Garitano: "Solo hemos aplicado leyes que estaban en vigor en favor del euskera"

Donostia. Las medidas promovidas por la Diputación de Gipuzkoa para impulsar la utilización del euskera siguen levantando polémica. La decisión de hacer ruedas de prensa únicamente en este idioma (con traducción simultánea) y la de exigir el título EGA al menos a dos de los técnicos de las empresas que optan a concursos públicos continúan suscitando críticas, pero, ayer, el diputado general, Martin Garitano, se reafirmó en su postura. Según indicó, su Gobierno "simplemente garantiza el ejercicio de todos los derechos por parte de todos los ciudadanos, también los lingüísticos".

Garitano hizo esta reflexión durante una comparecencia ante la prensa, tras conocer las declaraciones en las que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que opinó que existen "indicios claros" de ilegalidad en la exigencia del conocimiento del euskera en los pliegos de condiciones de contratación de obra.

A este respecto, el mandatario guipuzcoano explicó que lo que ha hecho su Gobierno en este asunto "ha sido, ni más ni menos, aplicar las leyes, decretos y acuerdos forales que estaban en vigor", aprobados antes de que Bildu accediera al poder.

"Creemos que quien tiene un problema, primero de desconocimiento y luego de respeto a la ley, es el Gobierno español si se dedica a advertir o a amenazar a instituciones legítimamente elegidas que aplican la ley, los decretos forales y los acuerdos del Consejo de Diputados tal y como están aprobados antes de entrar nosotros en el Gobierno", insistió.

El mandatario de Bildu recordó, en este sentido, la existencia de "una Ley de Bases, un decreto foral y un acuerdo del Consejo de Diputados que se refieren al derecho de todos los ciudadanos a comunicarse en euskera con las instituciones públicas" y a "incluir por parte del Gobierno foral en los pliegos de contratación las condiciones lingüísticas que debe de cumplir un mínimo para comunicarse también la dirección de cualquier obra con los ciudadanos en euskera y castellano".

El diputado general remarcó asimismo que la aplicación de los nuevos criterios lingüísticos de la Diputación "no incumpliría", en su opinión, "la ley de contratos del Estado", ya que "lo que la incumpliría sería no aplicar esta ley, este decreto y este acuerdo".

Abogacía del Estado Pero sus argumentos siguen sin convencer al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que cree existen "indicios claros" de ilegalidad en la exigencia del conocimiento del euskera en los pliegos de condiciones de las contrataciones de obras de Gipuzkoa.

Según indicó, esta cuestión está "en estudio por parte de la Abogacía del Estado como consecuencia del indicio claro de no ajustarse a la ley". En un acto del PP celebrado en Donostia, aseguró que hasta que la Abogacía del Estado no finalice el estudio, el Gobierno "no actuará en consecuencia ni se pronunciará".

Por su parte, la portavoz de la Diputación y diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, volvió a defender la introducción del criterio lingüístico del euskera en la licitación de obras públicas porque, según indicó, es "lamentable" que los responsables de las obras "hablan solo español".

Al margen de este enredo de expresiones, la patronal guipuzcoana Adegi declinó entrar a valorar la decisión de la Diputación, al considerar que se trata de una medida con un "pequeño tufo electoral".