El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sostiene que Santos Cerdán no solo fue una pieza central en una presunta red de corrupción vinculada a la adjudicación de obras públicas a cambio de mordidas, sino también uno de sus principales beneficiarios económicos. En el auto dictado el pasado 30 de junio, el juez considera que hay “notabilísimos indicios” de que Cerdán habría incurrido en delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, y, ante el riesgo de destrucción de pruebas, lo mandó a prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Según el magistrado, la solidez de los indicios es “verdaderamente extraordinaria” y se apoya, en gran medida, en conversaciones intervenidas por la Guardia Civil entre los propios implicados, especialmente grabaciones realizadas por el exasesor ministerial Koldo García. Estas conversaciones, subraya el juez, no son habituales por su nivel de detalle y contundencia.
Sin embargo, el dinero no ha aparecido. No hay rastro de los importes que Cerdán, García y el exministro José Luis Ábalos mencionan en las grabaciones. El juez recuerda que las obras bajo sospecha fueron adjudicadas principalmente a Acciona, a través de organismos vinculados al Ministerio de Transportes. El volumen total de estos contratos supera los 537 millones de euros, una cifra que lleva al instructor a estimar que la “mordida” global podría alcanzar un 1% del total adjudicado, “porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes”. Es decir, más de cinco millones de euros. De esa cantidad, solo un millón se habría repartido entre Ábalos y García, lo que lleva al juez a una conclusión clave: alguien más tuvo que beneficiarse.
Y ese “alguien más” podría ser, precisamente, Santos Cerdán. Puente descarta que el exdirigente navarro actuara únicamente en interés de terceros: “Parece descartable que actuara exclusivamente en beneficio de los señores García y Ábalos, de forma, por parte del señor Cerdán, completamente desinteresada”.
En consecuencia, el magistrado apunta que Cerdán habría percibido una parte sustancial de ese “botín” que todavía no ha sido localizado y cuyo destino es ahora el gran objetivo de la investigación. Esa es, precisamente, la gran incógnita que permanece abierta: ¿dónde está el dinero de la trama de Cerdán?
Cuentas bancarias y empresas: seguir las pistas
Con la prisión provisional decretada para Cerdán, la investigación se ha volcado ahora en rastrear el dinero. La Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y diversas entidades bancarias han recibido requerimientos del juez para esclarecer el origen y la evolución patrimonial tanto de los implicados como de sus empresas.
Los empresarios señalados por el magistrado son José Ruz (Levantina Ingeniería y Construcción); Daniel y Antonio Fernández (Obras Públicas y Regadíos); Fernando Merino (Acciona) y Antxon Alonso, administrador único de Servinabar. Se investiga especialmente si los bienes declarados coinciden con los ingresos lícitos o si existen bienes ocultos que confirmen el desvío de fondos.
El juez ha ordenado además un análisis de la “vida laboral” de los empresarios implicados, así como del propio Cerdán, Koldo García y su exmujer, Patricia Úriz. También se está recabando información sobre las plantillas de las empresas adjudicatarias, incluidas las que forman uniones temporales de empresas (UTE) con Acciona, entre las que figura Servinabar.
La Guardia Civil tiene entre manos una extensa documentación incautada en registros a empresas y domicilios. Una parte clave de esta investigación es el volcado de correos electrónicos de Cerdán, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, todos ellos vinculados a los procesos de adjudicación bajo sospecha.
El núcleo de la investigación apunta ahora a hallar los millones supuestamente percibidos de forma ilícita. El juez insiste en que el millón de euros atribuido a Ábalos y García solo es una fracción menor del beneficio que pudo generar la red. “Más personas, físicas o jurídicas […] pudieran haberse lucrado”, sostiene el auto. Una afirmación que abre la puerta a más imputaciones, y también a nuevas líneas de investigación, incluida la posibilidad de que parte del dinero haya sido desviado a cuentas o entidades aún no detectadas.
Cerdán, sin embargo, aseguró en una entrevista con El País desde la prisión madrileña de Soto del Real que jamás aparecerá el dinero de la supuesta trama que investiga el Tribunal Supremo. Sencillamente, porque él, al que el juez sitúa en el eje de operaciones delictivo, ni ha participado en mordidas ni llegó a la política para enriquecerse.
Obras, sociedades y mordidas: una extensa red
La supuesta trama que encabezaría la triple entente salpica a empresas como Acciona, Levantina de Ingeniería y Construcción (LIC), Obras Públicas y Regadíos, y Servinabar, esta última supuestamente participada en un 45% por el propio Cerdán. Junto a él, el juez ha imputado a cinco empresarios que habrían colaborado en la mecánica delictiva.
En su auto, Puente detalla que Cerdán, como figura clave en la interlocución con los “pagadores”, sería también quien más capacidad tendría para ocultar o eliminar las pruebas que pudieran revelar el destino real del dinero, incluidos posibles pagos a terceros o a entidades jurídicas —una categoría en la que no se descarta la implicación de partidos políticos, como el propio PSOE, aunque el juez aún no ha formulado imputación por financiación irregular.
En paralelo a la investigación patrimonial de las personas salpicadas por el caso de corrupción, el juez ordenó el pasado jueves al PSOE que entregue información detallada sobre las donaciones realizadas por José Luis Ábalos al partido. Según la Agencia Tributaria, las aportaciones declaradas por el exministro ascienden a 44.729 euros, pero los datos bancarios analizados solo justifican un pago de 8.471 euros, una diferencia que, según subraya el juez, plantea nuevas dudas sobre el posible desvío de fondos.
Por su parte, desde la formación que lidera el presidente Pedro Sánchez alegan que las aportaciones de todos sus diputados y altos cargos están declaradas ante la Hacienda pública y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. En el caso de los diputados explica que cada electo cobra su sueldo del Grupo Parlamentario Socialista, no del Congreso de los Diputados, y que de ese sueldo se detrae la aportación voluntaria. Aparte de eso, cada diputado paga una cuota al partido como todos los militantes del PSOE. El partido también subraya que los altos cargos afiliados pagan igualmente una cuota voluntaria directamente al partido.
