Bilbao. Han hecho falta más de cuatro años para que las investigaciones sobre la presunta apropiación de fondos de la ONG vasca Anesvad lleguen a su fin. La Fiscalía de Bizkaia acaba de solicitar seis años de cárcel para el expresidente de la entidad, José Luis Gamarra, al que acusa de apropiación indebida de 7,5 millones de euros procedentes de los fondos de la ONG, dedicada a cooperación al desarrollo. Asimismo pide la misma pena de cárcel tanto para el exdirector general, José Miguel Sustacha, como para el exdirector financiero, José Francisco Martínez, por apoderarse de 720.442 y de 761.664 euros, respectivamente. La Fundación Anesvad, que se ha personado como acusación particular debido al perjuicio material sufrido por estos hechos, elevará la petición a ocho años de cárcel.

Según se expone en la calificación fiscal, todos los acusados habrían devuelto a Anesvad parte del dinero apropiado. Sin embargo, establece que Gamarra debe todavía a la entidad 3,2 millones de euros pendientes, mientras que el exdirector general tiene que reintegrar 83.167 euros y el responsable financiero, otros 64.369 euros. Con las conclusiones de la fiscalía ya redactadas, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao ha redactado su auto de procedimiento abreviado. La defensa ha anunciado que no lo recurrirá y esperará a la vista oral para rebatir las acusaciones. Según fuentes del caso, habrá que esperar aún hasta el año que viene para que se celebre juicio.

La larguísima investigación ha concluido con la sorprendente revelación de que el expolio que habrían cometido ha sido mayor de lo esperado en un primer momento. El caso saltó en 2007 a los medios, con gran repercusión mediática ya que la ONG Anesvad, cuya sede central está en Bilbao, era la mayor entidad de este género fuera de Madrid y Barcelona. Además, había cobrado mucha relevancia después de protagonizar unas sonadas campañas publicitarias sobre la lepra y la úlcera de Buruli. Antes de saltar el escándalo, manejaba un presupuesto anual de 35 millones de euros y tenía 150.000 socios y colaboradores.

José Luis Gamarra, de 65 años de edad, fue detenido en marzo de 2007 después de que un extrabajador de la entidad denunciara el agujero financiero. Tras pasar siete meses en prisión preventiva, salió a la calle al abonar una fianza de 3.000.000 euros. Un año antes, los otros dos directivos ahora imputados habrían reconocido ante el juzgado parte de sus propias sustracciones, en una maniobra organizada por Gamarra para parar otras investigaciones.