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Ábalos podría cobrar 52.000 euros de indemnización tras renunciar a su escaño en el Congreso

Un precedente es el caso de Santos Cerdán, en el que la Mesa de la Cámara avaló su indemnización de 19.400 euros brutos por seis años de escaño

Ábalos podría cobrar 52.000 euros de indemnización tras renunciar a su escaño en el CongresoEP

Los servicios jurídicos del Congreso estudian si al exdirigente socialista y exministro José Luis Ábalos le corresponde, tras su renuncia voluntaria al acta, la indemnización que cobran los diputados al dejar su escaño, que en su caso sería de unos 52.000 euros.

Fuentes parlamentarias han confirmado a EFE que, una vez que la Mesa de la Cámara ha hecho efectiva la baja de Ábalos, se analiza si debe recibir la compensación, equivalente a una mensualidad del sueldo base (3.236,32 euros) por cada año en el Congreso, hasta un máximo de 24 meses.

Trayectoria parlamentaria y requisitos

Ábalos fue diputado desde abril de 2009 hasta este miércoles y actualmente se encuentra en prisión provisional por su presunta implicación en el caso Koldo. Para percibir la indemnización, debe solicitarla expresamente al Congreso.

Esta ayuda está prevista para cubrir la transición tras dejar la vida parlamentaria, es incompatible con cualquier pensión de la Seguridad Social, y el cobro se interrumpe automáticamente cuando el exparlamentario inicia una nueva actividad laboral.

Precedentes y análisis legal

Si Ábalos solicita la indemnización, el Congreso deberá decidir si la concede, ya que el pasado 10 de diciembre fue privado de sus derechos y deberes parlamentarios —como el sueldo y el derecho a voto— tras confirmarse su procesamiento por delitos como organización criminal, cohecho o malversación.

Un precedente es el caso de Santos Cerdán, quien también renunció al acta por el caso Koldo. La Mesa de la Cámara avaló su indemnización de 19.400 euros brutos por seis años de escaño, incluso aunque estuvo implicado en la causa.

La diferencia clave es que Cerdán dejó su escaño antes de ingresar en prisión. Los letrados del Congreso subrayaron que la indemnización se genera automáticamente siempre que no exista un motivo administrativo excluyente, siendo un derecho del parlamentario y no una "concesión graciable".