Iberdrola quiere cerrar Garoña

donostia - ¿Se ve el cierre de Garoña en el horizonte? Parece que sí. El presidente de Iberdrola -empresa copropietaria al 50% de la central nuclear más antigua del Estado español- trasladó la semana pasada a los sindicatos la decisión de cerrar Garoña por su inviabilidad económica, aunque no dio fechas. Las palabras de Sánchez Galán ya han empezado a ser celebradas por todas las asociaciones y organismos que llevan años reclamando el cierre de la planta, sin embargo, el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones dijo ayer que en su Ministerio no hay ninguna petición de clausura y Nuclenor -la empresa que opera la central- reiteró que esa decisión “no está tomada”.

En un encuentro con las centrales sindicales de Iberdrola celebrado el pasado viernes en Bilbao, Ignacio Sánchez Galán, después de hacer un repaso de la situación de las centrales nucleares y el negocio de producción eléctrica, les trasladó que su apuesta sería “cerrar Garoña porque no es viable” en las actuales circunstancias. La opción del cierre que defiende Iberdrola se sustenta en razones puramente económicas y, según lo comentado por su presidente en la recepción a los sindicatos, podría variar si cambia el marco fiscal vigente en el Estado español. En la Junta de accionistas de la eléctrica -celebrada el viernes pasado- Sánchez Galán respondió a un accionista preocupado por una eventual reapertura de una nuclear con tecnología y medidas de seguridad muy cuestionadas que Santa María de Garoña “no funciona desde 2012” y que decidir sobre si se cierra definitivamente o no “es cuestión de tiempo”.

Tal y como recordó ayer el portavoz de Nuclenor -participada al 50% por Iberdrola y Endesa- la decisión sobre la clausura de la central corresponde adoptarla al Consejo de Administración de esta sociedad y, de momento, “no hay ninguna decisión tomada”. Sin embargo, la “cuestión de tiempo” señalada por Sánchez Galán apunta a que esa decisión no tardará mucho en volver a estar sobre la mesa del Consejo de Nuclenor, como lo ha estado en el pasado, aunque finalmente no se llegara a adoptar.

El CSN sigue trabajando El aplazamiento del debate sobre la conveniencia de clausurar la central se solapa con el lento avance de los trabajos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de cara a la tramitación de su solicitud de apertura hasta el año 2031. De hecho, el pasado mes de febrero el pleno del CSN retomó la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento mejoradas de Garoña y las propuestas relativas a las modificaciones de diseño sobre independencia de sistemas eléctricos, aislamiento de la contención primaria, protección de equipos relacionados con la seguridad frente a la caída de la cubierta del edificio de turbina tras un incendio, y a la ampliación de las condiciones de utilización del edificio de almacenamiento de material usado.

Así, mientras los trámites para autorizar su reapertura y extensión de funcionamiento continúan, las intenciones de una de las empresas propietarias parecen ir por otro lado. Ayer el sindicato ELA hizo pública una nota en la que explicaba que Ignacio Sánchez Galán les “trasladó la decisión de clausurar” la central de Garoña por “motivos económicos”. Posteriormente la sección sindical de ELA en Iberdrola informó a la plantilla de la empresa del contenido de la reunión, incluido el asunto del cierre de Garoña, a través de una nota interna. En su comunicado, y ante el silencio oficial de la empresa, la central sindical reiteró su exigencia de un cierre “definitivo e inmediato” de Garoña y pidió a Iberdrola que “confirme públicamente la decisión del cierre” de la central.

Por su parte el secretario de la sección sindical de CC.OO. en Iberdrola en el ámbito estatal, Modesto Fernández, comentó que lo que les trasladó Ignacio Sánchez Galán “no es nada nuevo”. Sobre los motivos económicos esgrimidos por el primer ejecutivo de la eléctrica, Fernández recordó que la central requeriría de unas inversiones para prolongar su vida útil y el planteamiento de Iberdrola es que, “si económicamente no es rentable, no están para perder dinero”. El responsable de CC.OO. explicó que hay que tener en cuenta que un cierre “tiene que autorizarse por el Gobierno”. “Además, yo no sé si mañana, con un Gobierno nuevo, cambian las tasas, los impuestos y la central es viable económicamente y no se cierra”, añadió Fernández.

Parada desde 2012 Santa María de Garoña está en situación de cese desde mediados de diciembre de 2012, aunque su permiso para producir electricidad expiraba el 6 de julio de 2013, sin que al acercarse esa fecha la empresa titular hubiera pedido una renovación de su licencia. Sin embargo, un año más tarde, el 27 de mayo de 2014, el Consejo de Administración de Nuclenor solicitó renovar la autorización de explotación de la central hasta el 2 de marzo de 2031, cuando se cumplirían los 60 años de operación. Esta autorización requiere del visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, organismo cuyo consejo está controlado por el PP, que es proclive a la reapertura.

La petición para prolongar el funcionamiento de la central hasta 2031 se basó en el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado mediante Real Decreto 102/2014, del 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.

A la espera de que los representantes de Iberdrola en el consejo de administración de Nuclenor vuelvan a plantear la conveniencia “económica” de cerrar la central nuclear, el futuro de la planta también se está viendo afectado por el aplazamiento en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares previsto en la localidad conquense de Villar de Cañas. Esta circunstancia estaría detrás de la decisión de hacer en Garoña un Almacén Temporal Individualizado (ATI), para albergar los propios residuos que ha generado la central burgalesa durante décadas. A falta de confirmación sobre estos planes, hace una semana el comisario europeo para la Acción sobre el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, confirmó a la eurodiputada del PNV y vicepresidenta de ALDE, Izaskun Bilbao, que la Comisión Europea carece de datos sobre la posible instalación de un depósito de residuos nucleares en Garoña.