donostia - Cuatro exediles de Gaztelu, entre ellos dos exalcaldes, el secretario de esta localidad de Tolosaldea, y un constructor, también exalcalde, están siendo juzgados desde ayer en la Audiencia de Gipuzkoa por presuntas irregularidades en una promoción urbanística de tres viviendas bifamiliares levantadas en el municipio.
Los procesados, entre los que se encuentran los exalcaldes Patxi Iturriaga y Mikel Belloso, y las ediles Yoana Méndez y Aitziber Barandiaran, todos ellos de Bildu, se enfrentan a una petición de seis años de cárcel y diez de inhabilitación acusados de malversación de caudales públicos y prevaricación.
La misma pena que afronta Juan José Otegi, el constructor procesado (también exalcalde de la población), y que se eleva hasta los doce años de reclusión en el caso del secretario del Consistorio, Xabier Otaegi, imputado por un delito de falsedad documental, además de los ya citados de malversación y prevaricación.
En este procedimiento, la acusación está promovida de forma particular por una concejala de la oposición que cuando sucedieron los hechos se encontraba encuadrada en el grupo Udaberri Taldea, mientras que la Fiscalía no ha formulado acusación por el momento, a la espera de la decisión que adopte en la parte final del juicio, cuando las partes tendrán que elevar a definitivas o modificar sus conclusiones provisionales.
Belloso, beneficiario de una de las viviendas, fue denunciado en 2012, cuando era alcalde en ejercicio de Gaztelu, junto con los otros tres concejales de Bildu del pueblo, por la plataforma independiente Udaberri Taldea.
Este grupo sostenía que el Ayuntamiento vendió por 54.000 euros una parcela en la zona de Erbian Erreka para desarrollar la citada operación urbanística cuando, en su opinión, la cantidad debería ser superior a los 100.000 al tener que repercutirse al comprador los gastos de urbanización del solar que había asumido previamente el Consistorio.
una única declaración Durante la primera sesión del juicio, celebrada ayer en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, los acusados se negaron a responder a las preguntas de la acusación particular y tan solo atendieron a las cuestiones planteadas por sus respectivas defensas, salvo el secretario, Xabier Otaegi, quien también accedió a ser interrogado por el fiscal.
En su declaración, Otaegi defendió la legalidad de todos los trámites y decisiones adoptadas en torno a esta operación; dijo haber respetado todos los procedimientos legales; negó haber propuesto la adopción de resolución o acuerdo ilegal alguno, y rechazó haber emitido ningún certificado “falso” relativo a este caso.
Por su parte, el exalcalde Mikel Belloso, quien presentó su dimisión en 2014 por motivos personales tras ser imputado por este caso, recordó que cuando se inició esta operación urbanística él aún no era el regidor de Gaztelu ni tenía relación con el Consistorio.
Belloso aseguró que en aquel entonces cumplía las condiciones para solicitar la vivienda, que aportó la documentación requerida y que posteriormente no dio instrucción alguna a sus compañeros sobre esta operación.
Los otros tres exconcejales (Yoana Méndez, Aitziber Barandiarán y Patxi Iturriaga), señalaron por su parte que todos los acuerdos que adoptaron fueron precedidos por los correspondientes informes técnicos conforme a los que adoptaron sus decisiones.
Al terminar la declaración de Iturriaga (también exalcalde), el presidente del tribunal le preguntó directamente por qué no se repercutieron los gastos de la urbanización del solar cuando salió a concurso el terreno, cuestión a la que rehusó contestar porque, según dijo, estaba “muy nervioso”.
Finalmente, el constructor, Juan José Otegi, añadió que él se sometió a las condiciones que aparecieron en el pliego de adjudicación de la operación. La vista continuará hoy con la declaración de nuevos testigos. - Efe
