- No se conoce exactamente el número de familias que están atravesando dificultades para pagar la renta en las VPO de alquiler del barrio donostiarra de Benta Berri. Un problema latente que no trasciende, pero que va en aumento. “Tenemos un carácter muy guipuzcoano. La gente cuando se encuentra ante este tipo de situaciones no las airea, pero estamos hablando de un problema común, y este barrio es como una gran ciudad”, advierte Imanol Sáenz, presidente de Alokairu. La asociación, que nació casi al mismo tiempo en que se inauguró esta polémica promoción de viviendas protegidas, ha vuelto a activarse, en la medida en que van venciendo los contratos de alquiler y se aproxima la fecha en la que los pisos pasarán al mercado libre. “Nos vamos a volcar con cualquier vecino, y si tenemos que salir a la calle lo haremos”, advierte Sáenz.
Al menos una veintena de familias que reside en estas viviendas recibió durante la primera quincena de abril un mensaje del fondo buitre Testa-Blackstone exigiendo el pago de la renta. De lo contrario, amenazaba con incluir a los inquilinos en el registro de morosos y abrir un procedimiento judicial para ejecutar el desahucio. El cese de la actividad laboral que trajo consigo el estado de alarma ha provocado serios problemas para familias que no se encuentran en una situación económica precisamente boyante. Estos meses atrás ha sido un quebradero de cabeza pagar los cerca de 800 euros de renta que se abonan de media en esta promoción de viviendas tan singular. Tanto, que ostenta el dudoso honor de contar con el precio de alquiler protegido más elevado del Estado.
La vecina del barrio Victoria Noriega, cuyo desahucio está previsto para el 9 de septiembre si la negociación entre el Ayuntamiento de Donostia y el fondo de inversión no prospera, ha sido durante los últimos meses la cara visible de un problema que tarde o temprano acabará afectando a 510 viviendas y, por extensión, a más de 1.500 donostiarras. Todos tienen puesta la vista en 2028. El suelo es propiedad del Gobierno Vasco pero a partir de ese año las viviendas serán libres y los inquilinos temen que el fondo buitre suba los precios de manera inasumible. Sin esperar a que llegue la fecha, ya están aflorando serias dificultades. El desconcierto entre muchos vecinos ha sido generalizado tras recibir en el momento más crítico de la pandemia un correo del fondo buitre, cuando los inquilinos trataban de saber si se habían aprobado partidas económicas, tanto estatales como del Gobierno Vasco, para mitigar el impacto en sus economías domésticas. Este periódico ha tenido acceso al escrito remitido por Testa-Blackstone. “Nos dirigimos a usted para comunicarle que, según nuestros registros, adeuda una cantidad en relación al contrato de arrendamiento de vivienda que tiene suscrito. Dicho importe deberá quedar liquidado antes de finales de mes, mediante transferencia. De no producirse el pago, sus datos personales, domicilio e importe de la deuda serán incluidos en un registro de morosos”.
El fondo de inversión advierte, “en tono amenazante”, que figurar en ese fichero afecta directamente a la capacidad para contratar servicios como telefonía, gas o electricidad, y que no podrán recibir una tarjeta de crédito o un préstamo del banco. Añade, además, que se puede abrir así la puerta para “ejecutar el desahucio acordado judicialmente”.
Este escrito lo recibieron los vecinos cuando seguían vigentes las medidas restrictivas en relación a la libertad de movimientos. La propia situación era agobiante, perturbadora para tantas familias que se habían quedado sin ingresos. “Si tienes la desgracia de que no puedes pagar y lo primero que recibes es eso, ¿cómo te quedas? Es un escrito tan legal como inmoral”, sostiene Txomin, que reside en el barrio desde hace dos décadas y sabe en primera persona lo que supone verse al borde del abismo. “Nos llegó la orden judicial y estuvimos tan cerca de vernos en la calle que hasta vino a casa el cerrajero”. Stop Desahucios se puso en contacto con el fondo de inversión tras conocer in extremis la situación de esta familia. Gracias a la intermediación del Ayuntamiento, se pudo paralizar en marzo del año pasado la ejecución de la orden. “Lo que nos ocurrió ha supuesto un desgaste tremendo”, sostiene, sin ninguna gana de dejarse retratar para este reportaje.
Es una constante entre muchos vecinos del barrio, preocupados por la situación pero sin ganas de airear su caso. El 40% de los inquilinos reside en este bloque de viviendas desde los años 90, cuando el Gobierno Vasco cedió por 75 años el derecho de superficie de estas viviendas a la UTE Benta Berri, que en 2016 se fusionó con Testa Residencial-Socimi, con sede en Madrid, que gestiona hasta 12.000 viviendas en todo el Estado. El inversor mayoritario desde septiembre de 2018 es el fondo buitre Blackstone, que está detrás del escrito remitido a las familias donostiarras.
Tras la queja vecinal, la compañía Testa Socimi negó haber “intimidado” a los inquilinos. Aseguró que su objetivo era “ponerse en contacto con cada uno de los arrendatarios para conocer su situación y tratar de que se acogieran a las ayudas establecidas”. Este extremo es desmentido por los vecinos. Aseguran que el fondo buitre en ningún momento informó sobre las posibilidades de acogerse a la orden del Gobierno Vasco sobre la exoneración del pago de los alquileres durante abril, mayo y junio. “Solo tras notificar a Testa que había unas ayudas rectificaron y brindaron la posibilidad de acogerse a ellas. Desde nuestro punto de vista, debería haber sido al revés. Si el Gobierno Vasco habilita una partida de ayudas, la promotora te tiene que dar la oportunidad. No es admisible recibir un correo intimidatorio sin dar ninguna facilidad”, replican desde la asociación.
Un comportamiento que Stop Desahucios calificó en una nota de “carroñero”. Prácticas que no han pasado desapercibidas para el relator especial de Naciones Unidas, Philip Alston, quien viene alertando sobre este tipo de actuaciones, como figura en el informe sobre la pobreza extrema y derechos humanos en el Estado. Denuncia la falta de medidas del Gobierno ante el “aumento sustancial” de los alquileres adquiridos por sociedades de inversión. Las experiencias más duras para Alston en su viaje por seis comunidades están ligadas a la vivienda, y entre las comunidades señaladas figura el País Vasco, junto a Madrid, Catalunya, Andalucía, Extremadura y Galicia.
“Pues ya son 17 las familias de vuestra promoción que se han puesto en contacto con nosotros”. Fue lo primero que escuchó a pie de ventanilla un vecino de Benta Berri cuando comenzó a recabar información y, en abril, se interesó por las ayudas que se estaban aprobando para mitigar el impacto en las economías domésticas. El Estado había anunciado unas partidas: el 50% de exoneración de la deuda contraída durante la pandemia, o un crédito a seis años. Este vecino fue volcando la información en un grupo de WhatsApp que comparte con el resto de afectados. De este modo supieron que el Gobierno Vasco también anunció una ayuda específica para VPO, tanto pública como privada. “Hubo familias que no pudieron pagar, y la promotora no informó de nada. Lo único que hiceron fue mandar a primeros de abril ese correo electrónico amenazante diciendo que en quince días teníamos que abonar la cuota”, denuncia Alokairu.
La asociación apoya la lucha emprendida por Noriega para evitar el desahucio. Entienden que es un paso adelante necesario. “Nosotros asumimos que estamos metidos en este embrollo, pero yo no quiero que mis hijos vivan esto. Estamos hablando de la vivienda, que es un derecho recogido en el artículo 44 de la Constitución. Hablamos de algo básico, y nos están toreando. Dentro de poco se van a encontrar con este problema muchos otros jóvenes. ¿Van a tener que salir todos del barrio hasta convertise esto en un geriátrico?”, se pregunta el presidente.
