El esfuerzo más serio y concreto que ha realizado el Estado en los últimos tiempos para conseguir que el euskera, el catalán y el gallego sean oficiales en las instituciones de la Unión Europea se ha quedado por ahora a las puertas de conseguir el objetivo. El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea ha aplazado este martes la votación que planteaba el Gobierno español porque no se iba a conseguir el requisito necesario, que no exista ni un solo país en contra. De todos modos, se ha avanzado más que nunca y, según los cálculos del Gobierno español, ahora ya son 20 de los 27 estados miembros los que están por la labor o al menos no se oponen de manera muy categórica, mientras siete mantienen sus reticencias jurídicas y económicas. Esos países dudan de que Madrid vaya a mantener a largo plazo el compromiso de pagar de su bolsillo el coste de la medida, sobre todo, si hay un cambio de gobierno y el PP asciende al poder. No parece casualidad, si se tiene en cuenta que el propio PP ha mantenido contactos intensos estos días para boicotear la oficialidad de estas lenguas y buscar la complicidad de otros gobiernos de derechas. Además, estos gobiernos siguen elucubrando con que haya que reformar los tratados, algo que niega La Moncloa, porque el artículo 55.2 del Tratado de Lisboa ya permite traducirlo a las lenguas que sean oficiales en todo o parte del territorio de un Estado.
El Gobierno de Pedro Sánchez había sudado la camiseta, esta vez sí, con un intenso despliegue de contactos y con una propuesta en dos fases (para que los reglamentos se traduzcan a partir de 2027, y para estudiar a partir de 2031 la aplicación al resto de los documentos). Pero no fue suficiente para vencer todas las resistencias. Sin embargo, este martes no hubo derrotismo porque aún es posible convencer a esos siete estados y hay otro Consejo en agenda para el 24 de junio, aunque no está claro que dé tiempo a cerrarlo para entonces. Lo que sí está claro es que han sido tan públicos los esfuerzos del Gobierno español y tan notorias las maniobras del PP para boicotearlos con una diplomacia paralela, que varios aliados del PSOE no la tomaron con Pedro Sánchez, sino que pusieron el foco en cargar contra Alberto Núñez Feijóo. Incluso lo hizo el expresident Carles Puigdemont desde Junts, un matiz que no es insignificante, en la medida en que los soberanistas catalanes habían condicionado el futuro de la legislatura española al cumplimiento de cuestiones como esta. De ahí el esfuerzo del Gobierno español, al que no le mueve en exclusiva un sentimiento de justicia hacia las lenguas cooficiales y la realidad plurinacional del Estado. ERC, quizás por su rivalidad con Junts, se desmarcó de esta respuesta clemente y dijo que el PSOE podría haber hecho más.
La deliberación
Esta reivindicación necesitaba la unanimidad del Consejo, lo que no significa que todos tengan que votar a favor, sino que no haya votos en contra. Es decir, puede haber abstenciones. Pero, desde la mañana, el ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Joakin Strand, se acercó a la cita insinuando a los periodistas que esperaba no tener que votar esa cuestión porque “no está madura”. No hay una lista oficial de los siete reticentes porque Moncloa no quiere señalarlos de manera pública y frustrar el diálogo, pero ya se ha filtrado que, además de Finlandia, podrían ser Suecia, Alemania, Austria, Italia, Croacia y República Checa. Entre los países claramente favorables están Portugal, Irlanda, Dinamarca y Eslovenia. En la reunión no estuvo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sino que la representación estatal la llevó el secretario para la UE, Fernando Sampedro.
La propuesta estatal suponía una aplicación gradual en dos tiempos, en 2027 y 2031, pero lo más sustancial en el caso del euskera es que no se ha vuelto a plantear que el idioma vasco y el gallego quedaran relegados ni que el despliegue empiece por el catalán, como insinuó Albares en 2023 y rápidamente tuvo que rectificar. Ese fantasma no ha vuelto a sobrevolar las negociaciones. El Estado también ha argumentado que su propuesta es compatible con los tratados vigentes, y se ofrece a pagar los gastos que, tomando como referencia la experiencia del gaélico, serían de unos 132 millones de euros al año. De todos modos, aún tiene que convencer a los países con minorías de habla rusa, que temen que se abra la espita para reconocer otras lenguas. El Gobierno español trata de hacerles ver que esa comparación no aguanta porque estas son lenguas con protección constitucional y, en el caso del catalán, tienen más hablantes que algunos idiomas ya reconocidos en Europa.
Albares aseguró en TV3 y Catalunya Radio que 20 países están a favor o, al menos, no se oponen a que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales. Dijo que estos países están “en condiciones de avanzar con esta propuesta” pero otros siete “todavía consideran que se necesita más trabajo sobre los aspectos financieros y jurídicos”. Además, quiso aclarar que el Estado español no había retirado ese punto de la votación, sino que fue la presidencia polaca de turno quien lo hizo ante la falta de unanimidad. Pero esta cuestión “sigue en la mesa para conseguir la unanimidad”. El ministro anunció que se pondría en contacto con los estados que dudan esta misma tarde: “El Gobierno de España no va a renunciar y estoy seguro de que esto ya es irreversible”.
Pidió al PP que se sume y no dé “la espalda a 20 millones de españoles y a la Constitución”, porque su apoyo “reforzaría mucho” esta petición en el exterior. Por último, evitó dar plazos.
El PP pone el foco en "las exigencias de Waterloo"
El PP, en un comunicado, aseguró que Sánchez “quería pagar con el dinero de todos los españoles los 132 millones al año que costaba cumplir las exigencias de Waterloo, pese a que ello implicaba cambiar los Tratados de la Unión”. Trataron de defender que no es una cuestión de lenguas, sino de cesiones, y Núñez Feijóo pidió además una reflexión sobre la situación del castellano en Catalunya. Su relación fluida con el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se interpreta como una de las razones por las cuales ese país está rechazando el reconocimiento.
