles y medio millón de pesetas para perpetrar un atentado.
Con ese material y las órdenes que les impartió, los etarras confeccionaron un artefacto explosivo que colocaron en la fachada del banco Crédit Lyonnais, Anboto en la localidad vizcaína de Getxo y posteriormente dieron aviso a la Ertzaintza.
Los agentes acudieron para acordonar la zona y pidieron a los vecinos que no se asomaran a las ventanas, ya que no podían desalojar ante una inminente explosión, que se produjo pasados 10 minutos de la una de la madrugada y que causó numerosos daños, por los que la Fiscalía pide a la etarra una indemnización en concepto de responsabilidad civil.
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