Donostia. La familia de Hondarribia amenazada de desahucio del caserío donde vive en alquiler estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia que le obliga a abandonarlo. Los afectados no descartan optar, previamente, por una apelación ante el Tribunal Supremo.
Los inquilinos han desechado apelar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco porque estiman que las posibilidades de que su recurso prospere son escasas, según avanzó ayer a este diario Mari Carmen Guruchet, arrendataria del baserri.
Esta mujer explica que el día 11 de junio finaliza el plazo para continuar con el litigio, por lo que, si no recurren antes de esta fecha, deberán salir del caserío en el que han residido tres generaciones de la familia desde 1907. No obstante, Guruchet confirma que continuarán con el caso en los tribunales, lo que también les concederá unos meses de margen para tratar de ponerse en contacto con los propietarios y negociar con ellos.
Hasta el momento, los dueños del baserri no han hablado con los arrendatarios, pese a que estos últimos han intentado entablar comunicación en diversas ocasiones. De hecho, según pormenoriza Mari Carmen, el propio alcalde de Hondarribia, Aitor Kerejeta, ha intercedido en el contencioso para buscar un acuerdo entre las partes. El primer edil sí ha logrado entablar conversación con los arrendadores, si bien estos han optado por guardar silencio.
Antes de llegar a esta situación, la Audiencia de Gipuzkoa declaró "nulo el procedimiento" que el abogado elevó para recurrir el primer fallo, fechado el 26 de octubre. El rechazo a su apelación se debió a que su letrado no depositó en el juzgado todas las rentas ingresadas por Mari Carmen en una cuenta propia tras el rechazo de los arrendatarios a cobrarlas porque entendían que el contrato había expirado años atrás. En la primera sentencia, la familia tenía cinco días para recurrir y también para trasladar las cuotas abonadas a la sede judicial, aspecto este último que no se cumplimentó.
abuelo El origen del arrendamiento familiar se remonta a 1907, cuando el abuelo de Mari Carmen suscribió un primer contrato. Tras el fallecimiento de este en 1968, continuaron con el alquiler del caserío uno de sus hijos y un yerno, José María Guruchet, padre de Mari Carmen. A la muerte del progenitor de esta hondarribiarra, en 1994, ella siguió como inquilina en el baserri, denominado Saroizigarronea, situado en el barrio de Arkoll.
Esta mujer recuerda que el propietario acudía al caserío a cobrar la renta en un ambiente de cordialidad. Sin embargo, a finales de los 90, el hombre comenzó a padecer problemas de salud y se quebró esta costumbre, por lo que cree que fueron sus hijos, y actuales propietarios tras la muerte del dueño, los que tomaron las riendas.
Mari Carmen suponía que estaba acogida a un arrendamiento rústico histórico, aspecto que los dueños del caserío no se cuestionaron hasta el año 2000. Una vez iniciadas las desavenencias, los arrendadores se negaron a cobrar las mensualidades, pese a lo que Mari Carmen ha continuado pagándolas en una cuenta corriente abierta para ese fin. La disputa acabó en un juicio, en el que, según el fallo conocido en octubre, se estimó que, cuando falleció su padre, "el contrato debió haberse extinguido" y, además, no podía acogerse a la Ley de arrendamientos rústicos porque "ni era ni es profesional de la agricultura". Mari Carmen recuerda que a lo largo de su vida ha invertido más de 180.000 euros en mejoras realizadas en la vivienda, mantiene cultivos y cría animales.
