El Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid ha abierto diligencias contra la exmilitante socialista Leire Díez tras una denuncia por presunto tráfico de influencias después de los audios en los que se le escucha ofrecer favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Fiscalía.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han detallado que no descartan que se amplíen las diligencias a otros delitos, ya que los denunciantes, la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), apuntó también a cohecho y obstrucción a la justicia.

La asociación de guardias civiles dirige su denuncia contra Díez, el abogado Jacobo Teijelo –defensor del exdirigente del PSOE Santos Cerdán– y los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, imputados en diferentes causas por fraude en la Audiencia Nacional.

ASESGC sostiene que en los audios se desvela que Díez, quien tuvo cargos de responsabilidad en empresas públicas como Correos, tenía como "objetivo claro" obtener información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas y que lo hacía presuntamente "actuando en nombre de cargos del PSOE".

La asociación recuerda que Díez hizo estas gestiones con la contraprestación de que, a cambio de esa información, los empresarios tuvieran una serie de beneficios en sus procedimientos penales.

Identificar las voces

Así, ASESGC interesa que se tome declaración a los denunciados y que se oficie al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para que se analice el audio de WhatsApp aportado junto a su denuncia, a efectos de "comprobar la integridad del mismo y que no existan cortes o añadidos", así como para identificar las voces de forma fehaciente.

La denuncia pide, además, que se consulten a través del Punto Neutro Judicial los datos personales de Díez y Pérez Dolset para la obtención de los mismos o, en su defecto, se oficie a la Dirección General de la Guardia Civil para tal fin.

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Desde ASESGC sostienen que la denuncia tiene como objeto frenar el "intento de socavar la independencia y credibilidad de la Guardia Civil", así como la profesionalidad de todos sus miembros, en este caso, de la UCO, la unidad que investiga el 'caso Koldo' o a la esposa y el hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Esta denuncia es la primera por la que un juzgado madrileño abre causa contra la exmilitante socialista. Asociaciones como Hazte Oír y Manos Limpias presentaron querellas que están pendientes de resolución judicial.