El PNV enfría los acuerdos con Sánchez si sigue su “trilerismo”

Pedro Sánchez evitó que la sangre llegara al río en su relación con el PNV desbloqueando el primer paquete de transferencias de la Seguridad Social. Además, acaba de prometer al lehendakari Pradales que el acuerdo para la gestión compartida de los aeropuertos quedará cerrado en dos meses. Pero todo tiene su cara y su cruz, y las inercias siguen sin cambiar en el Congreso de los Diputados, donde el PNV cree que el Gobierno español aún se comporta como si no necesitara apoyos. El curso político que arrancará en febrero y terminará en junio ha tenido como aperitivo un pleno extraordinario para convalidar dos decretos. Sánchez volvió a jugársela al todo o nada, con un decreto ómnibus que mezclaba varios temas y que pretendía que se salvara por pánico escénico, por el temor de los grupos al coste social que tendría tumbar la subida de las pensiones. Pero PP, Vox y Junts se lo tumbaron y, aunque el PNV votó a favor, lo hizo a regañadientes porque no comparte que los pequeños propietarios asuman los costes de su inquilino si deja de pagar. Por ello, el PNV se declaró este miércoles “harto” del “trilerismo político” y exigió un cambio de actitud o, de lo contrario, será “difícil” alcanzar acuerdos.

La portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero, compareció en rueda de prensa para explicar la posición del PNV ante el nuevo curso político y lo que quede de legislatura española (Sánchez mantiene que va a aguantar hasta 2027, pero los jeltzales lo dudan). “Estamos hartas y hartos del trilerismo político que lleva al límite todas las negociaciones y que solo perjudica a la ciudadanía. Tampoco compartimos que se negocie a espaldas del Congreso según el oportunismo político del Gobierno”, dijo. Se refería al acuerdo con Podemos para regularizar la situación de medio millón de migrantes. Se ha vehiculizado a través de una reforma del reglamento vía decreto que no tiene que pasar por el Congreso y cuya letra pequeña desconocía el Gobierno Vasco, aunque tiene la competencia para autorizar los permisos de trabajo. 

Vaquero se refirió, sobre todo, a la votación de los decretos que tuvo lugar el martes. “Lo que ocurrió no puede volver a producirse. El Gobierno está en minoría, no tiene carta blanca para todo, aunque a veces parece que se le olvida. No es una forma válida de funcionar, y menos con el PNV. El pacto de investidura establece que no se puede abusar de la fórmula de los decretos leyes y tienen que ser dialogados y puestos en conocimiento del PNV. Se votaron dos decretos, y uno salió adelante. En el tema de los transportes, sí pudimos hablar con el Gobierno, y conseguimos alguna modificación sobre el billete único. En el otro decreto, el ómnibus, se incluían todas las medidas sociales habidas y por haber, y el Gobierno sabía que no todos los grupos estábamos de acuerdo con las medidas que se incluían. Nosotros somos críticos con el escudo social de vivienda. El Gobierno quiso seguir adelante, pero no se puede jugar a la ruleta rusa con unas medidas tan importantes que afectan a tantas personas”, reprochó. Por ello, le pidió que no vuelva a arriesgarse de esta forma llevando el decreto ómnibus tal cual a una nueva votación.

Tasas de reposición, industria...

“De esta manera, va a ser muy difícil llegar a acuerdos. Creemos necesario un cambio de actitud del Gobierno para que este periodo de sesiones o lo que queda de legislatura sea un periodo abierto al diálogo”, recalcó. Por parte del PNV, su grupo seguirá “trabajando para el cumplimiento de los acuerdos de investidura, también sobre migración. Tras el acuerdo entre el Gobierno y Podemos, pedimos que se trabaje de manera coordinada, y que nos traiga también un Plan integral de Migración a esta Cámara. Tenemos que trabajar todas las administraciones públicas para que sea ordenada, consensuada y coordinada”, dijo. También pidió que se abandonen los parches en vivienda, más médicos, más juzgados, que la Ertzaintza sea policía integral en ciberseguridad, aprobar el decreto para el aumento de la inversión en redes eléctricas y permitir que Euskadi fije sus tasas de reposición en la administración pública.