El acceso a la vivienda ha dejado de ser un problema para rondar la categoría de catástrofe. En el caso de Donostia, el precio de venta ha alcanzado cotas de inaccesibilidad, con un precio medio por metro cuadrado de 5.824 euros, siendo en algunos barrios muy superior. La opción del alquiler se ha vuelto inexistente. Casi no salen viviendas a este mercado y cuando salen los precios son altos, son muchas las condiciones a cumplir y, además, vuelan.
Isaac Lagos y Elías Amaya son dos inquilinos de las viviendas que el fondo Azora posee en Donostia, en este caso en la avenida de Ategorrieta.
Lagos y Amaya pagan alquileres por encima de los 1.100 euros para viviendas, recuerdan, que les fueron entregadas en muy malas condiciones, pésimas en algunos casos.
La dificultad de contactar con Azora a la hora de realizar reclamaciones y la indefensión que han sentido hizo que trataran de buscar apoyo y asesoramiento. Otra inquilina que había sufrido también penalidades diversas (se cayó el techo de su salón) les puso en contacto con el sindicato Saretxe, que aseguran que les ha servido de gran apoyo y cuyas representantes, Noa Goikoetxea y Nerea San Martin, les acompañan en su conversación con NOTICIAS DE GIPUZKOA.
Cláusulas abusivas
Lo explican las representantes de Saretxe. El conflicto echa a andar en 2020 con la compra por parte de Azora de “los pisos que poseía la Inmobiliaria Vascongada, por ejemplo, en la avenida de Ategorrieta, la calle de la Salud, calle Easo y calle Zabaleta”.
La relación entre Saretxe y algunas de las personas que habitan en estas viviendas surgió de la mano de una vecina que contactó con ellas buscando ayuda para conectar con Azora, algo que le resultaba casi imposible, para pedir que le solucionaran los múltiples problemas de su piso.
Ya después, Saretxe comenzó a analizar también los contratos, apreciando la existencia “de cláusulas abusivas, incumplimientos, seguros de impagos...”. También el sindicato tuvo complicado contactar con la propiedad. De ahí que comenzarán a trabajar para “sumar fuerzas y para organizarse”.
“Hemos conseguido que hagan los arreglos reclamados, pero no que se sienten para negociar de modo colectivo”. De ahí que las y los inquilinos hayan dejado de abonar el seguro de impago, que no las mensualidades, como medida de presión.
Los testimonios
A Isaac Lagos le suben “cada año el seguro de impago”. “He tratado de negociar poderlo contratar con alguna otra entidad, pero Azora me dice que no, que tiene que ser con ellos”, explica.
Lagos entró a vivir en un piso de la avenida de Ategorrieta en 2021. “Todos los contactos han sido por Internet, y a mí no se me da muy bien”, explica este joven migrante con trabajo y un salario que le permite hacer frente, con sacrificio, a un alquiler que supera los 1.100 euros mensuales.
El contrato incluye que el IBI, los gastos de comunidad, el seguro, etc. corren a cargo del inquilino. Cada año el alquiler sube “lo que estipula la ley”, cuando inicialmente le dijeron “que la subida sería cada tres años”.
Lagos recuerda las condiciones de su casa cuando se la dieron “quince días después” de lo pactado. “No tenía conexión al gas ni a la luz. No tenía lavadora, no tenía frigorífico. Ningún mueble, las luces colgaban del techo, ventanas malas... Lo único que era bueno era la puerta, igual por el tema de los okupas”, explica.
Tuvo problemas de humedad y con la caldera. “Se lo dije pero no obtenía respuesta. Un día apareció una persona, vio que la caldera no funcionaba y dijo que avisaría para que alguien la revisara. Nunca llegó. Lo tuve que pagar yo. Se ha estropeado tres veces, porque tiene 25 años, y las tres las he pagado yo, cuando en el contrato ponía que estos arreglos debían asumirlos ellos. Lo único que me trajeron fue la lavadora y el frigorífico y me pusieron un buzón”, añade.
"Nos han llegado a cobrar 18 céntimos por cada mensaje que nos mandan y contactar con ellos es imposible"
“Me han mandado correos amenazantes y he recibido llamadas. Pero yo no puedo contactar con ellos. Mandas mensajes y no contestan. En las oficinas de aquí te remiten a Madrid ”, asegura.
Lagos, tras un viaje a su país de origen y “problemas con los aviones”, tuvo que destinar a este fin el importe que tenía reservado para dos mensualidades: “Dejé dos meses sin pagar, pero aceptaron que se los abonara con lo que me devolvían de la declaración de la renta. Aceptaron, aunque sin papeles firmados”.
Orden de desahucio
“Los dos meses ya están pagados pero me cursaron una orden de desahucio”. El tema llegó a tribunales y Lagos está esperando la resolución de la apelación después de que el juzgado diera la razón a la propiedad. “No debo mil meses, debía dos y ya están pagados”, señala incrédulo.
En el caso de Elías Amaya, la relación con Azora comenzó en 2023, coincidiendo con el nacimiento de su tercer hijo. Cuenta cuál era la situación. “Yo vivo en un sexto piso, el último. Las ventanas estaban en muy mal estado, entraba agua. La terraza estaba llena de excrementos de paloma, porque encima de mi casa hay cientos de estas aves”.
Ante esta situación, y con niños pequeños en casa, “me harté de mandar correos, más de cien, y de enviar vídeos mostrando cómo estaba todo”. “La chica que me dio las llaves me dijo que me lo limpiarían. Tardaron y al tiempo hicieron una limpieza muy por encima. Las ventanas no las arreglaron”, asegura.
“A veces me suben en un mes algo en la renta sin saber los motivos. Yo pago 1.145 por contrato y el mes pasado pagué 1.170. Cuando trato de hablar con ellos, es imposible. Cuando ellos te piden un mes, te fríen a mensajes”, añade.
“Necesito arreglar la puerta del salón porque pasa el frío y tengo que poner toallas. Me han mareado y solo pido un número de contacto para que me lo reformen”, asegura.
Sin poder contratar el seguro con otra entidad
Tampoco él pudo negociar el pago del seguro con otra entidad. “Pago 600 euros al año y no me arreglan nada. Tengo las persianas en malas condiciones. Los buzones están hechos pedazos, ni tienen llave”, añade.
Elías e Isaac se han plantado en el abono del seguro de impago. “Otros vecinos quizá no lo hacen porque tienen miedo, por cómo está la vivienda. Y lo que pedimos es que nos atiendan, que nos respondan”, añade Amaya, que afirma que en su bloque también hay problemas de seguridad. “La puerta de entrada se abre con un empujón y me he encontrado con gente dentro”, destaca.
“Hay miedo por cómo está el tema de la vivienda, pero no podemos estar callados, porque pagamos más de 1.100 euros al mes, además de todos los gastos. Pedimos que haya una interlocución y un mantenimiento”, afirman.
“No es justo. Porque vemos cómo reforman, con qué materiales, los pisos que se van quedando libres. Todo nuevo, para alquilarlos más caros”, señalan.
Un alquiler, un salario
“Pagamos casi 1.200 euros, cogimos pisos inhabitables, los hemos mejorado y no nos escuchan. Eso pedimos, que nos escuchen. Mientras, nos cobran 18 céntimos por cada mensaje que nos mandan para recordar que no hemos pagado el seguro”, reivindican.
Isaac y Elías son inmigrantes, como muchos del resto de inquilinos de los bloques de Ategorrieta. Aunque el perfil de los arrendatarios difiere, ya que en otros bloques hay personas mayores, con muchos años de alquiler a sus espaldas, pero que “están en las mismas condiciones”.
A Amaya y Lagos para acceder a las viviendas les pidieron “de todo menos un riñón”. Pero, reconoce Elías Amaya, “la desesperación por acceder a una vivienda” hizo que aceptaran el piso en las condiciones que se hallaba. “Me da rabia que me hayan mentido, porque no me han arreglado lo prometido”, apunta.
Mientras, Saretxe sigue trabajando para que se replantee el tema de los seguros de impago. “Hay incluso un par de sentencias favorables”. Queda mucho camino de andar.
“Aquí no hay desahucios todos los días como en el Raval, pero hay conceptos invisibles que debes aceptar para poder entrar en la vivienda”, lamentan las representantes de Saretxe.
