El aumento de recursos económicos no consigue frenar la desprotección infantil en Gipuzkoa

El catedrático de la UPV/EHU Joaquín de Paul Ochotorena, avalado por más de tres décadas de experiencia en este campo, expuso ayer en las Juntas Generales de Gipuzkoa el resumen final del informe elaborado en colaboración con la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Donostia.

El conjunto total de la inversión económica que estas dos instituciones destinan a la desprotección infantil es de casi 39 millones al año. Es complicado encontrar otro territorio que pueda hacer gala de estas cifras. Solo la Diputación invierte al año 24 millones de euros en acogimiento residencial, y cuatro millones en intervenciones familiares.

Un menor en acogimiento residencial supone un gasto anual de entre 80.000 y 100.000 euros. “Se está haciendo un enorme esfuerzo presupuestario. Lo malo es que el resultado no es el esperado y cuando cumple los 18 años vemos que deberían encontrarse en una situación manifiestamente mejorable”, sostiene el autor del estudio.

La Diputación y el Ayuntamiento de Donostia cuentan con 31 funcionarios públicos que trabajan en el sistema de protección infantil, pero la mayor parte de la dotación presupuestaria va dirigida a contrataciones externas. Así, hay 500 personas empleadas en los recursos de acogimiento residencial y unas 200 en los servicios de intervención familiar. Es decir, un equipo de 31 personas debe gestionar el constante goteo de casos de desprotección infantil y un ingente equipo humano. “No es proporcional”, asegura el catedrático de la UPV, que recurrió ayer a una metáfora para trazar el diagnóstico de la actual situación. “Estamos hablando de un pequeño cerebro, con profesionales muy buenos, pero al final y al cabo pequeño, que tiene que manejar unas enormes prótesis, con brazos y piernas inmensas. Es decir, hay mucha inversión, pero toda es externa, lo cual no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Lo que hace falta es una mayor eficacia de los programas que se aplican”, opinó.

El trabajo presentado ayer en la Comisión de Política Social analiza el sistema de protección implantado tanto en la Diputación Foral como en el Ayuntamiento de Donostia. Constata que, a pesar de que el territorio se sitúa muy por encima de otras comunidades respecto a la dotación de recursos asistenciales, los casos de desprotección han aumentado de manera progresiva durante las dos últimas décadas bajo el mandato de gobiernos de diferente signo político.

“Se detectan serios problemas de lo que llamamos estrés del sistema. Los centros se llenan, pero la situación no es contratar a más y más psicólogos. Muchos recursos son concertados y no conocemos el resultado final de los programas que se implantan”, denunció el experto, haciéndose eco de las quejas que le han traslado los técnicos.

Cultura evaluativa Los protocolos de actuación entre las instituciones son “razonablemente buenos”, pero la falta de cultura evaluativa a largo plazo es una rémora que, según constata el estudio, exige acometer una reconversión general del sistema, poniendo un especial énfasis en la detección temprana. “No hay ninguna duda de que las intervenciones se están realizando a edades tardías. A nadie con sentido común se le puede ocurrir pensar que un padre o una madre deja de proteger a sus hijos a partir de los ocho años. Los problemas vienen de mucho antes, incluso antes de que naciera el crío, cuando los padres ya manifestaban factores de riesgo”, expone Ochotorena.

Actualmente son más los chavales que viven en familias de acogida (365) que quienes lo hacen en centros tutelados, donde hay en torno a 316. Pese a ello no se consigue revertir la situación y unos 300 menores se mantienen de manera estable en centros forales desde hace años, una medida que, según la ley, debería ser la última en adoptarse. “Habría que plantearse intervenciones familiares más a corto plazo y con un carácter más pragmático. La intervención es muy larga, ronda los 24 meses. Si en tres no han cambiado las cosas, es posible que algo estemos haciendo mal. Hay programas que no están estructurados ni protocolizados, con una dosis de improvisación muy alta. Se llega tarde a la intervención y no se tiene una conciencia real del problema en su globalidad”, asegura el catedrático.

Ochotorena lamentó ayer que en muchas ocasiones no hay una evaluación de los resultados y demandó la implantación de programas basados en la evidencia. El autor del informe entiende que el Ayuntamiento de Donostia ha mejorado “muchísimo” en los últimos quince años su capacidad de detección de situaciones de desprotección infantil leves y moderadas, y propone implantar esta herramienta con carácter general en todos los municipios del territorio. La propuesta pivota sobre la necesidad de crear una unidad de detección precoz en las que se incluya toda la red escolar y sanitaria.

El estudio parte de la base de que los servicios sociales, tal y como están diseñados en la actualidad, “no son un recurso normalizado para familias de clase media” que asocian estos puntos de atención con situaciones más desestructuradas, por lo que recomienda un nuevo modelo de atención en el que colegios y ambulatorios cobren mayor protagonismo “en un contexto más normalizado” a la hora de ofrecer una salida.

La unificación para Gipuzkoa de todos los programas de intervención y derivación familiar es otro de los aspectos que recoge el informe. “No puede ser que un niño de Soraluce en situación de desprotección no cuente con los mismos recursos que otro de Donostia. Hay que unificar criterios y superar la actual organización basada en el papeleo en las que las instituciones defienden su gestión. Una organización así funciona a la defensiva”, advierte el catedrático de la UPV.