La reforma del Código Penal se ha convertido en la nueva amenaza de los inmigrantes del top manta, que temen que la tipificación de la venta ambulante como delito termine encerrándoles en las cárceles o, peor aún, expulsándolos del país. Muchos de ellos tienen miedo a protestar ante los policías que les suelen perseguir en las calles solicitándoles su documentación, pero reconocen que no hay alternativa posible. Convencidos, estos vendedores han decidido movilizarse contra la reforma para evitar que su actividad se convierta en delito. Mbaye, portavoz de la Asociación Sin Papeles de Madrid, detalla el plan que los vendedores, la mayoría inmigrantes de origen subsahariano en situación irregular desde hace años, están diseñando para hacer frente común ante la reforma: unidad y movilización ante un cambio que consideran "desproporcionado".
"Saldremos a las calles y haremos lo que sea para que la venta ambulante no sea considerada un delito", destaca el joven, que reconoce el riesgo que corren porque pueden ser fichados y perseguidos por los agentes. "Es lo que hay, no podemos tener miedo", apostilla. "¿Sabes que vender en la calle va a ser delito? ¿sabes que por vender en la calle puedes ir a la cárcel? ¿sabes que la condena puede ser entre seis meses y dos años?", preguntan a otros manteros en panfletos en castellano y francés para informarles.
"Vamos a los sitios donde hay manteros, les hablamos boca a boca y les pedimos que se unan a nosotros", afirma Mbaye antes de destacar la necesidad de salir a la calle para que "la gente sepa a lo que realmente nos enfrentamos". Y así sucedió el pasado 6 de noviembre. Custodiados por agentes policiales, más de un centenar de manteros, más acostumbrados a huir de la Policía que a manifestarse ante los agentes, protestaron ante el Ministerio de Justicia contra la futura ley que contempla penas de hasta dos años de cárcel.
Fuentes del Ministerio de Justicia explican que este cambio pretende dar respuesta al problema que plantea la regulación actual, que establece como falta todo beneficio económico inferior a 400 euros, algo que dificulta la persecución de conductas graves. Justicia precisa que la regulación permitirá que se sigan imponiendo sanciones menores a los top manta, en función del beneficio obtenido, al mismo tiempo que permitirá sancionar adecuadamente a los distribuidores con estructura comercial.
Los manteros piden que la situación se mantenga como está (como una falta) porque si bien "no podemos decir que sea legal, tampoco que sea delito", admite Mbaye, quien explica el porqué de dedicarse al top manta. "Vendemos en la calle porque si uno no tiene papeles no puede trabajar; si no trabajas no tienes otra cosa, y para no hacer una cosa fea o un delito, la gente prefiere exponerse a la calle para demostrar que no hacemos algo malo, no somos delincuentes", asegura. Se trata de un problema más en el particular vía crucis de estos inmigrantes, quienes se agarraron a la venta de discos y películas piratas como su forma de supervivencia pese a que la "industria" ha sido también golpeada por la crisis económica.
Mbaye quiere dejar claro que el top manta no es su sueño, sino que cada uno quiere trabajar en su oficio y tener los papeles, aunque lo ve imposible si alguno de ellos es condenado y, por tanto, genera antecedentes penales. En este sentido, la reforma actual establece que los antecedentes por faltas se registrarán como delitos, si bien no computarán a la hora de resolver sobre la agravante de reincidencia o valoración de la posibilidad de suspender la ejecución de la pena. Pese a su manifiesta preocupación por los antecedentes penales, lo que verdaderamente quita el sueño a los manteros es que la reforma sirva de puente para una futura expulsión.
