Donostia. Fiscales, abogados y también los políticos. La asociación Sos Bebés Robados continúa la búsqueda de apoyos para esclarecer la presunta trama de adopciones irregulares desarrollada entre los años 50 y 90, cuando en ciertos hospitales, supuestamente, se sustraía bajo engaño a los recién nacidos para entregárselos a otros padres.
Representantes de esta agrupación y de la Asociación Nacional de Adopciones Irregulares comparecieron ayer ante la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos de las Juntas Generales de Gipuzkoa para informar a los grupos políticos sobre los detalles de estas desapariciones.
La portavoz de Sos Bebés Robados, Argiñe López, pidió que se cree una comisión de investigación oficial que "ayude a localizar los historiales médicos y los legajos de aborto desaparecidos". Además, desgranó los detalles del modus operandi de los implicados, entre los que se encontraban, dijo, médicos, enfermeras, monjas y comadronas, quienes "vendían el bebé sustraído". En el caso del Hospital San Cosme y San Damián de Tolosa, explicó que a los padres se les informaba de que su hijo había nacido muerto. "Siempre enseñaban un mismo bebé muy grande y con la cabeza vendada", mientras que se desviaba a otros progenitores el verdadero niño, señaló.
La portavoz de esta asociación, que representa a 575 afectados vascos (303 en Gipuzkoa, 200 en Bizkaia y 72 en Araba), señaló que "casi siempre eran los mismos profesionales quienes certificaban las defunciones o entraban en una parte del proceso".
Además, López agregó que algunos médicos sospechosos de esta trama han trabajado también para la Diputación, concretamente en la Casa Cuna de Fraisoro de Zizurkil, "facilitando las adopciones y dándoles una verosimilitud de legalidad".
Por otro lado, Sos Bebés Robados quiere aclarar "la ubicación del limbo" en el cementerio de Polloe de Donostia. "En aquella época, un feto no era enterrado en el camposanto, sino en un terreno adyacente denominado limbo. En algunos casos, es necesario exhumar los restos para realizar las pruebas de ADN. De ahí la importancia de conocer la ubicación exacta del lugar", destacó.
La portavoz de esta organización lamentó que "los niños robados que se dirigen a la Diputación se están encontrando con la negativa de esta institución a facilitarles sus datos de filiación, ya que prevalece el derecho de la madre a su anonimato sobre el derecho del hijo a conocer su identidad". "Muchos médicos se han amparado en esta ley para traficar con bebés", remachó López.
Los afectados tampoco encuentran facilidades en otros organismos, como cementerios u hospitales, que se oponen a entregarles documentación amparados en la ley de protección de datos.
Sos Bebés Robados expuso ante los grupos políticos que es necesario eliminar el requisito de interponer una denuncia para que su huella genética forme parte de un banco de ADN.
En la comparecencia, esta agrupación pidió que se les reconozca su "condición legal de víctimas". "Solicitamos ser reconocidos como tales por las instituciones y recibir ayudas económicas que nos permitan seguir adelante con la investigación y la búsqueda de nuestros seres queridos", reivindicó López.
