Madrid ? Acabar a martillazos con un televisor o un ordenador no es forma de desprenderse de aparatos con sustancias peligrosas en sus tripas, que deben tratarse adecuadamente. No lo hacía así una empresa de Erandio (Bizkaia), cuya gestión irregular de estos residuos ha llevado al Seprona a investigar a diez de sus responsables.

Una operación denominada Hondakina de la que ayer dio cuenta la Dirección General de la Guardia Civil, llevada a cabo por los agentes del Seprona en colaboración con Europol y coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente.

Fuentes próximas al caso han señalado a Efe que se trata de la empresa Indumetal Recycling, que, constituida en 1984, se define en Internet como “líderes en la gestión” de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o chatarra electrónica.

Según las fuentes, esta empresa empezó a ser investigada en julio de 2015 tras las sospechas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia de que podría estar haciendo una gestión irregular de RAEEs, sobre todo de los denominados cabezones, que son los televisores y ordenadores de tubo, es decir, los que no tienen pantalla plana.

Calcula la Guardia Civil que cada año esta empresa podría gestionar 2.000 toneladas de estos residuos sin cumplir con los requisitos legales para ello, a pesar de estar autorizada para llevar a cabo esa gestión y cobrar por ello. De hecho, solo una pequeña parte de los aparatos que llegaban hasta allí procedentes no solo de España, sino también en camiones desde Alemania, Francia, Portugal e Italia eran descontaminados, como exige la normativa, mientras que la mayoría eran triturados.

Los agentes decidieron vigilar de cerca la actividad de la empresa, que dispone de los medios necesarios para descontaminar y gestionar los aparatos, lo que requiere un procedimiento concreto según el código de fabricación del deshecho.

Meses de vigilancia permitieron constatar que ya desde la llegada del material, el tratamiento no era el correcto. Así, la propia descarga de los aparatos desde los camiones se hacía por el método de volcado, lo que provocaba la rotura de los mismos y, por tanto, el riesgo de que desde ese primer momento desprendieran sustancias peligrosas era más que evidente.

Y no solo eso, sino que una parte importante del material, al que además no se le había retirado todas las sustancias que contenía, era tratado por maquinaria que lo fracturaba sin cuidado alguno en el patio de la planta. Como consecuencia de esto, la empresa investigada podría haber estado vertiendo residuos procedentes de lixiviados y moliendas a la ría que está próxima o al alcantarillado, con el riesgo de contaminación.

Riesgo también para la salud de los propios trabajadores de la planta, que operaban en contacto con diversos contaminantes sin utiizar las medidas adecuadas de protección. ? Efe