El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes una proposición de ley de EH Bildu para prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia.
En concreto, la Cámara Baja decidirá si admite o no a trámite la propuesta que los 'abertzales' consideran necesaria para poner coto al "fenómeno incontrolado" de los alojamientos turísticos, que a su juicio han contribuido a la gentrificación de los barrios y ciudades, a la expulsión del vecindario y al aumento del turismo masivo.
El portavoz económico de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, señaló que en las negociaciones parlamentarias había encontrado "disposición" por parte de los grupos parlamentarios. Fuentes parlamentarias han confirmado Europa Press que el PSOE apoyará la tramitación de la norma.
En caso de que el Congreso apruebe este paso, la ley entraría en el cauce parlamentario y se abriría el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas al texto, algo que puede dilatarse durante varias semanas.
EH Bildu explica que los ayuntamientos y comunidades autónomas cuentan con recursos limitados para regular los apartamentos ilegales, bien sea por falta de recursos en algunos casos o por una permisividad manifiesta en otros.
CERCO A LAS PLATAFORMAS WEB
Según relatan, las personas arrendadoras han aprovechado para seguir anunciando y contratando alojamientos sin licencia, lo que ha permitido que el mercado ilegal de alojamientos turísticos "haya proliferado sin control". Por este motivo, la formación plantea establecer un régimen de multas y también la responsabilidad legal sobre las empresas y plataformas de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler.
Las multas pueden ascender hasta el millón de euros si se permite la contratación de una vivienda de uso turístico que carezca de licencia o número de registro, o de permiso de habitabilidad y salubridad. También si se permite la contratación del alojamiento sin vincularlo a los datos personales del anfitrión.
"Hay que evitar la proliferación de pisos turísticos ilegales en las plataformas digitales", defendía el portavoz económico de Bildu en el Congreso, Oskar Matute. En opinión del diputado, es necesario regular el mercado de los alojamientos turísticos para que aquellos que obtengan beneficios lo hagan de manera legal, pagando lo que les corresponde en lo relativo a licencias y permisos y siempre garantizar una calidad del servicio.
En este sentido, Matute instaba al Gobierno a anticiparse al problema y prohibir por ley que estos alojamientos puedan ser publicitados en las plataformas. "Creemos que el Gobierno, más que ir en respuesta de, tiene que anticiparse al problema", explicó.
LOS ALQUILERES DE TEMPORADA SIGUEN EN EL CAJÓN
La última vez que el Pleno debatió una proposición de ley de algún socio en materia de vivienda fue con la propuesta para regular los alquileres de temporada y habitaciones auspiciada por ERC, BNG, Bildu, Podemos y Sumar.
La Cámara Baja admitió a trámite esta norma en diciembre y el plazo para presentar enmiendas terminó en mayo. Desde entonces, la Comisión de Vivienda encargada de tramitar el texto lo mantiene congelado y todavía no ha convocado la ponencia que se tiene que reunir para analizar esas enmiendas, algo que ha provocado malestar en varios socios de investidura y en Sumar, que ya ha avisado al PSOE de que esta ley tiene que acelerar su tramitación.
ERC DEFENDERÁ UNA BATERÍA DE MEDIDAS EN VIVIENDA
Y con este panorama, Esquerra Republicana defenderá en la sesión plenaria de este martes una proposición no de ley que incluye una amplia batería de medidas para hacer frente a la crisis de vivienda, entre las que se incluye aprobar un nuevo impuesto para las personas que tengan tres viviendas o más.
En esta iniciativa, ERC también insta al Gobierno a impulsar una agenda legislativa en materia de vivienda que penalice la compra especulativa, regule de forma efectiva los alquileres de temporada y garantice los recursos necesarios a las administraciones competentes para alcanzar la media europea de vivienda protegida en un plazo máximo de tres años, iniciando su tramitación en un plazo máximo de tres meses.
De su lado, propone aplicar un IVA del 21% a los alojamientos turísticos y emprender una modificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para permitir a los municipios establecer recargos específicos a grandes tenedores y viviendas de uso turístico.
A esto se suman otras propuestas para eliminar los "privilegios fiscales" a las Socimis, extender los topes de alquiler en todas las zonas de mercado residencial tensionado en España, transferir gratuitamente las viviendas de la Sareb y Sepes a las comunidades autónomas y garantizar la transferencia de recursos suficientes a las autonomías y ayuntamientos, con el objetivo de llegar al 5% de parque protegido en 2026 y al 9% en 2027.
