donostia - A lo largo de este año el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco revisará su protocolo de atención a través de Lanbide a las mujeres víctimas de la violencia machista, para tener en cuenta sus especiales circunstancias y las dificultades que tienen para rehacer sus vidas. En muchas ocasiones no solo tienen que abandonar la vivienda que compartían con el agresor, sino que también deben cambiar de localidad de residencia, dejar su empleo y hacerse cargo de los hijos sin contar con ingresos regulares.

El Servicio vasco de Empleo ya cuenta con un protocolo y personal especializado para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, pero desde hace meses el procedimiento está en revisión con el objetivo de mejorar la atención en las oficinas de Lanbide y corregir carencias. Gran parte de las conclusiones y modificaciones que se incluirán en el nuevo planteamiento de atención en Lanbide se han redactado en colaboración con Emakunde y otros departamentos del Gobierno Vasco. Además, la consejería que dirige Ángel Toña reconoce que algunas modificaciones propuestas se han incluido tras analizar las denuncias de varias asociaciones.

Sobre los obstáculos y dificultades que las mujeres víctimas de violencia machista encuentran a la hora de acceder a las ayudas sociales que gestiona Lanbide -la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV)-, el consejero señaló a la Cámara vasca que “cuando una persona víctima de violencia de género solicita la Renta de Garantía de Ingresos, Lanbide ofrece un tratamiento prioritario y adaptado a sus circunstancias”. Además, la normativa que regula la RGI recoge varias excepciones para este colectivo que permiten “flexibilizar” los requisitos de acceso a la prestación.

Cambios No obstante, hay casos en los que ni las excepciones previstas para las víctimas ni la flexibilización de las condiciones de acceso a las ayudas sociales permiten que las mujeres obtengan las prestaciones que necesitan. Según explicó el consejero, estos cambios afectarían a la exigencia a las víctimas de violencia de género de presentar una orden de protección para ser consideradas como tales y al plazo máximo para iniciar los trámites judiciales de divorcio desde la separación de hecho de su pareja.

También se podría modificar la normativa que limita el cobro de la ayuda para vivienda cuando se tiene una casa en propiedad, aunque la víctima no pueda residir en ella tras la denuncia. El consejero añadió que en relación con este tema se prevé establecer un nuevo criterio. “Las víctimas de violencia machista que se vean obligadas a abandonar su vivienda en propiedad (al 100%) no deberán sacar rendimiento económico a su vivienda durante los dos primeros años -hasta ahora era uno-, aunque no sea su vivienda habitual y tendrán derecho a cobrar la PCV si están de alquiler en otro domicilio. Una vez transcurrido ese periodo y siempre que la vivienda sea en propiedad al 100%, sí que tendrán que sacar rendimiento económico a su vivienda, bien a través de la venta o el alquiler de la misma”.

Otras medidas o actuaciones previstas por Lanbide para mejorar la atención de las víctimas del machismo incluyen una evaluación anual de los casos tratados, el diseño de un programa específico para la inserción laboral de estas mujeres, definir las funciones del personal especializado que trata con ellas (tutores) y obtener datos de las acciones de orientación e inserción laboral (cursos, contrataciones, etc.).