El juez jubilado García Castellón baraja personarse en el 'caso Leire Díez' como "afectado": "Quiero saber lo que hay"

El juez jubilado Manuel García Castellón ha avanzado su intención de personarse como "afectado" en el 'caso Leire Díez' para comprobar si esa exmilitante del PSOE y otros investigados trataron de buscar información en su contra. Así lo ha indicado en una entrevista con Europa Press.

"Me considero afectado y quiero saber lo que hay", ha dicho García Castellón en referencia a la causa que investiga el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid contra Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El nombre de García Castellón aparece en la denuncia que el fiscal Ignacio Stampa presentó ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid después de la reunión que mantuvo el 7 de mayo con la exmilitante del PSOE y el empresario.

Presuntas irregularidades

Según Stampa, aunque no le propusieron "ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa", sí le preguntaron "en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades" que pudiera conocer "de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el magistrado Manuel García Castellón".

Aseguró en la denuncia que también aludieron al 'caso Villarejo' y que Pérez Dolset manifestó que García Castellón, que fue el juez instructor de esa causa, "le entregó dispositivos intervenidos al excomisario José Manuel Villarejo en el marco del asunto con el fin de que los desencriptara". Según el fiscal, el empresario afirmó "haberlo conseguido".

El juez Arturo Zamarriego, que ha citado a los investigados a declarar el próximo 11 de noviembre, considera que Díez "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y Rusiñol para "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".