Donostia – El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, niega que haya jueces antieuskera ni togados que hayan “tumbado” Ofertas Públicas de Empleo a través de sentencias y considera que estas se “han modificado” por el nivel lingüístico que se exigía, a instancias de los trabajadores que las han recurrido al considerar “excesivo” el perfil que se les requería. En los últimos meses, el euskera está sufriendo una ofensiva judicial por parte de los tribunales, que han tumbado en varias ocasiones el nivel de conocimiento que se debe acreditar en plazas como las policías locales de diversos municipios con el argumento de que esas exigencias son desproporcionadas.

En una entrevista concedida ayer a Radio Euskadi, Aner Uriarte precisó que en las sentencias de los tribunales “no es que se hayan tumbado Ofertas Públicas de Empleo (OPE), sino que se han modificado parcialmente” por la exigencia del nivel de euskera por las administraciones.

Uriarte destacó que esta situación no es nueva y viene de años atrás y admitió que a la Administración Pública no le ha gustado, pero subrayó que “no existe ninguna idea concertada contra el euskera en la Administración de Justicia, primero porque no puede existir, y segundo, porque es imposible que los jueces y las juezas nos pongamos de acuerdo en algo para hacer una campaña contra cualquier cosa”, explicó.

Adicionalmente, el juez decano de Bilbao señaló que los jueces, “sobre todo del orden Contencioso Administrativo”, se han tenido que pronunciar sobre todas las condiciones” de OPEs, a petición de algún trabajador o trabajadora que consideraba que era excesiva la exigencia de cierto perfil lingüístico. Según señaló, lo que se ha hecho es “una ponderación por parte de los jueces y las juezas de dos derechos en litigio, que son el conocimiento de euskera, y el derecho del trabajador o la trabajadora a su trabajo y, en ocasiones, no es que se hayan tumbado, sino que se han modificado”. En este sentido, insistió en que no se ha eliminado el requisito de euskera, sino simplemente, se ha reducido en la cantidad a aplicar en la oferta pública de empleo”.

Las palabras de Uriarte se alinean con lo manifestado recientemente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, asegurando que las sentencias en esta materia han venido a través de cuestionamientos por parte de ciudadanos o ciudadanas de las decisiones que han tomado las administraciones porque entendían que afectaban al ejercicio o al acceso al ejercicio de la función pública”.

El presidente de la primera institución judicial de la CAV negó también la existencia de una campaña judicial contra el euskera bajo el argumento de que “no hay una actuación de oficio de un juez del tribunal”, porque los jueces o los tribunales resuelven recursos o demandas que plantean los ciudadanos o ciudadanas. “Por tanto, no puede haber una campaña judicial cuando no hay una actuación de oficio judicial”, aseveró en una entrevista.

Subijana apuntó también que esos recursos han denunciado los incumplimientos de las administraciones, “bien a través de una convocatoria de OPEs que no respetaba los porcentajes que fijaba la propia normativa, o bien a través de una predata de perfiles lingüísticos que no estaban vigentes cuando se convocaban esas funciones públicas”.

En las últimas semanas se ha conocido el pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ratificando la nulidad de varios artículos del decreto del Gobierno Vasco sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi.

Ayuntamientos

En un artículo ahora anulado, esa ley permitía a los ayuntamientos o “a cualquier otra entidad que conforma el sector público local de Euskadi, atendiendo a las circunstancias sociolingüísticas de su ámbito territorial, determinar los criterios de uso de las lenguas en los procedimientos administrativos iniciados de oficio”.

También dejaba sin efecto los artículos que instaban a los ayuntamientos a atender primero en euskera a cualquier ciudadano y continuar después en la lengua que éste elija, y a usar el euskera en primer lugar en los mensajes verbales que no tienen un destinatario concreto y que se emiten emitidos con dispositivos automáticos, servicios de información telefónica o altavoces.

Juicios en euskera

“Si las partes lo desean y acuerdan”

lll Nueve juzgados. El juez decano de Bilbao señala que en la CAV hay, en estos momentos, nueve juzgados que están en disposición de poder celebrar juicios en euskera, si se demanda y “las partes lo desean y se ponen de acuerdo”. Destaca que la implantación se hará “poco a poco” ya que las nuevas promociones de jueces “forman parte de un colectivo que estudió en euskera, que tienen los perfiles y que podrían desarrollar su trabajo” en esta lengua. Según señala, en la actualidad, “cualquier persona en Euskadi puede utilizar exclusivamente el euskera en el desarrollo del procedimiento en el que esté inmerso”, porque, al margen de los nueve juzgados en disposición para celebrarlos en esta lengua, se dispone de servicio de traducción.

Estas posiciones lesivas hacia el uso del euskera en el ámbito de las instituciones y de las ofertas de empleo público han sido también censuradas por el Gobierno vasco, que lamenta una creciente “judicialización de las decisiones políticas”, especialmente en el ámbito del euskera en el que “ha habido socialmente un acuerdo histórico entre diferentes fuerzas políticas”. El Ejecutivo de Pradales no comparte este tipo de decisiones porque “teniendo en cuenta que el euskera es una lengua cooficial, lo que no se exige al castellano o lo que no se pone en duda con el castellano, se hace con el euskera, cuando también es cooficial, y es inconstitucional en el ámbito del euskera pero no en el del castellano”.