El juez del 'caso Koldo' accede a la petición de la UCO y ordena investigar el patrimonio de Pardo de Vera y Herrero

El juez que instruye en la Audiencia Nacional (AN) el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha dado luz verde a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de investigar el patrimonio de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del ex director general de Carreteras Javier Herrero.

A través de un auto de este lunes, recogido por Europa Press, el juez instructor pide a doce entidades bancarias y a la Agencia Tributaria documentación laboral, tributaria y financiera de ambos, investigados por la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública.

La medida cuenta con el visto bueno de Fiscalía Anticorrupción y tiene como fin que la unidad policial investigadora sea la receptora de la documentación para elaborar un informe destinado al órgano judicial.

Según el juez, se trata de recabar una serie de informaciones a los fines de la prevención del delito y de delimitar la responsabilidad de las personas en los hechos investigados. En especial, añade, cuando se trata "de investigar y constatar adecuadamente la ejecución de unas presuntas conductas delictivas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social son de una enorme gravedad".

"CLAROS INDICIOS", NO SOLO SOSPECHAS

"No nos encontramos con una mera sospecha sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas" en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, sin perjuicio de una posterior calificación, señala.

El juez indica que, de la investigación realizada hasta el momento, se infiere la existencia de indicios de criminalidad respecto a estos dos investigados, "que habrían tenido una relevante participación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA) entre los años 2018 y 2021".

El auto indica que, conforme al oficio solicitante de la UCO, los hechos han relevado que "José Luis Ábalos y Koldo García habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras, siendo Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad.

En línea con el Ministerio Fiscal, el magistrado considera que el fin perseguido por parte de los investigados en esta trama era obtener un provecho económico y, considerando la intervención de Pardo de Vera y Herrero se hace precisa la obtención de la información solicitada por la UCO, a fin de determinar "si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación de la naturaleza que fuere".