En la semana en que se ha recordado el asesinato de las trece jóvenes, varias de ellas socialistas, fusiladas por la dictadura franquista el 5 de agosto de 1939 y conocidas como las Trece Rosas, la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 todavía tiene flecos pendientes de cumplirse. Es el caso de los seis pueblos del Estado que mantienen denominaciones relacionadas directamente con Franco o hacen alusión a políticos y militares clave entre los años previos a la Guerra Civil y el franquismo, como el general Mola, el general Yagüe y Onésimo Redondo, fundador de las JONS.
Estas seis localidades son Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).
El abogado Eduardo Ranz, experto en memoria democrática, lamenta que ninguno de esos seis pueblos haya sido sancionado por incumplir la ley sobre esta materia: “La gran asignatura pendiente del Gobierno es la retirada de simbología franquista. La ley de memoria establece plazos y sanciones, y si no existiera, tendríamos que inventarla. Pero existe, así que cumplámosla”.
Ranz ha presentado más de 50 instancias y ha actuado judicialmente contra más de cien consistorios por incumplir esta ley al mantener simbología o nombres franquistas, pero insiste en que no ha habido avances y urge a Moncloa a actuar.
En concreto, la ley señala que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos a dirigentes y participantes de la sublevación militar, de la dictadura o de las organizaciones que la sustentaron. Y añade que deberán ser las propias administraciones públicas las que adopten las medidas oportunas para retirar dichos elementos.
En el caso de incumplimiento, prevé la posibilidad de imponer hasta diez multas sucesivas por periodos de un mes y con una cuantía de entre 200 y 1.000 euros, por lo que podría llegarse a los 10.000 euros de sanción. Por el momento, no ha habido ninguna multa y sigue pendiente la elaboración de un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática explican que el catálogo está pendiente de pasar por el Consejo de Estado para ser aprobado en el Consejo de Ministros y constituirse la comisión que analizará, en adelante, las propuestas de elementos contrarios a la memoria democrática. Será entonces cuando la Secretaría requerirá formalmente a los ayuntamientos que eliminen los nombres franquistas, un cambio que, en cualquier caso, deberían activar de oficio sin esperar a la aprobación del catálogo.
El pleno del Ayuntamiento malagueño de Alhaurín el Grande, al que pertenece la pedanía de Villafranco del Guadalhorce, aprobó el 1 de agosto por mayoría absoluta su cambio de denominación a Villa del Guadalhorce. Era uno de los compromisos del gobierno municipal, del que forman parte los partidos 100% Alhaurín, PSOE e IU.
Pero en las otras seis localidades con nombres franquistas no hay, por el momento, ninguna perspectiva de cambio, en la mayoría de casos por falta de voluntad, al no considerarlo un tema prioritario.
La única excepción es el pueblo de Alberche del Caudillo, dependiente del Ayuntamiento de Calera y Chozas, que llegó a iniciar los trámites para el cambio de nombre antes de las elecciones municipales de 2023, pero lo paró a la espera de que estuviera listo el catálogo estatal de elementos contrarios a la memoria.
Primo de Rivera
En este contexto, ayer se conoció que el Colectivo Memoria de Laredo ha reiterado su solicitud al alcalde de Voto, Francisco Javier Maza Gutiérrez, para que “cumpla” con la ley de memoria y proceda a retirar un monumento dedicado al fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, ubicado cerca del parque infantil de Bádames, así como dos monolitos con nombres de víctimas del franquismo. Para ello, le ha concedido un plazo “improrrogable” de un mes. En caso de no atender esta petición, acudirán al fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática para que actúe.
