Donostia. La infrautilización de locales, viviendas y terrenos, y la necesidad de hacer caja han llevado al Gobierno español a preparar un programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado que contempla en los próximos dos años la venta de 15.135 inmuebles, de los que una veintena se encuentra en Gipuzkoa. Entre ellos destacan dos de las plantas del edificio que en la calle Idiakez de Donostia acoge el Hogar del Jubilado, 30.000 metros cuadrados de la margen izquierda del río Urumea en Loiola, una parcela de casi 2.000 metros cuadrados en la yeguada militar de Lore Toki o el antiguo edificio de Correos en la plaza del Ensanche de Irun (tasado en casi dos millones de euros).
La Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales aprobó el 8 de mayo de 2012 el Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario de la Administración General del Estado en el que se enmarca este programa, concretado por diversos centros gestores.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy se planteó cinco objetivos: realizar un diagnóstico preciso de la situación inmobiliaria; reducir en dos años un 20% el gasto en arrendamientos; optimizar la ocupación de espacios; incrementar los ingresos públicos, impulsando los procesos de enajenación; y construir nuevos equipamientos de carácter autofinanciables a medio plazo.
El primer resultado, dado a conocer esta semana por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es el listado de más de 15.000 inmuebles que el Estado quiere vender.
Se trata de propiedades adscritas a diferentes ministerios y categorías, como inmuebles rústicos (4.832), oficinas (126), solares (382), viviendas (1.869, sin tener en cuenta las 6.906 que tiene solo el Ministerio de Defensa), edificios de viviendas (61), locales comerciales (805), edificios industriales (19), garajes (16) y edificios singulares (98).
El plan plurianual aspira a que el Estado se deshaga de ellos en los tres ejercicios que van hasta 2015, aunque, como reconocen fuentes de la Subdelegación del Gobierno español en Donostia, será una tarea larga. Tanto que se antoja complicado que alguno de los veinte inmuebles de Gipuzkoa salgan a subasta antes de 2014.
El documento de Reforma de la Administración en el que se fundamenta el programa reconoce la "falta de información precisa y actualizada, elevada dispersión de sedes, elevados costes de arrendamiento, reducidos niveles de ocupación y patrimonio sin utilizar".
Un ejemplo de ello es el número 6 de la calle Idiakez de la capital guipuzcoana. Aunque el documento oficial lo describa como un inmueble "con ocho plantas en parte transferido", fuentes de la Subdelegación del Gobierno español en Donostia explican que en esa subasta no se vería afectado el espacio que ocupa hoy en día el Hogar del Jubilado en este edificio que se halla adscrito al plan concreto de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En dicha relación hay inmuebles de los principales gestores de patrimonio del Estado como el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamento de Defensa (Invied), Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Seguridad (Giese) y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), entre otros.
Viviendas y terrenos En el caso de Gipuzkoa, la mayoría (seis) pertenece a la Dirección General del Patrimonio del Estado: tres oficinas en la capital guipuzcoana, dos edificios en Irun (uno de ellos arrendado) y unos garajes en Bergara.
Otros cuatro inmuebles están adscritos al Invied. Entre estos, los 30.000 metros cuadrados de la zona de Loiola (en el lado del río Urumea por el que transcurre la vía de tren o se encuentra la depuradora), casi 2.000 metros cuadrados de los 400.000 de la yeguada militar de Lore Toki en Errekalde, 12.000 metros cuadrados en Punta Atalaya (en la zona del monte Ulia próxima a Pasaia) y cuatro parcelas del camino del fuerte de San Marcos (Errenteria).
Además del edificio de la calle Mayor de Irun, hay más viviendas en Gipuzkoa que saldrán a la venta: una en la ciudad bidasoarra, otras dos en Beasain -las tres adscritas a Adif- y una cuarta en Elgoibar -gestionada por Correos, perteneciente al grupo SEPI-. Serán los inquilinos de estas viviendas los que en primer lugar tendrán derecho a quedarse los inmuebles en propiedad al precio de tasación.
Del listado de las 20 propiedades localizadas en Gipuzkoa, solo son dos las que aparecen con un precio de tasación. Son la propia vivienda de Elgoibar en la calle San Ignacio, de 128 metros cuadrados y valorada en mayo de 2012 en 225.524,53 euros, y el antiguo edificio de Correos en la plaza del Ensanche de Irun, uno de los inmuebles a priori más apetecibles.
Correos dejó de prestar sus servicios en esta sede en febrero de 2007, cuando se desplazó a la oficina de la calle Luis Mariano. Con cinco plantas, este edificio residencial con 960 metros cuadrados construidos fue tasado en junio de 2012 en 1.950.500 euros. Aun así, fuentes de la Subdelegación explican que, en el proceso de preparación de subasta, tendrían que volver a ser tasados. Según la legislación vigente, el valor fijado debe tener, como máximo, un año de antigüedad, algo que ya se ha superado en ambos casos.
Incógnitas a resolver Si hay algo claro es que, tal y como ha previsto el propio Gobierno español, será un proceso largo, no ya solo en el caso de los inmuebles guipuzcoanos. Una vez se acaben de definir las características y la situación concreta de las más de 15.000 propiedades -algunas de las cuales pueden no acabar saliendo a subasta-, deberá empezar el proceso de puesta a punto para la venta. Esto supone que todos los inmuebles deben pasar a estar adscritos a Patrimonio -tras haberlas desadscrito a su vez del ministerio de turno al que pertenecen en la actualidad-.
Cuando se corrobore que, en efecto, la propiedad que se pretende subastar no resulta útil para la Administración del Estado, sale a la venta con base en la ley 30/1992 en unas condiciones que, en este caso, están por decidirse (si se venden de manera individual, si se agrupan por lotes...).
El resto de las administraciones públicas, con el derecho de tanteo y retracto, pueden hacerse diez días antes de la puja con las propiedades al precio tasado como máximo un año antes. Aunque ya hubiera comprador público, se realizará la subasta a la que los particulares pueden acudir a pujar por si la institución que se había comprometido a quedarse con el inmueble finalmente no se hiciera cargo de él.
