"Un nuevo protocolo permite por fin la convivencia entre la Salud mental y la Justicia en Gipuzkoa"

¿Esta nueva unidad de psiquiatría era necesaria?

No me cabe ninguna duda, así como era necesario el protocolo de actuación que hemos elaborado entre Justicia y Salud Mental de Gipuzkoa. Es un protocolo que va mucho más allá del complejo de Arrasate, ya que nace para dar una respuesta global a todas esas situaciones que se plantean en el ámbito judicial y que tienen una repercusión u origen en la salud mental.

¿Y hasta ahora qué línea de actuación se ha seguido con los enfermos mentales que delinquían?

Había cierto nivel de descoordinación. Salud mental tenía sus prioridades, y Justicia las suyas. Eran dos realidades que coexistían pero no convivían, y cada una trataba de responder de la mejor manera posible a sus propios retos y objetivos. Dentro de esa actuación separada, estaba la realidad de aquellas personas con enfermedades mentales graves que se encontraban cumpliendo la pena en prisión. A otros se les imponía una medida de seguridad y eran derivados a los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Fontcalent (Alicante), o Sevilla, muy alejados de su entorno familiar.

El aislamiento para estas personas no será precisamente lo mejor...

Desde luego que no es la mejor opción. Ha habido un enorme alejamiento del entorno familiar y social en la rehabilitación, cuando es un elemento muy importante en la propia rehabilitación.

¿Como magistrado se ha llegado a sentir mal juzgando casos en los que acaban entre rejas personas que deberían ingresar en otras unidades?

Sin duda, de ahí viene el esfuerzo y la respuesta adecuada que estamos dando. La pauta de actuación surge desde las experiencias personales de la Sanidad y de la Justicia. Nos hemos reunido en torno a una mesa, y de ahí ha surgido la nueva pauta de actuación. Hemos conseguido construir un cuadro en el que hemos encajado todas las piezas del puzle (muestra los documentos donde se pueden ver el esquema de trabajo acordado).

Acaba de celebrarse un juicio por asesinato, en la Audiencia provincial que usted preside, en el que se sentó en el banquillo un joven en tratamiento psiquiátrico que mató de varios disparos a su tío. Unas semanas atrás otro varón en tratamiento había asestado puñaladas al dueño de su piso en Tolosa. ¿Son casos aislados o hay algo más?

Evidentemente, hay un goteo de casos. No ocurren con frecuencia, pero cuando suceden son lo suficientemente graves y dañinos como para generar un impacto social. Es cierto que han coincidido, pero si hacemos un examen estadístico podemos apreciar que el porcentaje no es especialmente significativo. Otra cosa es la sensación que puedan dejar estos delitos graves. Hay que dejarlo bien claro: los estudios no reflejan en las personas con patología mental indicios de criminalidad más elevados que en aquellas que no la padecen.

¿Qué ocurre con los tratamientos psiquiátricos de estas personas?

Es algo que hemos visto durante la celebración del juicio de la semana pasada, una vez practicada la prueba sobre los hechos ocurridos en Lasarte-Oria. El problema es cuando el enfermo no sigue las pautas farmacológicas que tiene establecidas. Son casos en los que el entorno familiar no existe, o está desestructurado, o no tiene capacidad de contención...

¿Es cierto que ese joven que mató a su tío hacía vida normal hasta que dejó de tomar la medicación?

Así es. El problema surge con la descompensación. Es un joven al que se le diagnosticó esquizofrenia paranoide en el año 2007. Desde entonces seguía el tratamiento correctamente en su centro de salud mental, hasta el punto de insertarse laboralmente. Pero en un momento determinado, por razones que se desconocen, dejó de acudir al centro. Dejó de tomar los fármacos necesarios para el tratamiento de su enfermedad y comenzó a consumir drogas. Es a partir de ahí cuando se generan los elementos de riesgo suficientes como para que en un momento determinado se pueda producir un suceso como el ocurrido.

En ese contexto nace el nuevo protocolo de actuación. ¿Cómo lo definiría?

Está orientado hacia personas con patología que entran en el sistema judicial porque han cometido un hecho delictivo, o bien porque hay que establecer un tratamiento médico imperativo porque están descompensados, sin capacidad para adherirse a un tratamiento en libertad. El protocolo consiste en dar una respuesta coordinada en estas dos materias.

¿Cuántas plazas tiene la unidad psiquiátrica de Arrasate?

Tiene cinco plazas con vocación de ampliarlas a diez. Visto así, puede parecer una oferta escasa, pero en Gipuzkoa hay otros centros que permiten dar respuesta judicial a este tipo de situaciones. Aita Menni está pensado para personas condenadas con enfermedades mentales graves y necesidades asistenciales evidentes, es decir, que precisan un tratamiento imperativo y además precisan de un nivel de contención muy elevado porque existe un riesgo de autolesión o fuga alto. La idea es crear una estructura completa en la que Aita Menni sea una unidad muy definida, que hasta ahora precisaba de una respuesta.

¿Qué balance hace de los seis meses de funcionamiento del complejo?

La coordinación está funcionando. Desde el punto de vista de la calidad asistencial y del apoyo familiar y social creo que los beneficios son incuestionables.

¿Y qué ocurre con el resto de enfermos mentales con condenas?

Está el Hospital Juan de Dios, en Donostia, o las comunidades terapéuticas...

¿Ha percibido durante este tiempo la soledad de las familias?

Nos han traslado su desazón, su malestar por el hecho de que sus familiares tuvieran que cumplir la condena en hospitales psiquiátricos penitenciarios como el de Fontcalent (Alicante), muy alejados del entorno familiar. Tenían la sensación de estar apartados, algo que siempre ha sido una de las grandes reivindicaciones de las familias.

¿Hay muchos enfermos mentales graves en prisión?

El 8% de las personas que cumplen condena en centros penitenciarios tiene una patología mental grave, como puede ser de tipo psicótico o esquizofrénico. No hablamos de personas con síntomas depresivos o de ansiedad que, evidentemente, representan un porcentaje superior.

En todo caso, son muchos...

Teniendo en cuenta que la población penitenciaria se eleva a nivel nacional a más de 60.000 reclusos, estamos hablando de una cifra apreciable.

¿Pero no resulta complejo actuar en los casos en los que el paciente no toma la medicación? ¿Cómo hacerlo sin invadir su vida privada?

Es un asunto muy complicado. En otros países se plantea que la autoridad médica comunique inmediatamente a la autoridad administrativa o judicial esa situación para que se pueda examinar qué está ocurriendo. Nuestra legislación no lo contempla. Aquí, cuando la descompensación es de tal calibre que la persona está alterada, cabe la posibilidad de dar cuenta a la autoridad y postular lo que se llama la autorización de un internamiento. Son ingresos hospitalarios que se autorizan judicialmente contra su voluntad y de forma imperativa.