PAMPLONA – El tablero político navarro ha presenciado en los últimos días un inusual cruce de estrategias entre el Parlamento foral y el Senado, donde las comisiones de investigación se han convertido en el nuevo campo de batalla entre UPN y el PSN. Lo que no ha prosperado en una Cámara, se traslada con celeridad a la otra, en un juego del gato y el ratón que amenaza con diluir el objetivo último de estas comisiones: esclarecer hechos de relevancia para la opinión pública.
El epicentro del enfrentamiento es la comisión de investigación sobre contratos públicos adjudicados por el Gobierno de Navarra a empresas como Acciona y Servinabar, mencionadas en la causa que instruye el Tribunal Supremo conocida como caso Cerdán. Esta semana, la comisión foral aprobó su plan de trabajo, limitando a 40 las más de 100 comparecencias propuestas inicialmente por los grupos parlamentarios. Entre los nombres que no figuran finalmente se encuentran pesos pesados como las presidentas María Chivite, Uxue Barkos y Yolanda Barcina, el exministro José Luis Ábalos o la ministra y exconsejera Elma Saiz, una criba que desató la crítica de la derecha desde el primer momento.
La respuesta de UPN, sin embargo, no se ha hecho esperar. Su presidenta, Cristina Ibarrola, anunció ayer que todos esos nombres cuyas citaciones no prosperaron comparecerán, pero será en Madrid. Los regionalistas han movido ficha y han llevado al Senado lo que no han conseguido en el Parlamento de Navarra: la citación de la presidenta Chivite, la ministra Saiz, el ex vicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz, el consejero de Hacienda José Luis Arasti, el senador y exvicepresidente Javier Remírez, y hasta de todos los trabajadores que ha tenido Servinabar, “incluidos la hermana de Santos Cerdán y la pareja de Ramón Alzórriz”, según detalló la concejala de Pamplona.
La maniobra fue presentada por Ibarrola como un ejercicio de transparencia ante lo que considera un bloqueo impulsado por el pacto entre la mayoría progresista, que abogó por ceñirse al objeto de la comisión y no convertirla en un “circo”: “Lo que han hecho PSN, Geroa Bai y EH Bildu en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra es tan descarado que les delata”, denunció Ibarrola. A su juicio, se trata de una “supuesta trama de mordidas” que se habría desarrollado bajo gobiernos de Chivite y Barkos, y que ahora se intenta “tapar” con la complicidad de sus socios.
Los socialistas responden
El PSN, sin embargo, no tardó en reaccionar. Calificó la estrategia de UPN como un “circo político” y respondió proponiendo sus propias comparecencias en la Cámara Alta: Yolanda Barcina y el exvicepresidente de la formación regionalista Óscar Arizcuren. La portavoz parlamentaria de los socialistas navarros, Ainhoa Unzu, recordó que fue el Gobierno de Barcina quien otorgó las licencias iniciales para el proyecto de Mina Muga, señalado por la Guardia Civil como el origen de la presunta trama corrupta, y condecoró a Koldo García, además de señalar que Arizcuren aparece como beneficiario de pagos por parte de Servinabar según la documentación que Hacienda Foral remitió al juez del Supremo.
“Veremos si con su mayoría en el Senado permiten que Barcina y Arizcuren comparezcan o si, una vez más, bloquean todo lo que afecte a su pasado”, retó Unzu, quien acusó a la derecha de haber convertido la comisión de investigación del Senado en un espacio de “confrontación partidista”. La propuesta no tiene visos de prosperar en una Cámara Alta en la que el PP tiene la mayoría absoluta.
El cruce de comparecencias entre Navarra y Madrid no solo deja en evidencia un uso partidista de las instituciones, sino que pone de manifiesto la creciente judicialización de la vida parlamentaria. Las comisiones, diseñadas como instrumentos de fiscalización, se han convertido en herramientas de desgaste mutuo donde cada partido busca el titular más sonoro, más que el esclarecimiento de unos hechos que no parecen importarles en demasía.
El PSN defendió que Chivite “comparecerá donde sea necesario porque no tiene nada que esconder” y destacó que el Ejecutivo foral ya está revisando de oficio los contratos adjudicados a la UTE Acciona-Servinabar, sin que conste ilegalidad alguna. Pero también advirtió que “lo que molesta a UPN no es la falta de explicaciones, sino que el PSN gobierna con rigor”.
