El fiscal no ha apreciado que exista un delito de prevaricación en la decisión del exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa Pedro Mari Ruiz de Azua de remitir a la vía administrativa, en lugar de a la penal, la investigación de las irregularidades fiscales de la Real Sociedad en el abono de algunas fichas a jugadores entre 2004 y 2008.
Durante la segunda y última sesión de la vista oral que se ha celebrado este jueves en el Juzgado de lo Penal número 2 de San Sebastián, el representante del Ministerio Público ha mantenido su decisión inicial de no presentar acusación alguna por estos hechos contra Ruiz de Azua y ha demandado su libre absolución, al igual que ha hecho la defensa de este exalto cargo foral.
Por su parte, la acusación popular, única en la se que ha sustentado el procedimiento y que ejerce el expresidente realista Iñaki Badiola, ha pedido diez años de inhabilitación para Ruiz de Azua, al entender que con su decisión "cercenó" una posible investigación penal sobre estas irregularidades fiscales.
Durante su informe final ante el tribunal, el fiscal ha opinado que, aunque el exdirector no remitió a la jurisdicción penal los hechos que le "pusieron de manifiesto" los inspectores de Hacienda respecto al pago irregular entre 2004 y 2008 en concepto de derechos federativos de las fichas de varios jugadores realistas, "ello no quiere decir" que hubiera "ningún tipo de perdón de deuda" dado que el asunto siguió la vía administrativa" y finalmente "se cobró el importe" adeudado por el club.
El portavoz del Ministerio Público ha reconocido que, tal y como han declarado hoy dos inspectores de Hacienda en el juicio, "había indicios de delito" en las irregularidades detectadas, por lo que remitirlas a la vía penal "igual hubiera sido la solución más acertada", si bien ha puntualizado que el hecho de que no fuera así tampoco quiere decir que se haya producido un delito de prevaricación.
Ha recordado, en este sentido, que para que exista este delito es necesario que el acusado hubiera tomado su decisión sin fundamentarla y por medio de una resolución "dictada a sabiendas de su injusticia", con una "palmaria, patente, evidente e incluso esperpéntica infracción de las normas", de una forma "grosera", "insólita" y sin "parangón" en otras administraciones tributarias.
Ha explicado que, por el contrario, el procesado sí justificó su decisión, aunque fuera "brevemente", en la existencia de varias sentencias de tribunales de lo contencioso-administrativo sobre cuestiones similares, que dejaban patente que en esos casos las administraciones tributarias correspondientes tampoco se remitieron a la jurisdicción penal, con lo que la actuación de Ruiz de Azua no es "algo aislado" ni supone una infracción "grosera" de las normas jurídicas.
Asimismo, el fiscal ha rechazado que con su proceder el acusado diera "un trato de favor a la Real Sociedad", teniendo en cuenta que en una actuación paralela por un tema de IVA sí remitió el caso a la vía penal.
En términos similares se ha pronunciado la defensa, que ha explicado que Ruiz de Azua adoptó su decisión mediante un "trámite" que no resolvió definitivamente el asunto, y ha destacado que en ningún caso se trató de una "resolución" como, según ha matizado, requiere el tipo penal de la prevaricación.
Asimismo, ha rechazado que se tratara de un acto "contrario a derecho" y ha descartado que tuviera un "resultado material injusto" dado que la deuda finalmente se saldó, al tiempo que ha insistido en la existencia de otros casos similares como recogen varias sentencias relativas a otros clubes de fútbol.
La 'Due Diligence'
El abogado de la acción popular, por su parte, ha mantenido que en la actuación del acusado "hubo desviación de poder" porque, entre otros factores, sabía que su decisión "no era recurrible, controlable ni fiscalizable" y que la cuota defraudada "era enorme" con lo que "se cercenó radicalmente la posible investigación penal" de los hechos.
Este letrado ha señalado además que las sentencias en las que basó su decisión de no remitir los hechos a la vía penal fueron sólo "una pura y llana excusa" para "apartarse del criterio de los técnicos" que "corroboraron" que había indicios de delito y a los que él hizo "caso omiso".
Además de los dos inspectores de Hacienda citados, en la sesión de hoy ha declarado el expresidente de la Real Sociedad en 2008, Iñaki Badiola, quien ha explicado que tuvo conocimiento de las citadas irregularidades a través de la "due diligence" que ordenó tras hacerse con la dirección del club y que puso en conocimiento de los socios unos meses después en una junta de accionistas.
Badiola ha señalado además que en aquel momento pensó que la Hacienda foral "iba a hacer su trabajo" e iba a llevar el tema "a la vía penal" porque "tenía confianza en ellos", si bien se trató de un "error" pues, según ha indicado, "ellos mismos lo retrajeron de la vía penal y lo llevaron a la administrativa, donde se cercenó cualquier comprobación investigadora en la penal".
Estaba previsto que en la jornada del juicio de este jueves compareciera como testigo el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, aunque, al igual que ocurrió ayer con el actual presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, y el exdiputado de Hacienda Peio González, no ha llegado a declarar después de que la acción popular, única parte que los había propuesto, renunciara a sus testimonios.
