donostia - Les cogió por sorpresa el año pasado, y siguen pagando las consecuencias. La negociación de las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza concertada se ha venido realizando a espaldas de las familias. Solo cuando estalló el conflicto hace dos cursos tuvieron conocimiento de “un problema latente durante años” que ha acabado por estallar alterando el calendario escolar y las rutinas de miles de hogares vascos. En casa ya no solo hay que bregar con los deberes. El obstáculo añadido se llama conflicto laboral que, lejos de solucionarse, ha cobrado una nueva dimensión esta semana tras el anuncio de una huelga entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre, que afectaría a más de 100.000 alumnos.

Las familias no ocultan su enfado. “Tenemos constancia de que se habían reunido al menos una treintena de ocasiones antes de que empezara el conflicto. Nadie nos dijo nada, nos utilizan cuando les hace falta. Como hasta ahora no éramos necesarios, no contaban con nosotros, y solo ahora, puesto que no podemos quedar al margen tras una medida que deja a nuestros niños en la calle, es cuando empiezan a dar explicaciones”. Carmelo Martínez es presidente de Feguiapa, la Federación Libre de Asociaciones de Padres de Alumnos de Gipuzkoa. Esta agrupación representa a la mayor parte de los casi 40 colegios concertados de Kristau Eskola del territorio.

Aunque piden volver a la normalidad lo antes posible, hoy por hoy no parecen darse las condiciones necesarias para satisfacer sus deseos. La mayoría sindical (ELA, Steilas, CCOO y LAB) ha dejado incluso la puerta abierta a una huelga indefinida en caso de no producirse avances en una negociación que ha encallado. Por lo pronto, si nadie lo remedia, el mes de huelga anunciado se sumaría a los 27 días de paro convocados en los dos últimos cursos en demanda del convenio regulador de las condiciones laborales del colectivo, que lleva diez años congelado.

Las familias tienen la sensación de asistir como un convidado de piedra a un conflicto laboral en el que sus hijos “están siendo utilizados como moneda de cambio, mientras a nosotros nos preguntan pero sin hacernos caso”. Martínez apela en todo caso a la prudencia. No quiere de ningún modo que por alzar la voz cale en la opinión pública que toman partido por alguna de las partes. Se muestran convencidos, eso sí, de que no llegar a un acuerdo después de tanto tiempo “es porque a alguna de ellas no le interesa”.

Seguimiento desigual El ambiente de crispación ha sido patente entre las asociaciones de familias de la red concertada de Bizkaia y Araba, no así en Gipuzkoa, donde hasta ahora no se palpa esa misma indignación a pie de calle. Los padres y madres del territorio parecen haber adoptado durante el conflicto un discreto segundo plano, al menos, en comparación con las movilizaciones del resto de territorios vascos.

La principal razón obedece al seguimiento desigual que han tenido las convocatorias de huelga.

En Gipuzkoa, según informan desde Feguiapa, el año pasado solo dos de los casi 40 colegios concertados de Kristau Eskola echaron la persiana debido al paro masivo del profesorado. “No quiere decir esto que en el resto de centros no se hayan realizado plantes, pero lo ocurrido hasta ahora es que el número de docentes no ha sido lo suficientemente importante como para paralizar los colegios, lo que hasta ahora ha evitado que las familias se vean seriamente afectadas”, explica el presidente de la federación de asociaciones. El curso pasado sí hubo un conato de movilización en un centro escolar donostiarra, pero finalmente se recondujo la situación.

La aparente calma, en todo caso, no es tal de puertas adentro de los centros. Según informan las mismas fuentes, el profesorado de la red concertada vive un ambiente conflictivo que provoca desgaste y tensión. En los claustros, el contacto con los padres y madres se ha enturbiado, pero no ha llegado la sangre al río debido al menor seguimiento, a diferencia de Bizkaia, donde varios de los colegios más importantes de la red concertada dejaron a sus alumnos en la calle, con el consiguiente malestar de los familiares.

Las asociaciones de padres y madres piden al Gobierno Vasco que, puesto que la Educación es un derecho fundamental, tome medidas para que se garanticen las clases. Las familias han mantenido reuniones con los responsables del departamento, que les han traslado la imposibilidad de intervenir directamente.

Los profesores tienen una vinculación contractual con los titulares de los colegios, es decir, no hay una relación directa con la Administración, sino que se trata de un conflicto laboral entre empresas privadas y trabajadores.

La federación replica que la huelga es un derecho constitucional, al igual que la educación, que se está vulnerando. “Me parece muy mal la postura que está tomando el Departamento de Educación. Al fin y al cabo es el garante del sistema. La Educación es un derecho exactamente igual que el de huelga. ¿Por qué priorizar unos derechos sobre otros? Cuando se está poniendo patas arriba algo tan importante como es el sistema educativo, el Gobierno Vasco debería posicionarse y ceder en alguna medida. Lo que no sabemos es hasta qué punto pueden, por lo que vemos que la situación tiene una muy difícil solución”, lamenta Martínez.

Tampoco acaba de entender que haya profesores que vayan de la mano de los sindicatos. “La enseñanza concertada es de libre elección, y resulta extraño unirse a centrales que muestran posicionamientos a favor de la enseñanza pública. Es algo curioso. Da la sensación de que esta huelga no se libra solo por los salarios, sino que va en contra de la escuela concertada, ya que hay demandas laborales prácticamente imposibles de cumplir. El problema es cuando pones líneas rojas que son muy difíciles de alcanzar y que van en perjuicio de alguien. Si de verdad se hace esta huelga y consiguen que tenga fuerza, ¿quién es capaz de consentir que tu hijo o hija pierda el curso? No tendría mucho sentido. ¿Contra quién van? Va a haber un montón de alumnos perjudicados, y como consecuencia, un montón de familias. A ver quién es capaz de decir que los daños colaterales no tienen importancia”, advierte.