donostia - La ausencia de presupuestos para el presente ejercicio ha llevado al Gobierno Vasco a autorizar un gasto de 461 millones de euros para poder financiar el pago de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) mientras se aprueban las cuentas vascas.
Según explicó ayer el portavoz del Gobierno Vasco, la autorización de gasto para las principales ayudas sociales se realizó a propuesta de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y se trata de “un trámite necesario hasta la aprobación de los próximos Presupuestos Generales”.
La cantidad aprobada para poder abonar las prestaciones -461 millones de euros- es la cifra que figura en los presupuestos de 2016 y que, aunque se calcula sobre datos y estimaciones reales, siempre está sujeta a modificación, ya que dado que la RGI es un derecho subjetivo se concede la ayuda a todas las personas que cumplan las condiciones exigidas.
En 2015, por ejemplo, aunque la partida presupuestaria destinada a la RGI y la PCV ya aumentó casi un 20% respecto al ejercicio precedente, fue necesario complementar la dotación inicial con casi 30 millones de euros debido al incremento registrado en el número de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos. Al acabar 2015 el gasto destinado a las ayudas sociales que gestiona Lanbide ascendió a más de 488 millones de euros, mientras que el presupuesto inicial fue de 461 millones.
En diciembre de 2016 Lanbide tenía registrados 63.797 perceptores de RGI, que son 878 menos que los 64.675 contabilizados en enero del año pasado. Desde la cifra máxima de beneficiarios -66.373 personas- alcanzada en mayo de 2015, las unidades convivenciales que reciben una RGI se han reducido en 2.576.
El Gobierno Vasco recordó ayer que la RGI y la PCV son ayudas que “están destinadas a personas integradas en una unidad de convivencia que no disponga de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y ayudarles a pagar los gastos de alquiler de su vivienda o alojamiento habitual”.
Estas prestaciones se financian a través de los presupuestos vascos, que, al no haberse aprobado aún los del presente año 2017, se encuentran prorrogados. Dentro de esta prórroga, el Ejecutivo cumplió ayer el trámite de autorizar el gasto de 461 millones de euros necesario para poder ir abonando las ayudas.
Por otro lado, el sindicato ELA denunció ayer que el nivel de protección social en Euskadi está “a la cola de Europa”, por debajo del de Portugal, Grecia o el Estado español y exigió 3.000 millones más al año para la equiparación con la media europea. Según los responsables de ELA Adolfo Muñoz y Mikel Noval, siguiendo las pautas de la estadística europea denominada Cuentas de la Protección Social, en la que se recoge qué parte de la riqueza generada en un territorio se destina a protección social, el Eustat ha elaborado las Cuentas correspondientes a la CAV que muestran la situación de Euskadi en 2015 y evidencian que los recursos económicos destinados a protección social fueron 16.938 millones de euros, lo que equivale al 24,5% del PIB.
