La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece este miércoles ante el pleno del Senado a petición del PP para dar cuenta de la gestión de su departamento en la crisis de las pulseras de control de agresores machistas y explicar las consecuencias que ha generado en la protección de las víctimas.
Redondo comparece en el Senado después de que la semana pasada el pleno del Congreso de los Diputados aprobara su reprobación e instara al Gobierno a cesarla de su cargo por la "negligente" gestión de la crisis.
El jueves pasado fue el turno de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, que compareció ante la Comisión del Pacto de Estado por Violencia de Género en el Congreso, donde pidió disculpas a todas las mujeres a las que la situación hubiera generado inquietud.
"Incidencias técnicas"
La crisis se desató cuando la Fiscalía General del Estado reconoció en su memoria anual que habían existido "incidencias técnicas" derivadas del cambio de contrato de las pulseras de seguimiento telemático de los maltratadores, pero que ya habían sido solucionadas.
Alertaba de que el cambio de empresas prestatarias del servicio, ejecutado en marzo de 2024 a favor de Vodafone y Securitas, había provocado que no se pudiera acceder a la información sobre la ubicación de los agresores previa a esa fecha, algo que estaba desembocando en sobreseimientos y fallos absolutorios en procesos por quebrantamiento de las penas y medidas cautelares de alejamiento.
En sus declaraciones a los medios Redondo ha insistido en que los dispositivos funcionan y que la afectación se dio en casos "mínimos" y "puntuales".
Actualmente, Igualad trabaja en la licitación del nuevo contrato para la gestión del servicio de dispositivos telemáticos de control de agresores machistas a partir de mayo de 2026, que incluirá mejoras para el ámbito rural, la actualización tecnológica y el refuerzo del personal del centro de gestión de las pulseras antimaltrato (Cometa), entre otras cuestiones.
