Donostia – Arrojar luz sobre episodios que provocaron dolor en el pasado, sobre todo en los estertores del franquismo y durante la Transición, ha sido un empeño del PNV con hasta cuatro proposiciones de ley presentadas en la última década para acabar con la principal traba a la desclasificación de esta información, la Ley de Secretos Oficiales que fue aprobada en 1968, en plena dictadura, y después ligeramente enmendada en 1978 para adaptarla al nuevo marco constitucional.
Unos intentos que han quedado siempre varados en la orilla con las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas, mientras el Gobierno español, a pesar de comprometerse a impulsar él mismo un proyecto en este sentido, ha mantenido una postura ambivalente: en agosto de 2022 presentó una propuesta de Ley de Información Clasificada que no cumplió las expectativas del resto de grupos, incluyendo la formación jeltzale, y que acabó decayendo por la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio de 2023. En otras ocasiones, ha excluido directamente de su Plan Normativo anual la puesta al día de la Ley de Secretos Oficiales, por ejemplo en 2024.
Hasta el Consejo de Ministros del pasado martes, en el que la dinámica cambió de nuevo con la aprobación en segunda vuelta del proyecto de Ley de Información Clasificada, como ha venido denominando a su iniciativa. El Gobierno calcula que la misma podría aprobarse y aparecer en el BOE en el último trimestre de este año, y su entrada en vigor tendría lugar un año después, es decir, a finales de 2026.
Todo ello si logra los apoyos suficientes y supera el trámite parlamentario de forma satisfactoria, un proceso que se inicia ahora. Tras la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros, la portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, valoró que “es una buena noticia que por fin, aunque sea tarde, esta ley vaya a llegar al Congreso de los Diputados y vayamos a poder debatir sobre ella”.
Un día después, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, certificó que el texto “va en la buena línea” y celebró que Sánchez “ha cumplido su palabra”. Afirmó por ello que “estoy contento porque se haya presentado e intentaremos que salga adelante” en el Congreso, ya que da pie a lograr “una ley de plazos de secretos oficiales equiparable a Europa Occidental”.
En declaraciones a la Ser, Esteban añadió que “podemos discrepar en los plazos y en que hay que concretar más las razones y los controles”. Efectivamente, los plazos han sido uno de los mayores motivos de discrepancia en este tiempo. El PNV ya había tomado la iniciativa en la presente legislatura y presentó una proposición de ley, que incluso fue tomada en consideración por la Cámara baja, que planteaba desclasificar los secretos en 25 años, con la posibilidad de decretar una prórroga de diez años solo de forma excepcional y motivada.
La Ley de Información Clasificada del Ejecutivo español establece un límite de 45 años para desclasificar automáticamente documentos de alto secreto, “salvo que afectara a la seguridad nacional y la defensa”, según afirmó el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. También habrá la posibilidad de una prórroga de 15 años más y será el Consejo de Ministros el órgano que tendrá que decidir sobre este asunto.
El hecho de que la desclasificación sea automática, ya contemplada por el PNV, es un punto de encuentro entre las partes llamadas a acordar. El anteproyecto de Moncloa de 2022, que no llegó a registrarse en el Congreso debido al adelanto electoral, no contemplaba un plazo de desclasificación automática. Muy al contrario, se estudiaría caso por caso, al tiempo que recogía plazos de hasta 50 años para los altos secretos, prorrogables por otros diez.
En su valoración de la propuesta que ha salido del Consejo de Ministros esta semana, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, consideró que si sigue la misma línea que la presentada en 2022 sería “insuficiente” porque los plazos que marcaba eran “excesivamente largos” y permitían mantener “el silencio y la impunidad más absoluta sobre situaciones muy graves que se han vivido en Euskal Herria”.
El propio Aitor Esteban calificó la propuesta estatal de hace tres años de “pequeño trampantojo” y “cosa gatopardiana”, que suponía “casi mantener el oscurantismo de la ley franquista anterior”. La actual iniciativa abre, en cambio, muchas posibilidades y puso en valor que “en esta ley quedaría claro quién puede calificar como secreto algo y quién no, básicamente el Consejo de Ministros y los ministros, algunas autoridades más, pero muy poquitas”.
Zabalza y el 3 de marzo
Buena prueba de la importancia que el PNV da a este asunto es que, en su última pregunta de control en el Congreso antes de asumir la presidencia del EBB, Aitor Esteban pidió “por enésima vez” sustituir la Ley de Secretos Oficiales porque “no es de recibo que sigamos con la ley franquista”. Pedro Sánchez respondió: “Cuente con que en esta legislatura vamos a modificarla”, lo que certificó poco después al incluir la nueva ley en el Plan Anual Normativo de 2025.
Ley de Moncloa
- Definición. El proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros define como información clasificada toda aquella cuya revelación no autorizada o utilización indebida pueda suponer una amenaza o un perjuicio para la seguridad nacional o la defensa.
- Desclasificación. Establece por primera vez la desclasificación automática de información cuando transcurran unos determinados plazos. El tiempo máximo de clasificación de documentos será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años y se establecen cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido, cada una de ellas con un límite temporal de clasificación.
- Derechos Humanos. La ley determina que en ningún caso se podrá clasificar información o documentación que afecte a graves violaciones de Derechos Humanos o a crímenes de lesa humanidad.
- Recursos. Cualquier documentación clasificada podrá ser recurrida por personas con un interés personal o profesional, como representantes de los medios de comunicación. En caso de discrepancia entre el solicitante y la Administración, ese pleito se resolverá ante la sala tercera del Tribunal Supremo.
- Seguridad nacional. La información clasificada será revisada periódicamente para comprobar si sigue afectando a la defensa o a la seguridad nacional y, en el caso de que no afecte, se podrá levantar dicha clasificación. Se puede hacer de oficio y a petición de algún ciudadano que tenga interés personal o profesional.
- Organismo asesor. La ley regula la creación de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, un órgano que quedará adscrito al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en lugar de al CNI. Asesorará al conjunto del Gobierno para establecer criterios homogéneos de clasificación en los ministerios.
- Sanciones. Habrá multas para quien difunda información clasificada, con sanciones que van desde los 30.000 euros en el caso de infracciones leves; de 30.001 a 800.000 euros en las graves; y de 800.001 a los 2,5 millones en las más graves.
- Entrada en vigor. Será un año después de la publicación de la ley en el BOE. Moncloa calcula que pueda concluir su trámite parlamentario en el último trimestre de este año.
La actual ley de secretos impide acceder a la información del Estado sobre hechos como la muerte de Mikel Zabalza en 1985 tras su detención en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, la muerte de cuatro personas en el bar Aldana de Alonsotegi en 1980, la de Germán Rodríguez en los sanfermines de 1978, la matanza del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz en una asamblea de trabajadores o el 23-F. El PNV tiene además la certeza de que, mientras la ley no se reforme, Moncloa no sacará a la luz esos documentos, salvo que se lo reclame un juez.
